'a1Responsabilidades a quienes correspondan!
ANTES HE señalado que una de las notas distintivas del gobierno de turno es su contumacia escapista y "culpera"; de todo cuanto ocurre en el país, o echan las culpas a otros, especialmente al gobierno anterior, a pesar de que ya llevan tres años gobernando, o, como los gatos, tratan de tapar sus posturas. En esos empeños, invierten millones de balboas de dineros públicos en masivas campañas de propaganda o montando, cada vez con más regularidad y con descarados propósitos electorales, los espectáculos demagógicos en los que se reparten dádivas, se promueven cultos personales o se prometen soluciones que debieron haber comenzado a implementar, como aseguraron que lo harían, aún antes de asumir el poder.
Por años, pero especialmente durante los tres últimos, en los que ha proliferado la construcción de edificios, el Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción (SUNCTRACS) ha venido clamando para que se apliquen las normas de seguridad previstas en el Código de Trabajo y en convenios internacionales, suscritos y ratificados por Panamá y que, por tanto, también son de obligatorio cumplimiento.
La responsabilidad ineludible de las autoridades es obligar a las empresas constructoras a cumplir con las normas de seguridad. Para eso existe el Ministerio de Trabajo y para eso existe la Oficina de Seguridad. ¿Han cumplido las autoridades con su deber? Después de que en un plazo tan breve, precisamente por falta de medidas de seguridad, se han registrado 17 muertos, es evidente que no. Luego entonces, las protestas de los dirigentes y trabajadores de la construcción para que las cumplan, son justificadas. Sin embargo, mediante una bien financiada campaña, el gobierno de turno y sus "compañeros de intereses", los dueños y promotores de los proyectos, sistemáticamente, los han "satanizado", presentándoles como "buscapleitos", fanáticos izquierdistas o instrumentos de proyectos políticos subversivos.
Después de las trágicas muertes de dos miembros de SUNCTRACS, de las que se ha identificado como autores a un empleado de la empresa Oderbrecht y a un miembro de la Policía, lo menos que podía suceder era que se diera una manifestación de protesta, como en efecto la hubo. Pero el gobierno de turno, como es su costumbre, en lugar de reconocer su responsabilidad en la escalada de acontecimientos que, sobradamente, justificaban la protesta, y sin haber intentado, como hubiera sido lo sensato, tratar de desactivarla convocando al diálogo, estúpidamente escogió aprovechar la ocasión para nuevamente emprenderla contra el SUNCTRACS y acusarles de promover la marcha como una pantalla para asaltar comercios; destruir la propiedad privada; y desatar la violencia y el caos.
La táctica utilizada, comenzando por cerrar los colegios, que, además, incluyó la propagación irresponsable de rumores alarmantes para asustar a la población (muchas empresas adelantaron la hora de salida) y despliegues militaroides, al mejor estilo del terrorismo psicológico en que era ducho la dictadura. Y toda esa maquinación estuvo alimentada con una campaña, en la que participaron sectores empresariales, para seguir pintado al SUNCTRACS y a los otros grupos que los respaldan como los enemigos públicos número unos.
No comparto que se utilice la violencia como forma de protesta, y soy firme partidario de que a quien se le compruebe culpabilidad por practicarla o fomentarla se le sancione como corresponde. Pero, también, firmemente rechazo la práctica, fomentada desde el gobierno, como en los peores tiempos de la dictadura, de "tirar la piedra y esconder la mano"; propagar rumores para justificar acciones represivas; y de echarle a otros las culpas de sus errores, de sus malas prácticas y de su manifiesta incompetencia. ¡Basta ya de manipulaciones irresponsables! ¡Que cada quien asuma, sin subterfugios, la responsabilidad que le corresponde! El gobierno de turno, el primero.
Al ritmo que vamos, quienes mal nos gobiernan, terminarán siendo declarados víctimas de los envenenados por los medicamentos distribuidos por la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud; los usuarios de servicios públicos como la electricidad y el teléfono seremos merecedores de que nos exploten, a ciencia y paciencia de todas las flamantes e incompetentes autoridades supuestamente creadas para protegernos; los usuarios del transporte, seremos responsables de que el gobierno haya reculado, una y otra vez, ante las amenazas de sus "hijos predilectos", los transportistas; y también seremos responsables, nosotros y no el gobierno, de que se aumente la deuda pública; de que nos exploten las gasolineras; de que aumente la canasta básica; de que los salarios alcancen menos; que se repartan concesiones ilegales; que la Asamblea negocie con tierras del Estado; o de que, como se atrevió a decir el director del IDAAN, hayan colapsado los desagües en Bella Vista, El Cangrejo, Obarrio o San Francisco, porque los residentes los llenan de desperdicios, en lugar de aceptar que, como era elemental, ellos debían haber puesto en práctica, con tiempo y no a posteriori, un programa preventivo de limpieza de las tuberías de desagüe para ayudarlas a sobrellevar el aumento de aguas servidas que han generado los nuevos edificios que en ellos se construyen.
Este gobierno de "la patria nueva" ha tenido y tiene a su disposición recursos que ni siquiera soñaron varios de sus predecesores, juntos, y los ha gastado y despilfarrado como le ha venido en ganas; no ha cumplido ninguna de sus promesas electorales; pero a la hora de rendir cuentas, nosotros, los que no gobernamos, somos los culpables de su incompetencia y de su incapacidad; y, encima, aspiran a perpetuarse en el poder. ¡Estamos avisados!
Las órdenes de proceder para la construcción de las distintas colectoras fueron emitidas a partir del 18 de junio de 2007, fecha en que las empresas, Construtora Urbana S.A., FCC Construcción y Consultores Profesionales de Ingeniería S.A., iniciaron su movilización a las áreas de trabajo.
Por años, pero especialmente durante los tres últimos, en los que ha proliferado la construcción de edificios, el Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción (SUNCTRACS) ha venido clamando para que se apliquen las normas de seguridad previstas en el Código de Trabajo y en convenios internacionales, suscritos y ratificados por Panamá y que, por tanto, también son de obligatorio cumplimiento.
La responsabilidad ineludible de las autoridades es obligar a las empresas constructoras a cumplir con las normas de seguridad. Para eso existe el Ministerio de Trabajo y para eso existe la Oficina de Seguridad. ¿Han cumplido las autoridades con su deber? Después de que en un plazo tan breve, precisamente por falta de medidas de seguridad, se han registrado 17 muertos, es evidente que no. Luego entonces, las protestas de los dirigentes y trabajadores de la construcción para que las cumplan, son justificadas. Sin embargo, mediante una bien financiada campaña, el gobierno de turno y sus "compañeros de intereses", los dueños y promotores de los proyectos, sistemáticamente, los han "satanizado", presentándoles como "buscapleitos", fanáticos izquierdistas o instrumentos de proyectos políticos subversivos.
Después de las trágicas muertes de dos miembros de SUNCTRACS, de las que se ha identificado como autores a un empleado de la empresa Oderbrecht y a un miembro de la Policía, lo menos que podía suceder era que se diera una manifestación de protesta, como en efecto la hubo. Pero el gobierno de turno, como es su costumbre, en lugar de reconocer su responsabilidad en la escalada de acontecimientos que, sobradamente, justificaban la protesta, y sin haber intentado, como hubiera sido lo sensato, tratar de desactivarla convocando al diálogo, estúpidamente escogió aprovechar la ocasión para nuevamente emprenderla contra el SUNCTRACS y acusarles de promover la marcha como una pantalla para asaltar comercios; destruir la propiedad privada; y desatar la violencia y el caos.
La táctica utilizada, comenzando por cerrar los colegios, que, además, incluyó la propagación irresponsable de rumores alarmantes para asustar a la población (muchas empresas adelantaron la hora de salida) y despliegues militaroides, al mejor estilo del terrorismo psicológico en que era ducho la dictadura. Y toda esa maquinación estuvo alimentada con una campaña, en la que participaron sectores empresariales, para seguir pintado al SUNCTRACS y a los otros grupos que los respaldan como los enemigos públicos número unos.
No comparto que se utilice la violencia como forma de protesta, y soy firme partidario de que a quien se le compruebe culpabilidad por practicarla o fomentarla se le sancione como corresponde. Pero, también, firmemente rechazo la práctica, fomentada desde el gobierno, como en los peores tiempos de la dictadura, de "tirar la piedra y esconder la mano"; propagar rumores para justificar acciones represivas; y de echarle a otros las culpas de sus errores, de sus malas prácticas y de su manifiesta incompetencia. ¡Basta ya de manipulaciones irresponsables! ¡Que cada quien asuma, sin subterfugios, la responsabilidad que le corresponde! El gobierno de turno, el primero.
Al ritmo que vamos, quienes mal nos gobiernan, terminarán siendo declarados víctimas de los envenenados por los medicamentos distribuidos por la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud; los usuarios de servicios públicos como la electricidad y el teléfono seremos merecedores de que nos exploten, a ciencia y paciencia de todas las flamantes e incompetentes autoridades supuestamente creadas para protegernos; los usuarios del transporte, seremos responsables de que el gobierno haya reculado, una y otra vez, ante las amenazas de sus "hijos predilectos", los transportistas; y también seremos responsables, nosotros y no el gobierno, de que se aumente la deuda pública; de que nos exploten las gasolineras; de que aumente la canasta básica; de que los salarios alcancen menos; que se repartan concesiones ilegales; que la Asamblea negocie con tierras del Estado; o de que, como se atrevió a decir el director del IDAAN, hayan colapsado los desagües en Bella Vista, El Cangrejo, Obarrio o San Francisco, porque los residentes los llenan de desperdicios, en lugar de aceptar que, como era elemental, ellos debían haber puesto en práctica, con tiempo y no a posteriori, un programa preventivo de limpieza de las tuberías de desagüe para ayudarlas a sobrellevar el aumento de aguas servidas que han generado los nuevos edificios que en ellos se construyen.
Este gobierno de "la patria nueva" ha tenido y tiene a su disposición recursos que ni siquiera soñaron varios de sus predecesores, juntos, y los ha gastado y despilfarrado como le ha venido en ganas; no ha cumplido ninguna de sus promesas electorales; pero a la hora de rendir cuentas, nosotros, los que no gobernamos, somos los culpables de su incompetencia y de su incapacidad; y, encima, aspiran a perpetuarse en el poder. ¡Estamos avisados!
La primera fase del proyecto es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que otorgó 45 millones de dólares para estos trabajos.
Para la segunda fase se llegó a un acuerdo de préstamo con el Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC), por un monto de B/. 160 millones, que incluye la construcción de la Planta de Tratamiento en Juan Díaz.
Las órdenes de proceder para la construcción de las distintas colectoras fueron emitidas a partir del 18 de junio de 2007, fecha en que las empresas, Construtora Urbana S.A., FCC Construcción y Consultores Profesionales de Ingeniería S.A., iniciaron su movilización a las áreas de trabajo.
Juan Antonio Ducruet, director de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Saneamiento, explicó que la colectora de Avenida Balboa trabajará en coordinación con el proyecto de Cinta Costera para no obstruir el paso vehicular, evitando abrir esta transitada vía.
Señaló que el efecto productivo sobre los ríos es casi inmediato, y que dos años después de terminado el trabajo, se tendrá una bahía limpia. Con relación al proceso de construcción tanto de la planta como del sistema interceptor, Ducruet afirmó que está por iniciar la fase de precalificación de las empresas que se encargarán de las obras. Una vez definidas las empresas, comenzará la construcción, que se prevé para los primeros meses del 2008, reafirmó.
El recurso humano que pondrá a funcionar la planta será superior a 100 personas, las que tendrán trabajos en diferentes grados de ocupaciones técnicas, desde electricistas, plomeros hasta químicos, ingenieros y administrativos, lo que representaría un 90% de mano de obra panameña.
Se pondrá fin a los tanques sépticos.
