Acertado fallo de la Corte
La lucha que hemos venido realizando a través de "El Panamá América" con el propósito de lograr el no pago de salarios caídos a los legisladores del período 1994-1999, no ha sido en vano, ya que la Corte Suprema de Justicia, en buena hora, acaba de considerar que no es "jurídicamente viable" la resolución No. 49 del 22 de junio de 2000, en la que se ordenaba que a los legisladores de dicho período, se les efectuara un pago adicional equivalente al 50 por ciento de su salario para que el mismo quedara equiparado con el de los Ministros de Estado, cuando a éstos se les aumentó en B/.10,000 mensuales.
Así mismo, la ciudadanía está en espera que la Corte Suprema de Justicia resuelva la demanda presentada por el ex legislador Guillermo Cochez y el abogado Víctor Martínez Cedeño en contra de una serie de artículos del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, aprobado mediante un procedimiento totalmente ilegal e irregular a través de la Resolución No.24 de 28 de diciembre de 1998.
Lo demandado por estos señores son privilegios que hemos venido cuestionando desde hace muchos años, pero no ha habido respuestas para acabar, de una vez por todas, con esta realidad que niega la democracia, la justicia social y la honestidad, porque mientras un elevado porcentaje del pueblo panameño se debate entre el hambre, la miseria y el desempleo, hay funcionarios que, como los legisladores, reciben prebendas, exoneraciones y sueldos elevados a cambio de una labor que no llena las espectativas de un país en verdadera crisis económica, política y social.
Ya es tiempo que los privilegios desaparezcan de las esferas gubernamentales, principalmente en la Asamblea Legislativa donde los legisladores o legisladoras suplentes que sean servidores o servidoras públicas, no podrán ser objeto de despidos y traslado o de otra acción personal que les perjudique durante el período para el que fueron electos, siendo la única excepción a tan absurda norma, las ausencias injustificadas o que hayan sido condenados por delitos contra la administración pública. O sea que esta norma, la cual crea un privilegio adicional a los 2000 balboas que gana cada suplente, además de las dietas cuando reemplaza en el pleno al principal, significa que el suplente, puede llegar tarde, faltarle el respeto al superior jerárquico, en fin, puede hacer lo que a bien venga por cinco años, si cuando es electo ocupa un cargo público o si lo nombran en alguna posición.
Precisamente esta es parte de la crisis y de la corrupción que sufre la nación atendiendo a la Conferencia Episcopal Panameña cuando manifiesta: "La corrupción en la administración del Estado daña la credibilidad del gobierno y afecta, de manera directa, los recursos disponibles para invertir en obras sociales". La corrupción es un verdadero robo a los más pobres". Tenemos confianza en que la Corte Suprema de Justicia analizará, con buen juicio, la realidad que confronta la Asamblea Legislativa en cuanto a privilegios inmerecidos y se pronuncie, de tal manera, que salvaguarde los caros intereses de la nación y se atienda un clamor generalizado a lo largo y ancho de la patria.
Así mismo, la ciudadanía está en espera que la Corte Suprema de Justicia resuelva la demanda presentada por el ex legislador Guillermo Cochez y el abogado Víctor Martínez Cedeño en contra de una serie de artículos del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, aprobado mediante un procedimiento totalmente ilegal e irregular a través de la Resolución No.24 de 28 de diciembre de 1998.
Lo demandado por estos señores son privilegios que hemos venido cuestionando desde hace muchos años, pero no ha habido respuestas para acabar, de una vez por todas, con esta realidad que niega la democracia, la justicia social y la honestidad, porque mientras un elevado porcentaje del pueblo panameño se debate entre el hambre, la miseria y el desempleo, hay funcionarios que, como los legisladores, reciben prebendas, exoneraciones y sueldos elevados a cambio de una labor que no llena las espectativas de un país en verdadera crisis económica, política y social.
Ya es tiempo que los privilegios desaparezcan de las esferas gubernamentales, principalmente en la Asamblea Legislativa donde los legisladores o legisladoras suplentes que sean servidores o servidoras públicas, no podrán ser objeto de despidos y traslado o de otra acción personal que les perjudique durante el período para el que fueron electos, siendo la única excepción a tan absurda norma, las ausencias injustificadas o que hayan sido condenados por delitos contra la administración pública. O sea que esta norma, la cual crea un privilegio adicional a los 2000 balboas que gana cada suplente, además de las dietas cuando reemplaza en el pleno al principal, significa que el suplente, puede llegar tarde, faltarle el respeto al superior jerárquico, en fin, puede hacer lo que a bien venga por cinco años, si cuando es electo ocupa un cargo público o si lo nombran en alguna posición.
Precisamente esta es parte de la crisis y de la corrupción que sufre la nación atendiendo a la Conferencia Episcopal Panameña cuando manifiesta: "La corrupción en la administración del Estado daña la credibilidad del gobierno y afecta, de manera directa, los recursos disponibles para invertir en obras sociales". La corrupción es un verdadero robo a los más pobres". Tenemos confianza en que la Corte Suprema de Justicia analizará, con buen juicio, la realidad que confronta la Asamblea Legislativa en cuanto a privilegios inmerecidos y se pronuncie, de tal manera, que salvaguarde los caros intereses de la nación y se atienda un clamor generalizado a lo largo y ancho de la patria.
