Absurda política de inmigración en EU
Por muchos años Estados Unidos ha mantenido una política ilógica e inefectiva respecto a la inmigración mexicana. Mientras Washington promueve un acercamiento comercial y político con México, insiste en un fracasado intento de frenar al flujo de mano de obra que diariamente cruza la frontera. En mi recién publicado estudio "Trabajadores dispuestos: arreglando el problema de la migración ilegal de Mexicanos a los Estados Unidos", sostengo que las leyes de inmigración han sido aplastadas por la realidad económica. La demanda por mano de obra poco calificada continúa creciendo en Estados Unidos, mientras que la oferta interna de esos trabajadores disminuye día a día. La administración Bush y el Congreso deberían colaborar en forjar una política limítrofe que se ajuste a las necesidades y aspiraciones de la gente en ambos lados de la frontera.
A pesar de las sanciones a los patronos e incrementos dramáticos en el gasto y vigilancia fronteriza desde 1986, el número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos hoy alcanza unos ocho millones, el doble de la cifra de 1986. La longitud de la frontera entre Estados Unidos y México y el gran volumen de viajeros legales prácticamente aseguran el fracaso de la actual política migratoria. Además, estos costosos y duros esfuerzos del gobierno estadounidense en frenar la migración mexicana causan gran número de consecuencias perversas, que no fueron previstas: ha fomentado el contrabando, la falsificación de documentos y otras actividades delictivas. También ha provocado la muerte de cientos de inmigrantes indocumentados que se arriesgan por lugares peligrosos de la frontera, ha afectado negativamente los salarios y es una amenaza a las libertades civiles.
Un sistema práctico que permita a trabajadores mexicanos venir a Estados Unidos legalmente ahorraría millones de dólares en sueldos de funcionarios, permitiendo que unos 3.000 millones de dólares que ahora se malgastan sean mejor utilizados en combatir el terrorismo. La experiencia indica que la legalización de inmigrantes mexicanos no representará una carga para los contribuyentes, no perjudicará a los trabajadores estadounidenses de bajos ingresos, ni en realidad aumentaría el flujo de nuevos inmigrantes, sino que los convertirá en extranjeros documentados que se ganan la vida legal y honestamente en nuestro país. Así, por medio de visas temporales de trabajo, Estados Unidos recibirá la mano de obra que requiere y se eliminan todas las perversas consecuencias de la actual inmigración ilegal.
El presidente Bush y los líderes de ambos partidos en el Congreso deberían transformar la actual política migratoria -ineficiente, retardataria, absurda y contradictoria- por otra moderna, más humana, económicamente eficiente, adaptada a las necesidades tanto de los mexicanos como de los norteamericanos y, además, compatible con las tradiciones de libertad de nuestro país.
*Director Asociado del Centro de Estudios de Política Comercial del Cato Institute.
(c)www.aipenet.com
"La actual administración de la comuna capitalina ha dispuesto un perfil para que el cargo sea ocupado por personas idóneas, como que residan en el lugar donde serán designados, así como ser abogados o cursar los últimos años en la carrera de Derecho", indicó.
De hecho, agregó García, 17 de los 19 corregidores son abogados, mientras que los dos restantes estudian Leyes, acción que procura que estos funcionarios conozcan las disposiciones establecidas en el Código Administrativo.
El funcionario municipal reconoció que la designación y remoción de los corregidores es facultad del alcalde, pues no hay término establecido en la ley para ejercer el cargo. No obstante, aclaró que es competencia de cada municipio procurar la capacitación de sus funcionarios.
Añadió que para evitar las arbitrariedades, se ha creado la figura del coordinador de corregidores, quien se encarga de realizar visitas carcelarias y examinar los casos que han llegado a los penales producto de decisiones adoptadas por los corregidores del distrito.
El coordinador también evalúa porqué razón se aplicó la sanción y de cuánto es.
"Estamos constantemente presentado instrucciones y charlas para que se pueda brindar una adecuada justicia, claro está que siempre hay una parte que gana y otra que pierde y en los últimos casos, quienes lo hacen presentan sus descargos, aún cuando no tengan la razón", argumentó García queriendo eximir de toda culpa a los corregidores capitalinos, que tampoco escapan de las denuncias.
Aún cuando el Municipio de Panamá cuenta con normas claras para que sus corregidores tengan una buena ejecutoria, Juan García reconoce que el actual Código Administrativo, creado hace más de 85 años, precisa reformar muchos de sus enunciados que ya son obsoletos.
Esta opinión es ampliamente compartida por Castillo y Bolaños. Para la primera, no es posible que mientras en la esfera penal el juez está facultado para suspenderle la pena al presunto responsable de cometer un delito, en el ámbito administrativo, y pese a ser una falta y no delito, no es posible suspender la pena.
"En Panamá tampoco aparece la figura del trabajo comunitario que compense las faltas cuyas penas conllevan a privación de la libertad", acotó Magali Castillo.
No obstante todo lo anterior, hay diversas razones ajenas a las normas e incluso a la formación del corregidor que inciden en la mala ejecutoria que pudiera darse dentro de una corregiduría. Según la directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia es notable la falta de colaboración que brinda la Policía Nacional.
También aparece como un inconveniente el problema de los recursos económicos con que cuentan los municipios del país y que impiden su organización. Los diferentes corregimientos de San Miguelito son prueba de ello, debido a la gran cantidad de casos que deben atender por la alta densidad poblacional. La activista dice haber notado, además, que el ciudadano que acude a una corregiduría desconoce sus derechos, lo que incide en la forma como se administra la justicia.
"Es importante ilustrar al ciudadano sobre sus derechos, porque muchas veces acude a las instancias en busca de justicia y lo que encuentra es un funcionario drástico, que por desconocimiento de las funciones que realiza, ultraja los derechos de ese ciudadano", apuntó.
Los casos que aborda un corregidor del campo son muy distintos a las que atiende uno de la ciudad. El primero, por ejemplo, resuelve litigios relacionados con problemas de tierra, violencia intrafamiliar y los comunes conflictos vecinales.
Pero, pese a las críticas y deficiencias que se le endilgan a este funcionario, ejerce un papel como mediador con mayor fuerza que el funcionario de la capital. "Se diferencia del citadino por ser más mediador, busca la solución pacífica de los conflictos", refirió Magali Castillo.
El corregidor que actúa con injusticia no es impune, aunque así lo pareciera. De acuerdo con Jorge Fabián Gutiérrez, director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, la justicia prevé sanciones contra este funcionario público cuando cometa alguna falta.
Gutiérrez convidó a los ciudadanos para que acudan a esa instancia para recibir orientación de dónde deben presentar la denuncia, si han sido ultrajados en sus derechos por algún corregidor.
Aclaró que la Defensoría no puede aplicar sanciones, porque la ley no la faculta para ello, pero sí puede emitir una condena moral por su mala conducta. Ilustró que desde su despacho las denuncias que más se reciben son por desalojo, "aunque también se reciben muchas denuncias por abuso contra la libertad".
"Vemos que cuando se da la falta es porque el funcionario atendió un caso que no era de su competencia y ejecuta acciones que exceden las faltas. Por eso se requiere urgentemente una capacitación de estos funcionarios en igualdad de términos", recomendó.
A pesar de las sanciones a los patronos e incrementos dramáticos en el gasto y vigilancia fronteriza desde 1986, el número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos hoy alcanza unos ocho millones, el doble de la cifra de 1986. La longitud de la frontera entre Estados Unidos y México y el gran volumen de viajeros legales prácticamente aseguran el fracaso de la actual política migratoria. Además, estos costosos y duros esfuerzos del gobierno estadounidense en frenar la migración mexicana causan gran número de consecuencias perversas, que no fueron previstas: ha fomentado el contrabando, la falsificación de documentos y otras actividades delictivas. También ha provocado la muerte de cientos de inmigrantes indocumentados que se arriesgan por lugares peligrosos de la frontera, ha afectado negativamente los salarios y es una amenaza a las libertades civiles.
Un sistema práctico que permita a trabajadores mexicanos venir a Estados Unidos legalmente ahorraría millones de dólares en sueldos de funcionarios, permitiendo que unos 3.000 millones de dólares que ahora se malgastan sean mejor utilizados en combatir el terrorismo. La experiencia indica que la legalización de inmigrantes mexicanos no representará una carga para los contribuyentes, no perjudicará a los trabajadores estadounidenses de bajos ingresos, ni en realidad aumentaría el flujo de nuevos inmigrantes, sino que los convertirá en extranjeros documentados que se ganan la vida legal y honestamente en nuestro país. Así, por medio de visas temporales de trabajo, Estados Unidos recibirá la mano de obra que requiere y se eliminan todas las perversas consecuencias de la actual inmigración ilegal.
El presidente Bush y los líderes de ambos partidos en el Congreso deberían transformar la actual política migratoria -ineficiente, retardataria, absurda y contradictoria- por otra moderna, más humana, económicamente eficiente, adaptada a las necesidades tanto de los mexicanos como de los norteamericanos y, además, compatible con las tradiciones de libertad de nuestro país.
*Director Asociado del Centro de Estudios de Política Comercial del Cato Institute.
(c)www.aipenet.com
"La actual administración de la comuna capitalina ha dispuesto un perfil para que el cargo sea ocupado por personas idóneas, como que residan en el lugar donde serán designados, así como ser abogados o cursar los últimos años en la carrera de Derecho", indicó.
De hecho, agregó García, 17 de los 19 corregidores son abogados, mientras que los dos restantes estudian Leyes, acción que procura que estos funcionarios conozcan las disposiciones establecidas en el Código Administrativo.
El funcionario municipal reconoció que la designación y remoción de los corregidores es facultad del alcalde, pues no hay término establecido en la ley para ejercer el cargo. No obstante, aclaró que es competencia de cada municipio procurar la capacitación de sus funcionarios.
Añadió que para evitar las arbitrariedades, se ha creado la figura del coordinador de corregidores, quien se encarga de realizar visitas carcelarias y examinar los casos que han llegado a los penales producto de decisiones adoptadas por los corregidores del distrito.
El coordinador también evalúa porqué razón se aplicó la sanción y de cuánto es.
"Estamos constantemente presentado instrucciones y charlas para que se pueda brindar una adecuada justicia, claro está que siempre hay una parte que gana y otra que pierde y en los últimos casos, quienes lo hacen presentan sus descargos, aún cuando no tengan la razón", argumentó García queriendo eximir de toda culpa a los corregidores capitalinos, que tampoco escapan de las denuncias.
Aún cuando el Municipio de Panamá cuenta con normas claras para que sus corregidores tengan una buena ejecutoria, Juan García reconoce que el actual Código Administrativo, creado hace más de 85 años, precisa reformar muchos de sus enunciados que ya son obsoletos.
Esta opinión es ampliamente compartida por Castillo y Bolaños. Para la primera, no es posible que mientras en la esfera penal el juez está facultado para suspenderle la pena al presunto responsable de cometer un delito, en el ámbito administrativo, y pese a ser una falta y no delito, no es posible suspender la pena.
"En Panamá tampoco aparece la figura del trabajo comunitario que compense las faltas cuyas penas conllevan a privación de la libertad", acotó Magali Castillo.
No obstante todo lo anterior, hay diversas razones ajenas a las normas e incluso a la formación del corregidor que inciden en la mala ejecutoria que pudiera darse dentro de una corregiduría. Según la directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia es notable la falta de colaboración que brinda la Policía Nacional.
También aparece como un inconveniente el problema de los recursos económicos con que cuentan los municipios del país y que impiden su organización. Los diferentes corregimientos de San Miguelito son prueba de ello, debido a la gran cantidad de casos que deben atender por la alta densidad poblacional. La activista dice haber notado, además, que el ciudadano que acude a una corregiduría desconoce sus derechos, lo que incide en la forma como se administra la justicia.
"Es importante ilustrar al ciudadano sobre sus derechos, porque muchas veces acude a las instancias en busca de justicia y lo que encuentra es un funcionario drástico, que por desconocimiento de las funciones que realiza, ultraja los derechos de ese ciudadano", apuntó.
Los casos que aborda un corregidor del campo son muy distintos a las que atiende uno de la ciudad. El primero, por ejemplo, resuelve litigios relacionados con problemas de tierra, violencia intrafamiliar y los comunes conflictos vecinales.
Pero, pese a las críticas y deficiencias que se le endilgan a este funcionario, ejerce un papel como mediador con mayor fuerza que el funcionario de la capital. "Se diferencia del citadino por ser más mediador, busca la solución pacífica de los conflictos", refirió Magali Castillo.
El corregidor que actúa con injusticia no es impune, aunque así lo pareciera. De acuerdo con Jorge Fabián Gutiérrez, director de Orientación y Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, la justicia prevé sanciones contra este funcionario público cuando cometa alguna falta.
Gutiérrez convidó a los ciudadanos para que acudan a esa instancia para recibir orientación de dónde deben presentar la denuncia, si han sido ultrajados en sus derechos por algún corregidor.
Aclaró que la Defensoría no puede aplicar sanciones, porque la ley no la faculta para ello, pero sí puede emitir una condena moral por su mala conducta. Ilustró que desde su despacho las denuncias que más se reciben son por desalojo, "aunque también se reciben muchas denuncias por abuso contra la libertad".
"Vemos que cuando se da la falta es porque el funcionario atendió un caso que no era de su competencia y ejecuta acciones que exceden las faltas. Por eso se requiere urgentemente una capacitación de estos funcionarios en igualdad de términos", recomendó.
