¿Privatización de la salud pública?
Dos polémicos anteproyectos de ley propuestos por el Ejecutivo tienen al borde de una huelga médica tanto al Ministerio de Salud como a la Caja de Seguro Social, con base al argumento de que ambos promueven la privatización de los servicios de salud pública que prestan ambas entidades.
Hasta el momento, tales servicios se caracterizan por la ineficiencia, la duplicidad de funciones y el despilfarro de recursos, lo que va en perjuicio de la comunidad que requiere el servicio y de los fondos públicos con los cuales se financian los mismo.
Quizás nada ilustre mejor la precaria situación de los servicios públicos de salud, que el hecho de que el costo promedio de una cama en un hospital privado, bajo condiciones similares, es mucho menor que el de los del Ministerio de Salud y el Seguro Social. Así lo corroboró en su momento Ricardo Martinelli, mientras fungía como director de la última entidad.
Por eso en su momento propusimos varias veces, en esta misma columna, la posibilidad de que el Seguro Social subcontratara los servicios médicos y hasta vendiera o alquilara sus hospitales, convencidos que era posible que, con la fórmula, se ahorraran costos y se brindara un mejor y más voluminoso servicio.
Pues bien, al último esquema parecen obedecer los proyectos de leyes 008-98 y 009-98 en referencia. El primero crea Finsalud, S.A. una compañía cuyo 90% de sus acciones pertenecerían al Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social y el 10% restante a ONGs, la cual se encargaría de programar, coordinar, supervisar y contratar la prestación de servicios de salud pública en todo el país, con personas naturales o jurídicas, privadas o públicas.
El otro proyecto crea la Corporación Hospital San Miguel Arcángel, entidad privada autónoma, que sería contratada por Finsalud, S.A. para producir servicios de salud en dicho centro, mediante la contratación de bienes y servicios privados bajo los Códigos civil y de comercio. Si la Corporación incumple sus obligaciones, Finsalud puede rescindirle el contrato y asumir directamente la administración del hospital.
Nada impide que el Ministerio de Salud y el Seguro Social vendan, como con el Intel, S.A., parte del 90% de las acciones que le corresponden en Finsalud, aunque ésto no tendría objeto, si como parece, no existe ánimo de lucro inicial en la intermediación que ejercería Finsalud entre el Estado y las empresas privadas contratadas para prestar el servicio de salud al público.
De cualquier modo es un primer paso a la privatización del servicio en el que el Estado no se desvincula de su obligación, cambiando más bien su papel, por el de supervisor, coordinador, programador y controlador del servicio, en vez de prestador del mismo a través de sus hospitales e instituciones. En fin, es una idea interesante que podría mejorarse y ser útil.
Hasta el momento, tales servicios se caracterizan por la ineficiencia, la duplicidad de funciones y el despilfarro de recursos, lo que va en perjuicio de la comunidad que requiere el servicio y de los fondos públicos con los cuales se financian los mismo.
Quizás nada ilustre mejor la precaria situación de los servicios públicos de salud, que el hecho de que el costo promedio de una cama en un hospital privado, bajo condiciones similares, es mucho menor que el de los del Ministerio de Salud y el Seguro Social. Así lo corroboró en su momento Ricardo Martinelli, mientras fungía como director de la última entidad.
Por eso en su momento propusimos varias veces, en esta misma columna, la posibilidad de que el Seguro Social subcontratara los servicios médicos y hasta vendiera o alquilara sus hospitales, convencidos que era posible que, con la fórmula, se ahorraran costos y se brindara un mejor y más voluminoso servicio.
Pues bien, al último esquema parecen obedecer los proyectos de leyes 008-98 y 009-98 en referencia. El primero crea Finsalud, S.A. una compañía cuyo 90% de sus acciones pertenecerían al Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social y el 10% restante a ONGs, la cual se encargaría de programar, coordinar, supervisar y contratar la prestación de servicios de salud pública en todo el país, con personas naturales o jurídicas, privadas o públicas.
El otro proyecto crea la Corporación Hospital San Miguel Arcángel, entidad privada autónoma, que sería contratada por Finsalud, S.A. para producir servicios de salud en dicho centro, mediante la contratación de bienes y servicios privados bajo los Códigos civil y de comercio. Si la Corporación incumple sus obligaciones, Finsalud puede rescindirle el contrato y asumir directamente la administración del hospital.
Nada impide que el Ministerio de Salud y el Seguro Social vendan, como con el Intel, S.A., parte del 90% de las acciones que le corresponden en Finsalud, aunque ésto no tendría objeto, si como parece, no existe ánimo de lucro inicial en la intermediación que ejercería Finsalud entre el Estado y las empresas privadas contratadas para prestar el servicio de salud al público.
De cualquier modo es un primer paso a la privatización del servicio en el que el Estado no se desvincula de su obligación, cambiando más bien su papel, por el de supervisor, coordinador, programador y controlador del servicio, en vez de prestador del mismo a través de sus hospitales e instituciones. En fin, es una idea interesante que podría mejorarse y ser útil.
