Abuso a los Derechos Humanos y Libertad de Expresión

En pleno siglo XXI, impresiona que les han colocado una mordaza judicial a los periódicos panameños en franca relación directa con la ocultación de información de los beneficiarios de auxilios económicos sugiriendo al pueblo un posible renacimiento de alguna dictadura blanda panameña.

Estas acciones van en contra de los Derechos Humanos, que exigen a las naciones adopten medidas para prohibir restricciones directas o indirectas en la libertad de expresión. La actual discriminación del Estado panameño en la asignación de los recursos públicos destinados a la publicidad y/o difusión de su propaganda; y los procesos judiciales que le lleva a varios medios de comunicación está formando un monopolio de la información, limitando el pluralismo y la diversidad como factores esenciales de la libertad de expresión.

El artículo 6 de la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural, según la cual los Estados deben velar porque todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer. La libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, la igualdad de acceso a las expresiones artísticas, el saber científico y tecnológico y la posibilidad, para todas las culturas, de estar presentes en los medios de expresión y difusión, son garantes de la diversidad cultural.

Una sociedad democrática sin acceso a diversas fuentes de información no es una sociedad libre, ni permite que los panameños dispongan de herramientas para consolidar sus derechos. Los medios de comunicación deben desarrollarse libremente, sin presiones ilegítimas desde ningún sector y sin la posibilidad de establecer mecanismos directos o indirectos, tales como secuestros de cuenta o eternos juicios con el poder judicial del Estado.

Una dictadura blanda en el 2024, no necesita la violencia sanguinaria de los CODEPADI de los años ochenta, ni batalloneros y mucho menos varilleros de la Cruzada Civilista en las protestas para monopolizar el poder de los medios de comunicación. Ahora operan con una "élite burocrática del clientelismo circuital" radicada en el Palacio de la 5 de mayo y emulando el Tribunal Supremo de Hugo Chávez Frías, emplean los tribunales criollos y Cortes de Justicia para ejercer el control del poder. Los Autócratas han entendido muy bien que su papel es defender a toda costa a sus candidatos electorales por más deshonestas e inmorales que sean sus declaraciones, por más desastroso que resulte su impacto en el pueblo panameño.

Se podría pensar que los actuales asesores son hijos de Alksander Dugin y Norberto Ceresole; y están guiados por el andorrano discípulo de István Mészáros, replicando la mordaza de esos Estados donde secuestran y polarizan el pluralismo periodístico a través del Estado Unipartidista bolchevique contemporáneo. El actual Estado unipartidista panameño es Leniniano es antimeritocrático, un país gobernado por quienes exigen silencio al repartirse los auxilios económicos para sus crías, las licitaciones de construcciones y equipamiento de hospitales para sus donantes de campaña y manteniendo a ministros de Estado no por su capacidad, sino por su lealtad.

En el imaginario bolchevique, la prensa solo podía ser libre, y las instituciones públicas solo podían ser justas, una vez que estuvieran controladas siempre a través del partido. La Izquierda radical no está en las calles obstruyendo el tráfico panameño, está en la comisión de presupuesto pensando en su eterna continuidad.

La crítica pública era considerada un arma fundamental para cuestionar el poder omnipotente y represivo del Estado. Desde entonces y hasta ahora, el artificio institucional y jurídico se ha construido sobre la base de defenderse contra la arbitrariedad del Estado y los gobiernos y limitando su capacidad de vulnerar la libertad de expresión.

Ojalá nuestros gobernantes panameños lean la Biblia en Proverbios 11:13. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; Mas en la multitud de consejeros hay seguridad.

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