Acceso Universal accessible
Abierto ya el mercado de las telecomunicaciones, el 31 de diciembre de 2003, la empresa que adquirió la concesión operacional durante la privatización del INTEL en 1996, ya no estará en la obligación de atender el acceso a lugares como Madroño, en ruta a los últimos confines de Chepo. El gobierno ya no está en situación de asumir este compromiso. La obligación de la empresa que actualmente cumple con la responsabilidad asumida tras el proceso de privatización, caducará en apenas seis meses.
Debido a los costosos requerimientos de mantenimiento, financiamiento y la consecuente rentabilidad negativa que arroja dicho servicio social, sería bastante difícil que alguna empresa privada se atreva a embarcase solitariamente en esta operación. No obstante, como se ha demostrado en otros países desarrollados como en vías de desarrollo, cuando existe la voluntad, existirá la manera; creándose esquemas de financiamiento y así cumplir con el llamado de conciencia que pacta con la obligación social y moral de proveer este requerimiento básico del tercer milenio.
Si países como Uganda hoy día tienen puesto en marcha un programa de Acceso Universal compartido (que por cierto no sólo incluye a los operadores del servicio de la telecomunicación, sino que también entra el cayuco, el servicio postal y los proveedores de servicios de Internet), no veo porqué en Panamá no podemos elaborar un esquema en el cual la responsabilidad del financiamiento de este servicio sea igualmente compartida.
Que quede claro: el motivo no sería rescatar a la empresa que actualmente asume solitariamente este negocio de pérdidas. La razón será rescatar a aquella familia que requiere llamar urgentemente al centro de salud más cercano para que le den asistencia médica, y en donde una llamada puede hacer la diferencia entre vivir y morir.
No queda mucho tiempo y con las campañas políticas de por medio, se pone en duda la concentración que puedan estar dando nuestros hacedores de leyes a un tema social tan importante. Afortunadamente, no tenemos que reinventar la rueda. Actualmente, existen diversos modelos que podemos utilizar como base para elaborar el nuestro. Países como Brasil, Chile, Colombia, Malasia, Perú, Uganda y hasta Nepal, entre otros, nos llevan una gran ventaja en cuanto al Acceso Universal.
Dependiendo de la situación de cada país, la fuente de financiamiento se da a través de recargos sobre los servicios de interconexión, algún tipo de impuesto sobre tarifas de subscripción o sobre los ingresos del propio operador. Es decir, dicha recolección de fondos no se limita a tarifas impuestas sobre negocios de alto margen, como las llamadas de larga distancia, sino que se toma en consideración la amplia gama de servicios que hoy ofrecen las empresas de telecomunicaciones, sea en el ramo de voz, data o ambos, o como en el caso de Uganda, donde a través del propio correo se obtienen fondos para subsidiar el servicio.
Algunos fondos de Acceso Universal, como es el caso de Colombia, son administrados por un ministerio encargado. No me parece que éste sería el método preferido, particularmente en Panamá, por el obvio motivo que se prestaría a influencias o abusos por parte de políticos. En el caso de Perú y Chile, ambos han optado por ceder la responsabilidad administrativa a los entes reguladores. En Suráfrica y Estados Unidos, los fondos son administrados por una agencia especial creada específicamente para dicho propósito.
Nosotros, en Panamá, pudiéramos aplicar el concepto del libre mercado, abriendo a licitación (y, a la vez, una oportunidad de nicho) para que una empresa privada, sin fines de lucro, se encargue de la administración de estos fondos. Aquí va una idea.
Hoy día, en Panamá, el gobierno nos cobra el impuesto de $1.00 por cada llamada internacional, gracias al legado de una ley elaborada ¡hace ya más de 40 años! Un recargo que, al sobrepasar más de cuatro veces lo que cuesta el minuto de llamadas al exterior, se ha hecho bastante oneroso y completamente fuera del racionamiento común ante la realidad del mercado actual.
Dicho dólar va directo a las arcas del Estado, complementando el presupuesto nacional. Ya sé que este no es momento para hablar de nuevos impuestos, pero analicemos las matemáticas: ¿Qué tal si en primera instancia se reconsidera dicho impuesto por un impuesto porcentual -así como el ITBMS-, y los fondos obtenidos son entonces canalizados hacia un Fondo de Acceso Universal? Estoy seguro que muchos preferimos pagar el 5% o, inclusive, hasta el 10% sobre una factura de $100.00, que $100.00 en impuestos por haber efectuado 100 llamadas de un minuto a $0.25 centavos el minuto. Cabe anotar que los fondos serán utilizados para el fin humanitario que nos ocupa en este artículo.
He propuesto por dónde podemos empezar. Tanto el gobierno como los operadores deben responder al telefonazo a sus conciencias. Por ahora, el timbre les sigue sonando.
Se cuenta además con cinco máquinas conocidas como “ventilador mecánico” de soporte respiratorio que son casi de última generación. El Hospital Rafael Estévez cuenta con 831 empleados, de los cuales el 60 % corresponde a personal médico.
Aún el hospital tiene algunos sitios que no han sido equipados, lo que en el futuro permitirá instalar equipos que aumenten la capacidad de atención.
Según Jované, algunos hoy pensarán que con este hospital puede repetirse lo que le sucedió con el presidente Belisario Porras en el Hospital Santo Tomás, pero es posible que dentro de unos diez años se estime que el hospital se quede chico. Este es un hospital para las futuras generaciones, acotó Jované.
La CSS implementó los Centros de Atención Primarios que funcionan a nivel local con un equipo médico para brindar atención básica y en caso de que el paciente necesite de una atención más especializada, se remite a las policlínicas.
Otro de los puntos que destacó Jované de este hospital, es que se ha diseñado de tal forma que los pacientes que asisten en busca de atención médica a través de las consultas no tienen contacto con el área donde se atienden a los hospitalizados.
En la actualidad, a nivel nacional, funcionan 24 centros hospitalarios de este tipo, que en primera instancia acortan la distancia entre el asegurado y un centro de atención médica.
Debido a los costosos requerimientos de mantenimiento, financiamiento y la consecuente rentabilidad negativa que arroja dicho servicio social, sería bastante difícil que alguna empresa privada se atreva a embarcase solitariamente en esta operación. No obstante, como se ha demostrado en otros países desarrollados como en vías de desarrollo, cuando existe la voluntad, existirá la manera; creándose esquemas de financiamiento y así cumplir con el llamado de conciencia que pacta con la obligación social y moral de proveer este requerimiento básico del tercer milenio.
Si países como Uganda hoy día tienen puesto en marcha un programa de Acceso Universal compartido (que por cierto no sólo incluye a los operadores del servicio de la telecomunicación, sino que también entra el cayuco, el servicio postal y los proveedores de servicios de Internet), no veo porqué en Panamá no podemos elaborar un esquema en el cual la responsabilidad del financiamiento de este servicio sea igualmente compartida.
Que quede claro: el motivo no sería rescatar a la empresa que actualmente asume solitariamente este negocio de pérdidas. La razón será rescatar a aquella familia que requiere llamar urgentemente al centro de salud más cercano para que le den asistencia médica, y en donde una llamada puede hacer la diferencia entre vivir y morir.
No queda mucho tiempo y con las campañas políticas de por medio, se pone en duda la concentración que puedan estar dando nuestros hacedores de leyes a un tema social tan importante. Afortunadamente, no tenemos que reinventar la rueda. Actualmente, existen diversos modelos que podemos utilizar como base para elaborar el nuestro. Países como Brasil, Chile, Colombia, Malasia, Perú, Uganda y hasta Nepal, entre otros, nos llevan una gran ventaja en cuanto al Acceso Universal.
Dependiendo de la situación de cada país, la fuente de financiamiento se da a través de recargos sobre los servicios de interconexión, algún tipo de impuesto sobre tarifas de subscripción o sobre los ingresos del propio operador. Es decir, dicha recolección de fondos no se limita a tarifas impuestas sobre negocios de alto margen, como las llamadas de larga distancia, sino que se toma en consideración la amplia gama de servicios que hoy ofrecen las empresas de telecomunicaciones, sea en el ramo de voz, data o ambos, o como en el caso de Uganda, donde a través del propio correo se obtienen fondos para subsidiar el servicio.
Algunos fondos de Acceso Universal, como es el caso de Colombia, son administrados por un ministerio encargado. No me parece que éste sería el método preferido, particularmente en Panamá, por el obvio motivo que se prestaría a influencias o abusos por parte de políticos. En el caso de Perú y Chile, ambos han optado por ceder la responsabilidad administrativa a los entes reguladores. En Suráfrica y Estados Unidos, los fondos son administrados por una agencia especial creada específicamente para dicho propósito.
Nosotros, en Panamá, pudiéramos aplicar el concepto del libre mercado, abriendo a licitación (y, a la vez, una oportunidad de nicho) para que una empresa privada, sin fines de lucro, se encargue de la administración de estos fondos. Aquí va una idea.
Hoy día, en Panamá, el gobierno nos cobra el impuesto de $1.00 por cada llamada internacional, gracias al legado de una ley elaborada ¡hace ya más de 40 años! Un recargo que, al sobrepasar más de cuatro veces lo que cuesta el minuto de llamadas al exterior, se ha hecho bastante oneroso y completamente fuera del racionamiento común ante la realidad del mercado actual.
Dicho dólar va directo a las arcas del Estado, complementando el presupuesto nacional. Ya sé que este no es momento para hablar de nuevos impuestos, pero analicemos las matemáticas: ¿Qué tal si en primera instancia se reconsidera dicho impuesto por un impuesto porcentual -así como el ITBMS-, y los fondos obtenidos son entonces canalizados hacia un Fondo de Acceso Universal? Estoy seguro que muchos preferimos pagar el 5% o, inclusive, hasta el 10% sobre una factura de $100.00, que $100.00 en impuestos por haber efectuado 100 llamadas de un minuto a $0.25 centavos el minuto. Cabe anotar que los fondos serán utilizados para el fin humanitario que nos ocupa en este artículo.
He propuesto por dónde podemos empezar. Tanto el gobierno como los operadores deben responder al telefonazo a sus conciencias. Por ahora, el timbre les sigue sonando.
Se cuenta además con cinco máquinas conocidas como “ventilador mecánico” de soporte respiratorio que son casi de última generación. El Hospital Rafael Estévez cuenta con 831 empleados, de los cuales el 60 % corresponde a personal médico.
Aún el hospital tiene algunos sitios que no han sido equipados, lo que en el futuro permitirá instalar equipos que aumenten la capacidad de atención.
Según Jované, algunos hoy pensarán que con este hospital puede repetirse lo que le sucedió con el presidente Belisario Porras en el Hospital Santo Tomás, pero es posible que dentro de unos diez años se estime que el hospital se quede chico. Este es un hospital para las futuras generaciones, acotó Jované.
La CSS implementó los Centros de Atención Primarios que funcionan a nivel local con un equipo médico para brindar atención básica y en caso de que el paciente necesite de una atención más especializada, se remite a las policlínicas.
Otro de los puntos que destacó Jované de este hospital, es que se ha diseñado de tal forma que los pacientes que asisten en busca de atención médica a través de las consultas no tienen contacto con el área donde se atienden a los hospitalizados.
En la actualidad, a nivel nacional, funcionan 24 centros hospitalarios de este tipo, que en primera instancia acortan la distancia entre el asegurado y un centro de atención médica.
