Acción urgente

Una de las prioridades que deberá atender con urgencia y firme decisión el próximo gobierno será el de la insuficiencia de espacios para alojar en las cárceles panameñas la abrumadora y dantesca cantidad de detenidos que las ocupan. Con ello se resolverá el problema del hacinamiento insalubre, física y moralmente, de la transmisión de enfermedades contagiosas y un sofoco desesperante que genera frecuentes reyertas entre reclusos con saldo de muertos y heridos.

Hay otro grave asunto: La introducción de drogas y armas para reclusos quienes pueden pagarlas. Una podredumbre trasciende en ellas, donde hay custodios de dobles ingresos. El uno, el que paga el Estado por sus servicios; el otro, el que les pagan los reclusos a muchos de los que se han convertido en sus agentes y mensajeros, y con frecuencia, en los arquitectos bien pagados en planes de fuga.

La población carcelaria ha venido creciendo, y penosamente, en mayor proporción de la que esperábamos. Y peor aún, continuará aumentando. Las fugas seguirán ocurriendo debido a negligencias aparentes, pero pagadas. Hemos propuesto con anterioridad un plan para evitarlas o aminorarlas en apreciable escala, y lo repetimos hoy: Es preciso establecer que todo aquel que resulte ligado a la fuga de un prisionero, cualquiera que sea su tipo de cooperación, sea condenado a pagar el resto del tiempo que le faltara al evadido para cumplir su pena más tres o cinco años más. No dudamos de que la medida sería eficaz.