¿Una arbitrariedad más?
El artículo 90 del Reglamento Orgánico de la Asamblea Legislativa, en concordancia con el artículo 93 de la misma excerta, establece claramente que el tiempo de duración de toda sesión parlamentaria es de cuatro horas, ni más ni menos. Por otro lado, los artículos 92 y 167, regulan la posibilidad de que los legisladores se declaren en sesión permanente, siempre que dicha solicitud sea hecha en la última media hora de duración ordinaria de la sesión y sea aprobada por la mayoría de los legisladores presentes. Ello quiere decir que el Pleno de la Asamblea se mantendrá en sesión, mientras exista el quórum reglamentario, hasta que se agote la discusión de los temas en debate.
Por ejemplo, si una sesión de la Asamblea empieza a las 10:35 de la mañana, debe terminar a las 2:35 de la tarde, a menos que antes de esa hora y después de las 2:05 p.m., algún legislador haya solicitado que el Pleno se declarase en sesión permanente y que dicha proposición sea aceptada por la mayoría de los presentes.
Es una cuestión formal, pero no por ello, se puede tildar de trivial. El respeto a la Ley es siempre importante. Sobre todo, cuando estamos hablando del Organo constitucionalmente facultado para hacer las leyes y que, por ende, debe ser el principal interesado en que las mismas sean respetadas y cumplidas.
Lamentablemente, sobre todo bajo la actual Administración PRD, no es ése el caso. La norma ha sido el irrespeto a las disposiciones del Reglamento Interno con interpretaciones peregrinas y ajustadas más a las conveniencia e intereses del oficialismo, que a lo que dispone la Ley y el sentido común.
A mi juicio, la tarde del 30 de diciembre de 1997 fue una tarde oscura y triste para la historia de nuestro Parlamento y de nuestra Democracia. La bancada gubernamental, en su afán de satisfacer los deseos del Ejecutivo, haciendo gala de un desprecio absoluto por la Ley y la opinión pública, aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley que concede facultades extraordinarias al Ejecutivo para legislar sobre una diversidad de temas en los meses de enero y febrero de 1998. Dicha aprobación fue inconstitucional y me atrevería a decir, que hasta delictiva.
¿Qué fue lo que sucedió? En la mañana del día en cuestión, aproximadamente a las diez y media, se inició la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa con la lectura del Orden del Día. Posteriormente, se procedió a leer la correspondencia y a cumplir con el período de incidencias. También hubo una propuesta para alterar el Orden del Día y colocar, en primer lugar de discusión, el Proyecto de Ley que otorgaba facultades extraordinarias al Presidente. Aprobado lo anterior con los votos en contra de la oposición, se procedió a la lectura del Proyecto en cuestión y del informe de la Comisión, para entonces iniciar formalmente el segundo debate. Quien suscribe, fue el primer orador de la lista, terminando de hablar casi a las doce mediodía. Tomen en cuenta lo relatado con anterioridad y especialmente, las horas señaladas, pues es necesario para entender lo que viene a continuación.
Luego de un receso de casi una hora para almorzar, el Pleno reinició la sesión a las 3:36 de la tarde. Es decir, si la sesión había comenzado a las 10:35 de la mañana, se había sobrepasado en demasía el término ordinario de duración de la misma, por lo que en la jerga legislativa, "se había caído la sesión". Dándose cuenta de lo anterior, el legislador Leopoldo Benedetti solicita que, por Secretaría, se informe la hora de inicio de la sesión. Para nuestra sorpresa y estupor, el subsecretario general de la Asamblea, el licenciado Dídimo Escobar, sin el mayor rubor, afirmó que la sesión se había iniciado a las 11:40 de la mañana, hora en la que quien escribe estas líneas, se encontraba en el uso de la palabra, participando en el Segundo Debate del Proyecto de Ley antes mencionado. Inmediatamente, un legislador suplente del PRD solicita que el Pleno se declare en sesión permanente, petición por completo extemporánea, pero que, sin embargo, en forma desordenada y apresurada, es respaldada por los 36 legisladores del oficialismo presentes en ese momento.
Lo sucedido no debe pasar desapercibido. No se trata de una arbitrariedad más, a la que ya nos han acostumbrado los señores y señoras del PRD. Se trata de que han pasado por encima del Estado de Derecho de nuestro país. Se trata de que ya no hay ley que valga, sino que lo único que importa es satisfacer los deseos y caprichos del Presidente de la República: si para ello, se puede utilizar la Ley y jugar a la Democracia, perfecto; pero si no es posible, entonces se actúa sin apego a la Ley en forma autoritaria.
En septiembre de 1994, fui por primera vez, en calidad de Legislador Suplente, al Pleno de la Asamblea Legislativa. Iba henchido de emoción y con muchas expectativas. Para un joven político y abogado como yo, se trataba de una gran oportunidad para aprender en una escuela de gran calibre. Hoy, me siento frustrado, puesto que si bien no creía en la conversión democrática de los perredistas, no estaba tampoco preparado para presenciar tanto desprecio por los valores democráticos y el principio de legalidad. Sin embargo, ello no puede ser motivo para el desánimo, sino más bien aliento para continuar en la lucha. Este país se merece mucho más de la Asamblea, de lo que los legisladores del oficialismo están dispuestos a ofrecerle...
Por ejemplo, si una sesión de la Asamblea empieza a las 10:35 de la mañana, debe terminar a las 2:35 de la tarde, a menos que antes de esa hora y después de las 2:05 p.m., algún legislador haya solicitado que el Pleno se declarase en sesión permanente y que dicha proposición sea aceptada por la mayoría de los presentes.
Es una cuestión formal, pero no por ello, se puede tildar de trivial. El respeto a la Ley es siempre importante. Sobre todo, cuando estamos hablando del Organo constitucionalmente facultado para hacer las leyes y que, por ende, debe ser el principal interesado en que las mismas sean respetadas y cumplidas.
Lamentablemente, sobre todo bajo la actual Administración PRD, no es ése el caso. La norma ha sido el irrespeto a las disposiciones del Reglamento Interno con interpretaciones peregrinas y ajustadas más a las conveniencia e intereses del oficialismo, que a lo que dispone la Ley y el sentido común.
A mi juicio, la tarde del 30 de diciembre de 1997 fue una tarde oscura y triste para la historia de nuestro Parlamento y de nuestra Democracia. La bancada gubernamental, en su afán de satisfacer los deseos del Ejecutivo, haciendo gala de un desprecio absoluto por la Ley y la opinión pública, aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley que concede facultades extraordinarias al Ejecutivo para legislar sobre una diversidad de temas en los meses de enero y febrero de 1998. Dicha aprobación fue inconstitucional y me atrevería a decir, que hasta delictiva.
¿Qué fue lo que sucedió? En la mañana del día en cuestión, aproximadamente a las diez y media, se inició la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa con la lectura del Orden del Día. Posteriormente, se procedió a leer la correspondencia y a cumplir con el período de incidencias. También hubo una propuesta para alterar el Orden del Día y colocar, en primer lugar de discusión, el Proyecto de Ley que otorgaba facultades extraordinarias al Presidente. Aprobado lo anterior con los votos en contra de la oposición, se procedió a la lectura del Proyecto en cuestión y del informe de la Comisión, para entonces iniciar formalmente el segundo debate. Quien suscribe, fue el primer orador de la lista, terminando de hablar casi a las doce mediodía. Tomen en cuenta lo relatado con anterioridad y especialmente, las horas señaladas, pues es necesario para entender lo que viene a continuación.
Luego de un receso de casi una hora para almorzar, el Pleno reinició la sesión a las 3:36 de la tarde. Es decir, si la sesión había comenzado a las 10:35 de la mañana, se había sobrepasado en demasía el término ordinario de duración de la misma, por lo que en la jerga legislativa, "se había caído la sesión". Dándose cuenta de lo anterior, el legislador Leopoldo Benedetti solicita que, por Secretaría, se informe la hora de inicio de la sesión. Para nuestra sorpresa y estupor, el subsecretario general de la Asamblea, el licenciado Dídimo Escobar, sin el mayor rubor, afirmó que la sesión se había iniciado a las 11:40 de la mañana, hora en la que quien escribe estas líneas, se encontraba en el uso de la palabra, participando en el Segundo Debate del Proyecto de Ley antes mencionado. Inmediatamente, un legislador suplente del PRD solicita que el Pleno se declare en sesión permanente, petición por completo extemporánea, pero que, sin embargo, en forma desordenada y apresurada, es respaldada por los 36 legisladores del oficialismo presentes en ese momento.
Lo sucedido no debe pasar desapercibido. No se trata de una arbitrariedad más, a la que ya nos han acostumbrado los señores y señoras del PRD. Se trata de que han pasado por encima del Estado de Derecho de nuestro país. Se trata de que ya no hay ley que valga, sino que lo único que importa es satisfacer los deseos y caprichos del Presidente de la República: si para ello, se puede utilizar la Ley y jugar a la Democracia, perfecto; pero si no es posible, entonces se actúa sin apego a la Ley en forma autoritaria.
En septiembre de 1994, fui por primera vez, en calidad de Legislador Suplente, al Pleno de la Asamblea Legislativa. Iba henchido de emoción y con muchas expectativas. Para un joven político y abogado como yo, se trataba de una gran oportunidad para aprender en una escuela de gran calibre. Hoy, me siento frustrado, puesto que si bien no creía en la conversión democrática de los perredistas, no estaba tampoco preparado para presenciar tanto desprecio por los valores democráticos y el principio de legalidad. Sin embargo, ello no puede ser motivo para el desánimo, sino más bien aliento para continuar en la lucha. Este país se merece mucho más de la Asamblea, de lo que los legisladores del oficialismo están dispuestos a ofrecerle...
