¿Es suficiente la gobernabilidad?
Es a través de Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, como las pequeñas economías latinoamericanas se familiarizan con la gobernabilidad. Este término conlleva una gran profundidad en las transformaciones que persigue. Siendo simplistas en su definición, diremos que significa buen gobierno, pero con sólo querer interpretar lo de "buen gobierno", todo empieza a complicarse.
Se trata de un término usado en la ciencia política con incidencia en la economía y con aplicación en patrones sociales y políticos. Decimos que su incidencia es económica ya que implica pautas claras y sorprendentes como: inversión positiva en salud y educación; aplicación de políticas fiscales progresistas; aplicación de justicia real e independiente; protección de la propiedad privada, negocios e inversiones; control y transparencia en la gestión gubernamental del Estado y de los políticos.
El concepto de gobernabilidad se ha estado gestando silenciosa y discretamente desde principios de la presente década entre académicos de varias universidades del mundo y funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) quizá con el objetivo de cambiar la imagen adversa que adquirió este organismo internacional en la década del 80, cuando quiso introducir los necesarios ajustes estructurales en los países y lo cual fue visto como una intromisión en la política interna, pero para ellos el significado era tratar de que los países pobres mejoraran sus situaciones en relación con la deuda externa y su capacidad de pago.
De modo que la gobernabilidad podría considerarse como la nueva política del FMI, aunque su nacimiento se inspira fundamentalmente en la doctrina social de la Iglesia, o sea que el concepto abarca mucho más que objetivos pragmáticos producto de una receta tecnocrática; se apoya en un andamiaje filosófico en el que juega un papel preponderante el pensamiento social de la Iglesia Católica, de allí que no sea extraño que se diga que su punto de partida es el Instituto Jacques Maritain de la Universidad Católica de Siena, Italia.
La nueva política del FMI, que es compartida por otras instituciones internacionales de crédito, especialmente el Banco Mundial, lleva el nombre de "Ajuste y gobernabilidad" tratándose de un experimento de ingeniería social, económica y financiera que en el fondo se piensa introducir a través del condicionamiento de créditos a los países mediante el cumplimiento de una serie de reformas consideradas necesarias para consolidar el proceso de transformación económica, implicando ello cambios en las estructuras económicas y financieras; reformas al sistema judicial para lograr confiabilidad; aplicación de medidas efectivas para la necesaria transparencia de la gestión pública donde se impida o dificulte la presencia de la corrupción.
Lo que experimentaron los países deudores en la década del 80, fue una primera generación de reformas que no alcanzaron a ser suficientes para acelerar el progreso social o para fortalecer a los países de modo que pudieran competir con éxito en los mercados mundiales.
Como era necesario mantener el énfasis en la estabilización macroeconómica, en la liberación del comercio, en la reforma de los precios, en la privatización y algunos otros cambios que son los que estamos observando hoy en día, el núcleo de la segunda generación de reformas, según Michel Camdessus, director gerente del FMI, encierra cuatro aspectos: 1) transformación del papel del Estado en la economía, incrementar la transparencia de las operaciones del gobierno de modo que limiten las oportunidades de corrupción y que haya responsabilidad en el gasto público; 2) Establecer un sistema regulatorio simple y transparente de aplicación equitativa, o sea un sistema que nos asegure igual acceso a los mercados y promueva igualdad de oportunidades económicas, que estimule la competencia, elimine costos operativos innecesarios con el fin de promover la eficiencia y el crecimiento; 3) defender el profesionalismo y la independencia del sistema judicial, o sea que se garantice la aplicación de una justicia rápida y de igualdad, dando confianza a ahorristas e inversionistas de que habrá cumplimiento seguro de acuerdos y contratos, derechos protegidos y propiedad segura y 4) mejorar la calidad del gasto público, o sea eliminar gastos improductivos aumentando con ello las inversiones en capital humano y en infraestructura básica, que el servicio público se preste a un costo razonable e igualitario y que llegue a los beneficiarios a quienes estaba destinado.
Como puede observarse, la terminología de la nueva política del FMI se expresa como una ayuda al proceso de reformas que deben adoptar los Estados, pero como elemento complementario se nota que insiste en las normas de actualización de los partidos políticos y de los propios dirigentes en América Latina.
El papel tradicional del FMI, tal como se estableció desde su creación en Bretton Woods, ha sido el de guardián de la solvencia fiscal y la balanza de pagos de los países, de allí que con la nueva política lo que se pretende conseguir es, con leves diferencias, el mismo objetivo de siempre: el que dentro de los países haya un manejo económico, político y judicial transparente y equilibrado que dé confianza a toda la sociedad, pero que permita el pago de la deuda externa, cuidando que no tenga la apariencia de intromisión en la esencia de la soberanía de las instituciones políticas de los países.
Habiendo expuesto sobre el contenido y significado de la gobernabilidad, volvemos ahora a la pregunta del título. Realmente lo que se trata de descubrir es si con la aplicación de todas esas reformas que representan la gobernabilidad se podrán mejorar las condiciones de pobreza persistente. Si bien se destaca que la gobernabilidad tiene efectos directos en la mitigación de la pobreza, lo que desearíamos es que su impacto tenga alcance más profundo por lo menos para que contenga el avance de la pobreza en un relativo corto tiempo.
La gran incertidumbre descansa en que para la implementación de esa nueva política, tienen que ocurrir muchos cambios en la estructura social de los países y cambios de actitud entre muchas de las personas involucradas con la puesta en práctica de los cuatro aspectos mencionados por Camdessus, que al ser de gran significación y profundidad se producirán lentamente, pero sobre todo se plantea la gran dificultad de saber cómo se van a superar las objeciones políticas que no se adaptan a manifestaciones tecnocráticas.
En consecuencia, suponemos que el escenario real al que nos enfrentaremos en el futuro es prometedor, pero con metas difíciles de alcanzar y en tal sentido pocas esperanzas existirán para la población más necesitada, o sea que no habrá un crecimiento significativo del nivel de vida ni una mayor equidad en la distribución de los ingresos al menos en un corto o mediano plazo.
Se trata de un término usado en la ciencia política con incidencia en la economía y con aplicación en patrones sociales y políticos. Decimos que su incidencia es económica ya que implica pautas claras y sorprendentes como: inversión positiva en salud y educación; aplicación de políticas fiscales progresistas; aplicación de justicia real e independiente; protección de la propiedad privada, negocios e inversiones; control y transparencia en la gestión gubernamental del Estado y de los políticos.
El concepto de gobernabilidad se ha estado gestando silenciosa y discretamente desde principios de la presente década entre académicos de varias universidades del mundo y funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) quizá con el objetivo de cambiar la imagen adversa que adquirió este organismo internacional en la década del 80, cuando quiso introducir los necesarios ajustes estructurales en los países y lo cual fue visto como una intromisión en la política interna, pero para ellos el significado era tratar de que los países pobres mejoraran sus situaciones en relación con la deuda externa y su capacidad de pago.
De modo que la gobernabilidad podría considerarse como la nueva política del FMI, aunque su nacimiento se inspira fundamentalmente en la doctrina social de la Iglesia, o sea que el concepto abarca mucho más que objetivos pragmáticos producto de una receta tecnocrática; se apoya en un andamiaje filosófico en el que juega un papel preponderante el pensamiento social de la Iglesia Católica, de allí que no sea extraño que se diga que su punto de partida es el Instituto Jacques Maritain de la Universidad Católica de Siena, Italia.
La nueva política del FMI, que es compartida por otras instituciones internacionales de crédito, especialmente el Banco Mundial, lleva el nombre de "Ajuste y gobernabilidad" tratándose de un experimento de ingeniería social, económica y financiera que en el fondo se piensa introducir a través del condicionamiento de créditos a los países mediante el cumplimiento de una serie de reformas consideradas necesarias para consolidar el proceso de transformación económica, implicando ello cambios en las estructuras económicas y financieras; reformas al sistema judicial para lograr confiabilidad; aplicación de medidas efectivas para la necesaria transparencia de la gestión pública donde se impida o dificulte la presencia de la corrupción.
Lo que experimentaron los países deudores en la década del 80, fue una primera generación de reformas que no alcanzaron a ser suficientes para acelerar el progreso social o para fortalecer a los países de modo que pudieran competir con éxito en los mercados mundiales.
Como era necesario mantener el énfasis en la estabilización macroeconómica, en la liberación del comercio, en la reforma de los precios, en la privatización y algunos otros cambios que son los que estamos observando hoy en día, el núcleo de la segunda generación de reformas, según Michel Camdessus, director gerente del FMI, encierra cuatro aspectos: 1) transformación del papel del Estado en la economía, incrementar la transparencia de las operaciones del gobierno de modo que limiten las oportunidades de corrupción y que haya responsabilidad en el gasto público; 2) Establecer un sistema regulatorio simple y transparente de aplicación equitativa, o sea un sistema que nos asegure igual acceso a los mercados y promueva igualdad de oportunidades económicas, que estimule la competencia, elimine costos operativos innecesarios con el fin de promover la eficiencia y el crecimiento; 3) defender el profesionalismo y la independencia del sistema judicial, o sea que se garantice la aplicación de una justicia rápida y de igualdad, dando confianza a ahorristas e inversionistas de que habrá cumplimiento seguro de acuerdos y contratos, derechos protegidos y propiedad segura y 4) mejorar la calidad del gasto público, o sea eliminar gastos improductivos aumentando con ello las inversiones en capital humano y en infraestructura básica, que el servicio público se preste a un costo razonable e igualitario y que llegue a los beneficiarios a quienes estaba destinado.
Como puede observarse, la terminología de la nueva política del FMI se expresa como una ayuda al proceso de reformas que deben adoptar los Estados, pero como elemento complementario se nota que insiste en las normas de actualización de los partidos políticos y de los propios dirigentes en América Latina.
El papel tradicional del FMI, tal como se estableció desde su creación en Bretton Woods, ha sido el de guardián de la solvencia fiscal y la balanza de pagos de los países, de allí que con la nueva política lo que se pretende conseguir es, con leves diferencias, el mismo objetivo de siempre: el que dentro de los países haya un manejo económico, político y judicial transparente y equilibrado que dé confianza a toda la sociedad, pero que permita el pago de la deuda externa, cuidando que no tenga la apariencia de intromisión en la esencia de la soberanía de las instituciones políticas de los países.
Habiendo expuesto sobre el contenido y significado de la gobernabilidad, volvemos ahora a la pregunta del título. Realmente lo que se trata de descubrir es si con la aplicación de todas esas reformas que representan la gobernabilidad se podrán mejorar las condiciones de pobreza persistente. Si bien se destaca que la gobernabilidad tiene efectos directos en la mitigación de la pobreza, lo que desearíamos es que su impacto tenga alcance más profundo por lo menos para que contenga el avance de la pobreza en un relativo corto tiempo.
La gran incertidumbre descansa en que para la implementación de esa nueva política, tienen que ocurrir muchos cambios en la estructura social de los países y cambios de actitud entre muchas de las personas involucradas con la puesta en práctica de los cuatro aspectos mencionados por Camdessus, que al ser de gran significación y profundidad se producirán lentamente, pero sobre todo se plantea la gran dificultad de saber cómo se van a superar las objeciones políticas que no se adaptan a manifestaciones tecnocráticas.
En consecuencia, suponemos que el escenario real al que nos enfrentaremos en el futuro es prometedor, pero con metas difíciles de alcanzar y en tal sentido pocas esperanzas existirán para la población más necesitada, o sea que no habrá un crecimiento significativo del nivel de vida ni una mayor equidad en la distribución de los ingresos al menos en un corto o mediano plazo.
