El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, advirtió hoy que está ultimando nuevas órdenes de arresto para criminales de guerra libios más allá de las tres que ya están pendientes de ejecución, entre ellas la del propio Muamar el Gadafi.
En este sentido, Ocampo reiteró su mensaje a los lugartenientes de Gadafi sobre que sus acciones serán juzgadas por la Justicia Internacional sin excepciones.
"Queremos dejar claro que el hecho de que se diga que reciben órdenes no es una excusa", indicó el fiscal en una entrevista con Efe, en la que afirmó que "si un diplomático está participando en encubrir los crímenes, lo vamos a investigar y castigar".
Aunque no quiso adelantar cuándo estará listo para solicitar nuevas órdenes de arresto, sí apuntó que esperará primero a conocer las conclusiones de la comisión de Naciones Unidas sobre la situación en Libia, que se presentarán a principios del próximo mes de junio.
Esas conclusiones ofrecerán a la fiscalía más información sobre delitos que todavía están en estudio, como violaciones sexuales (que se tiene que demostrar que se cometieron de manera sistemática) o crímenes de guerra presuntamente cometidos por parte del régimen, pero también por parte de rebeldes durante las revueltas libias.
Ocampo no descartó que el ex ministro de Exteriores libio, Musa Kusa, pudiera estar entre los posibles nuevos encausados por el tribunal, pero aclaró que el hecho de que haya abandonado a Gadafi indica que "no tenía la intención de cometer los crímenes".
También adelantó que su oficina está investigando si diplomáticos libios en el mundo, están colaborando a encubrir presuntos crímenes cometidos por el régimen y precisó que una de las embajadas que está siendo investigada es la de Addis Abbeba (Etiopía).
El pasado lunes, Ocampo anunció sendas órdenes de arresto contra el propio Gadafi, así como contra su hijo Saif al Islam y el jefe de la inteligencia militar, su cuñado Abdulá el Senusi, a los que acusa de crímenes de lesa humanidad cometidos después del pasado 15 de febrero en Libia, durante las protestas de los insurgentes.
Para el fiscal, es "muy importante" empezar a estudiar las opciones para ejecutar la orden de arresto del general libio Muamar el Gadafi, entre las que estaría que fuese el gobierno transitorio libio, al que Ocampo da legitimidad para ello.
"Me parece muy importante que se empiecen a discutir las opciones para aplicar la orden de arresto de Gadafi si los jueces la deciden", declaró a Efe el fiscal argentino, quien puntualizó que la única forma para que la detención del coronel cuente con el consenso internacional es que ese proceso lo lideren los mismos libios.
Sobre las posibilidades de que Gadafi sea juzgado en Libia, puntualizó que los libios solamente quieren juzgarlo por los crímenes que supuestamente cometió el régimen "durante 40 años", antes de las revueltas insurgentes y sobre los que la CPI no tiene jurisdicción.
Ocampo no quiso entrar en especulaciones de si el caso contra Gadafi podría ser anulado, si Trípoli estuviera dispuesta a juzgar también al dictador por los presuntos crímenes cometidos durante los últimos meses, ya que la CPI sólo puede juzgar crímenes que no hayan sido investigados por las autoridades nacionales.
"Por ahora nuestro caso es admisible", se limitó a afirmar.
El jurista explicó que, aún en el supuesto de que el coronel libio abandonase el poder para dejar paso al proceso democrático en su país, la CPI seguiría adelante con la causa, a menos que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobase una nueva resolución para anularla.
A este respecto, aclaró que la CPI "no tiene ninguna discrecionalidad política" y que la única forma de hacer bien su trabajo es mantenerse al margen de las cuestiones de esa naturaleza.
Maite Rodal
