¿Qué hacemos con las partidas circuitales?
¿Cree usted que deben existir fondos públicos asignados políticamente a los legisladores y que ellos utilicen a su libre arbitrio?
1-La función de los legisladores es legislar e intervenir en los grandes temas nacionales, y no hacer obras en los corregimientos. Es decir que se desvía el verdadero propósito de la Asamblea Legislativa.
2-Se debilita la gestión municipal y el desarrollo local, como bien lo señala el III Congreso de Autoridades Locales en diciembre de 1998, que exigió que las partidas circuitales pasen a las municipalidades para ser utilizadas en forma correcta al mismo tiempo que contribuye con el fortalecimiento del poder local.
3-Las partidas se reparten entre los(as) legisladores(as) en base a criterios partidistas pues más reciben los FIL del gobierno que los de oposición, lo que le imprimen un sesgo politiquero al uso de esos fondos.
4-Se desvían los recursos y no se asignan en base a un criterio de racionalización y priorización de acuerdo a los problemas sociales y económicos de las comunidades. Por ejemplo cientos de becas son distribuidas con un criterio politiquero en lugar de servir para aliviar las necesidades de sectores que más lo necesitan pero que desgraciadamente para ellos, no representan votos.
5-Las partidas circuitales en su mayoría fomentan el clientelismo. Es decir, el contrato o convenio no escrito en el que intervienen dos elementos principales, con sus respectivos intermediarios según sea el caso. Un elemento es el cacique con influencias políticas basadas generalmente en el dinero, propiedades o conexiones. El otro elemento es el cliente que carece de todo lo anterior. El contrato es recíproco: "Doy para que me des". Y el cliente debe lealtad a su cacique, lo que le impide tener otro patrón.
La red de relaciones se establece así. En el área rural el cacique es el centro de una red única y privada de relaciones con sus clientes. En las ciudades - más extensas y complejas - el cacique muchas veces no puede atender personalmente a toda su clientela, y busca al intermediario (lo que encarece el servicio). En esta red se establece un mercado de favores. El cacique hace prestaciones al cliente y éste a su vez hace contraprestaciones. La oferta de bienes y servicios del cacique es escasa -indispensable para no perder a sus clientes- pero la demanda de votos, firmas y adhesiones es limitada.
El cacique se convierte en canal de distribución de algunos bienes y servicios públicos o privados, acentuado por la debilidad del sistema para distribuir ingresos, bienes y servicios a la mayoría de la población. Muchos partidos políticos arman sus maquinarias electorales dando poder a los caciques para manejar el mercado clientelista. Así, no es difícil en un pueblo o barrio dominar a la gente con muestras repetidas de poder como influir para nombrar al funcionario que el cacique quiere; abrir una carretera; becas; proporcionar influencias para un nombramiento o "generosamente" pagar parte de una fiesta comunal o los toros para la barrera.
¿Es posible eliminar esto? Pues en Costa Rica ya lo hicieron. Desde mayo de 1998 rige la ley 7755 en la cual la Asamblea Legislativa decreta "el control de las partidas específicas con cargo al presupuesto nacional". Estas partidas específicas (circuitales, para nosotros) se canalizan ahora a través de las municipalidades en base a procedimientos como estos:
Constitución de una comisión mixta Gobierno-Municipalidad que define anualmente la distribución de estas partidas por distritos y corregimientos en base a criterios de pobreza, población y extensión geográfica.
Las municipalidades tienen el papel más activo en la priorización y distribución de estos recursos, y deben garantizar la participación de la comunidad.
Las partidas sólo podrán variarse a propuestas de las municipalidade ylos diputados no pueden hacer cambio a su capricho pues en ese caso el Ministerio de Hacienda no giraría la partida respectiva (artículo 6).
Esta ley no fue hecha en Francia, Italia o los Estados Unidos sino en un país vecino, de casi el mismo tamaño y población que Panamá, donde la propia Asamblea aceptó el control sobre sas partidas.
¿Por qué no podemos hacerlo en Panama? Alberto Vallarino, Mireya Moscoso, Martín Torrijos: ¿Estarán dispuestos a eliminar las partidas circuitales transfiriéndolas a los municipios?
1-La función de los legisladores es legislar e intervenir en los grandes temas nacionales, y no hacer obras en los corregimientos. Es decir que se desvía el verdadero propósito de la Asamblea Legislativa.
2-Se debilita la gestión municipal y el desarrollo local, como bien lo señala el III Congreso de Autoridades Locales en diciembre de 1998, que exigió que las partidas circuitales pasen a las municipalidades para ser utilizadas en forma correcta al mismo tiempo que contribuye con el fortalecimiento del poder local.
3-Las partidas se reparten entre los(as) legisladores(as) en base a criterios partidistas pues más reciben los FIL del gobierno que los de oposición, lo que le imprimen un sesgo politiquero al uso de esos fondos.
4-Se desvían los recursos y no se asignan en base a un criterio de racionalización y priorización de acuerdo a los problemas sociales y económicos de las comunidades. Por ejemplo cientos de becas son distribuidas con un criterio politiquero en lugar de servir para aliviar las necesidades de sectores que más lo necesitan pero que desgraciadamente para ellos, no representan votos.
5-Las partidas circuitales en su mayoría fomentan el clientelismo. Es decir, el contrato o convenio no escrito en el que intervienen dos elementos principales, con sus respectivos intermediarios según sea el caso. Un elemento es el cacique con influencias políticas basadas generalmente en el dinero, propiedades o conexiones. El otro elemento es el cliente que carece de todo lo anterior. El contrato es recíproco: "Doy para que me des". Y el cliente debe lealtad a su cacique, lo que le impide tener otro patrón.
La red de relaciones se establece así. En el área rural el cacique es el centro de una red única y privada de relaciones con sus clientes. En las ciudades - más extensas y complejas - el cacique muchas veces no puede atender personalmente a toda su clientela, y busca al intermediario (lo que encarece el servicio). En esta red se establece un mercado de favores. El cacique hace prestaciones al cliente y éste a su vez hace contraprestaciones. La oferta de bienes y servicios del cacique es escasa -indispensable para no perder a sus clientes- pero la demanda de votos, firmas y adhesiones es limitada.
El cacique se convierte en canal de distribución de algunos bienes y servicios públicos o privados, acentuado por la debilidad del sistema para distribuir ingresos, bienes y servicios a la mayoría de la población. Muchos partidos políticos arman sus maquinarias electorales dando poder a los caciques para manejar el mercado clientelista. Así, no es difícil en un pueblo o barrio dominar a la gente con muestras repetidas de poder como influir para nombrar al funcionario que el cacique quiere; abrir una carretera; becas; proporcionar influencias para un nombramiento o "generosamente" pagar parte de una fiesta comunal o los toros para la barrera.
¿Es posible eliminar esto? Pues en Costa Rica ya lo hicieron. Desde mayo de 1998 rige la ley 7755 en la cual la Asamblea Legislativa decreta "el control de las partidas específicas con cargo al presupuesto nacional". Estas partidas específicas (circuitales, para nosotros) se canalizan ahora a través de las municipalidades en base a procedimientos como estos:
Constitución de una comisión mixta Gobierno-Municipalidad que define anualmente la distribución de estas partidas por distritos y corregimientos en base a criterios de pobreza, población y extensión geográfica.
Las municipalidades tienen el papel más activo en la priorización y distribución de estos recursos, y deben garantizar la participación de la comunidad.
Las partidas sólo podrán variarse a propuestas de las municipalidade ylos diputados no pueden hacer cambio a su capricho pues en ese caso el Ministerio de Hacienda no giraría la partida respectiva (artículo 6).
Esta ley no fue hecha en Francia, Italia o los Estados Unidos sino en un país vecino, de casi el mismo tamaño y población que Panamá, donde la propia Asamblea aceptó el control sobre sas partidas.
¿Por qué no podemos hacerlo en Panama? Alberto Vallarino, Mireya Moscoso, Martín Torrijos: ¿Estarán dispuestos a eliminar las partidas circuitales transfiriéndolas a los municipios?
