¡Tremendo cable!
Cada vez que nos es posible nos apersonamos a pagar las cuentas mensuales de los servicios públicos de agua, luz y teléfono. Lastimosamente no lo hacemos con la frecuencia que quisiéramos, pero sí con alguna regularidad. Y la razón de ello es que mediante el contacto con los ciudadanos que frecuentan dichas dependencias podemos apercibir el sentimiento de la ciudadanía sobre muchos de los problemas nacionales. Es una especie de encuesta que nos resulta de gran valía pues nos da una idea del sentir de nuestros conciudadanos.
No sé si la empresa o el Gobierno Nacional que es el accionista mayoritario del Intel, S.A., y que ahora insiste en llamarse Cable & Wireless, cuando la ley reconoce es a Intel, S.A., es o no consciente del grado de malestar que expresan los usuarios de este monopolio.
Como muchos de los requerimientos de los usuarios es preciso hacerlos personalmente en las oficinas de la telefonía, la primera dificultad que confrontan los que cuentan con automóvil es el estacionamiento. Si se remite uno al lugar de aparcamiento del sótano del edificio, donde están las oficinas principales, se cansa uno de buscar un espacio disponible y la mayoría de las veces resulta infructuoso lograrlo. Y ni hablar en los lugares circunvecinos. Las filas y conglomeración de los usuarios en las instalaciones de atención al público es tal, que el usuario normalmente toma más de los treinta minutos que se ofrecen, en forma gratuita, en la zona de aparcar y luego, por consiguiente, tiene que pagar una suma adicional.
La atención al público es deficiente a grado máximo. Las personas que prestan el servicio se distraen mucho en conversaciones ajenas a los problemas planteados por los usuarios. Definitivamente no tienen ninguna consideración con el tiempo del usuario.
¿Y qué decir del servicio de instalación y reparación? Ninguna de las promesas formuladas se han cumplido. Por el contrario, las cosas se han agravado. Parece que existe un clan dentro de la institución que se dedica, en los lugares donde no hay línea, a visitar a los desesperados solicitantes del servicio a ofrecerles instalársela cobrándoles, por adelantado y fuera de los "récords", la cantidad de US$130.00. Hasta donde tenemos entendido esto acontece mucho en el sector de la Villa de las Fuentes y en todos aquellos donde hay nuevas edificaciones.
Fueron muchos los escritos que el suscrito escribió con relación a la semi-privatización del Intel y nos opusimos por muchas razones, entre ellas por el aumento en el costo que el servicio representaría para los usuarios. Como siempre salieron los adulones, que nunca faltan, a expresar que no era así y no sé cuantas hierbas. Pero, a menos de un mes de haberse establecido las nuevas tarifas, se ha formado un maremagno de tal proporciones que, sin duda, algún desenlace tendrá. Y lo peor es que las críticas van todas dirigidas contra el gobierno nacional y no contra Cable & Wireless. Si yo fuese gobierno, definitivamente me preocuparía porque la situación imperante constituye fuente permanente de malestar que genera diariamente toneladas de opiniones adversas al gobierno. Si no hacen nada al respecto, seguramente este resentimiento se verá reflejado en las urnas en las consultas populares que se avecinan. Ese será el momento en que la ciudadanía pasará su factura al gobierno.
Definitivamente que la semi privatización de esta empresa de telefonía ha desmejorado la calidad de vida del panameño. Ha sido una maldad. Ahora, cientos de hogares de panameños carecen de esta vía de comunicación expedita obligándolos a trasladarse físicamente a lugares distantes a fin de hacer personalmente diligencias que antes podían hacerlas, en cuestión de minutos, con tan sólo levantar el auricular.
En el aspecto académico, directas repercusiones también se han producido como es el caso de los estudiantes que se consultan sus quehaceres escolares por teléfono o que en conjunto hacían sus tareas, ya no lo pueden hacer. Los usuarios de Internet han tenido que pagar más por el servicio o simplemente abstenerse de él, pues pagar un centavo por minuto hace prohibitivo su uso.
La libertad de expresión igualmente se ha visto afectada pues los cientos de llamadas telefónicas a los programas radiales de opinión han disminuido, impidiendo a la ciudadanía dar a conocer su queja sobre le acontecer nacional. Y ésto resulta peligroso pues la supresión indirecta de esa válvula de escape de muchos, puede conducir a aumentar la decepción y malestar social.
Y así si nos ponemos a enumerar aquí cómo ha afectado esta semi privatización la calidad de vida del panameño, sería de nunca acabar. Y, por supuesto, todo ésto sin tomar en consideración los perjuicios económicos que ello ha causado directamente al Estado. Colorín, colorado, este cuento no ha acabado.
No sé si la empresa o el Gobierno Nacional que es el accionista mayoritario del Intel, S.A., y que ahora insiste en llamarse Cable & Wireless, cuando la ley reconoce es a Intel, S.A., es o no consciente del grado de malestar que expresan los usuarios de este monopolio.
Como muchos de los requerimientos de los usuarios es preciso hacerlos personalmente en las oficinas de la telefonía, la primera dificultad que confrontan los que cuentan con automóvil es el estacionamiento. Si se remite uno al lugar de aparcamiento del sótano del edificio, donde están las oficinas principales, se cansa uno de buscar un espacio disponible y la mayoría de las veces resulta infructuoso lograrlo. Y ni hablar en los lugares circunvecinos. Las filas y conglomeración de los usuarios en las instalaciones de atención al público es tal, que el usuario normalmente toma más de los treinta minutos que se ofrecen, en forma gratuita, en la zona de aparcar y luego, por consiguiente, tiene que pagar una suma adicional.
La atención al público es deficiente a grado máximo. Las personas que prestan el servicio se distraen mucho en conversaciones ajenas a los problemas planteados por los usuarios. Definitivamente no tienen ninguna consideración con el tiempo del usuario.
¿Y qué decir del servicio de instalación y reparación? Ninguna de las promesas formuladas se han cumplido. Por el contrario, las cosas se han agravado. Parece que existe un clan dentro de la institución que se dedica, en los lugares donde no hay línea, a visitar a los desesperados solicitantes del servicio a ofrecerles instalársela cobrándoles, por adelantado y fuera de los "récords", la cantidad de US$130.00. Hasta donde tenemos entendido esto acontece mucho en el sector de la Villa de las Fuentes y en todos aquellos donde hay nuevas edificaciones.
Fueron muchos los escritos que el suscrito escribió con relación a la semi-privatización del Intel y nos opusimos por muchas razones, entre ellas por el aumento en el costo que el servicio representaría para los usuarios. Como siempre salieron los adulones, que nunca faltan, a expresar que no era así y no sé cuantas hierbas. Pero, a menos de un mes de haberse establecido las nuevas tarifas, se ha formado un maremagno de tal proporciones que, sin duda, algún desenlace tendrá. Y lo peor es que las críticas van todas dirigidas contra el gobierno nacional y no contra Cable & Wireless. Si yo fuese gobierno, definitivamente me preocuparía porque la situación imperante constituye fuente permanente de malestar que genera diariamente toneladas de opiniones adversas al gobierno. Si no hacen nada al respecto, seguramente este resentimiento se verá reflejado en las urnas en las consultas populares que se avecinan. Ese será el momento en que la ciudadanía pasará su factura al gobierno.
Definitivamente que la semi privatización de esta empresa de telefonía ha desmejorado la calidad de vida del panameño. Ha sido una maldad. Ahora, cientos de hogares de panameños carecen de esta vía de comunicación expedita obligándolos a trasladarse físicamente a lugares distantes a fin de hacer personalmente diligencias que antes podían hacerlas, en cuestión de minutos, con tan sólo levantar el auricular.
En el aspecto académico, directas repercusiones también se han producido como es el caso de los estudiantes que se consultan sus quehaceres escolares por teléfono o que en conjunto hacían sus tareas, ya no lo pueden hacer. Los usuarios de Internet han tenido que pagar más por el servicio o simplemente abstenerse de él, pues pagar un centavo por minuto hace prohibitivo su uso.
La libertad de expresión igualmente se ha visto afectada pues los cientos de llamadas telefónicas a los programas radiales de opinión han disminuido, impidiendo a la ciudadanía dar a conocer su queja sobre le acontecer nacional. Y ésto resulta peligroso pues la supresión indirecta de esa válvula de escape de muchos, puede conducir a aumentar la decepción y malestar social.
Y así si nos ponemos a enumerar aquí cómo ha afectado esta semi privatización la calidad de vida del panameño, sería de nunca acabar. Y, por supuesto, todo ésto sin tomar en consideración los perjuicios económicos que ello ha causado directamente al Estado. Colorín, colorado, este cuento no ha acabado.
