Aclaración
En la edición del 2 de diciembre pasado, El Panamá América incluye artículo del ingeniero Eduardo Esquivel Ríos cuyas imprecisiones imponen la siguiente aclaración: Las cifras mencionadas por el ingeniero Esquivel no sólo no se ajustan a la realidad, sino que han sido analizadas superficialmente. Su manejo distorsionado da pie a confusiones y equívocos en una materia que por su importancia nacional justifica un tratamiento serio y responsable.
En lo que a los peajes del Canal se refiere, la cifra oficial presentada ante la Asamblea Legislativa precisa un ingreso por peajes en el Año Fiscal 2002 de 579.5 millones de balboas. Los detalles de la información pertinente son de dominio público y son de fácil acceso en la Contraloría General de la República o en la página web de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
En cuanto a los ingresos por ventas de agua y electricidad, éstos se hallan claramente identificados en el renglón "otros ingresos" de los estados financieros de la ACP, los cuales han sido profusamente divulgados y que son igualmente de dominio público.
Aún así, y a manera de información para el Ing. Esquivel, gracias a la eficiencia de nuestras operaciones, fundamentada en el profesionalismo y alto grado de capacitación de mujeres y hombres trabajadores de la ACP, es que nuestra empresa puede vender agua, electricidad y otros servicios derivados de la operación del Canal, a precios competitivos con los más altos estándares de calidad y confiabilidad.
Como tiene a bien señalarlo, el autor del artículo mencionado desconoce lo que es un balance general o un estado de resultados. El Canal de Panamá generó, para el año fiscal 2002, ingresos totales por 800 millones de balboas, de los cuales estaban proyectados para el Gobierno de Panamá en conceptos de peajes, pagos por servicios auxiliares y excedentes un total de 226 MM o un 28.3% del total de los ingresos. Debemos estar orgullosos que una empresa de interés público genere un margen de utilidad tan alto y comparable o mejor al de cualquier empresa privada.
No sólo ello, en los primeros dos años y nueve meses de operación del Canal bajo administración panameña, se generaron pagos al Gobierno de Panamá por 643 millones de balboas, que comparados con los 1844 millones pagados por la antigua Comisión del Canal de Panamá bajo jurisdicción americana desde 1914 hasta 1999, representan un 34.9%; es decir, en escasos tres años la Autoridad del Canal de Panamá ha aportado casi un 35% de los pagos recibidos por Panamá durante los primeros 75 años de operaciones del Canal.
En lo que guarda relación con el tema de la Ley 44, ésta sólo delimita la Cuenca Geográfica el Canal de Panamá a efecto de que el país asegure la disponibilidad de agua en calidad y cantidad necesarias para abastecer la población y garantizar el funcionamiento del Canal, responsabilidades éstas asignadas en su ley orgánica a la ACP.
En cuanto a la Coordinadora Campesina Contra los Embalses (CCCE), la ACP reiteró el pasado 18 de noviembre su invitación a dicha organización a dialogar sobre los temas de la cuenca, aprovechando el hecho de la protesta organizada por la CCCE ante la sede de la institución. Sus representantes, en decisión que respetamos, rechazaron una vez más el llamado a un diálogo amplio y sin condiciones y manifestaron que sólo habían concurrido allí para protestar.
Para abundar en este sentido, la ACP atendió invitación a dialogar que hiciera la Defensoría del pueblo el 21 de mayo de 2001, al igual que participó en las reuniones llevadas a cabo en Villa del Carmen de Donoso (1 de julio de 2001) y Coquillo (14 de marzo de 2002).
De igual modo, la ACP ha invitado de manera sostenida a la CCCE a tomar parte en los dos Encuentros Campesinos y las cuatro Mesas de Trabajo que desde septiembre de 2001 lleva a cabo con representantes de comunidades de la Región Occidental de la Cuenca (ROCC). La CCCE ha rechazado estos llamados alegando que sólo ella representa de manera exclusiva a todos los campesinos de la cuenca. Es oportuno indicar que el II Encuentro Campesino, que tuvo lugar en noviembre pasado, congregó a 208 delegados de 104 comunidades de la ROCC.
En el marco del diálogo respetuoso y participativo que lleva a cabo con los representantes de los pobladores de la ROCC, la ACP adelanta estudios sociales, económicos y ambientales necesarios para fundamentar debidamente una decisión sobre lo que vaya a hacerse o no en dicha región.
Ello explica que hasta el momento no existan decisiones tomadas. Pero, independientemente de que se realicen o no proyectos en dicha región, los estudios realizados permitirán al Estado definir políticas para mejorar las condiciones de sus pobladores. ¡Cómo puede alguien oponerse a esto!
Finalmente, instamos al ingeniero Esquivel a ilustrarse de los esfuerzos que miles de panameños hacemos cada día para cumplir cabalmente con el mandato constitucional de la República de hacer del Canal de Panamá, una empresa eficiente y rentable, con funcionamiento continuo y de manera segura.
Atentamente,
Stanley Muschett I
Gerente de Administración Ejecutiva.
En lo que a los peajes del Canal se refiere, la cifra oficial presentada ante la Asamblea Legislativa precisa un ingreso por peajes en el Año Fiscal 2002 de 579.5 millones de balboas. Los detalles de la información pertinente son de dominio público y son de fácil acceso en la Contraloría General de la República o en la página web de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
En cuanto a los ingresos por ventas de agua y electricidad, éstos se hallan claramente identificados en el renglón "otros ingresos" de los estados financieros de la ACP, los cuales han sido profusamente divulgados y que son igualmente de dominio público.
Aún así, y a manera de información para el Ing. Esquivel, gracias a la eficiencia de nuestras operaciones, fundamentada en el profesionalismo y alto grado de capacitación de mujeres y hombres trabajadores de la ACP, es que nuestra empresa puede vender agua, electricidad y otros servicios derivados de la operación del Canal, a precios competitivos con los más altos estándares de calidad y confiabilidad.
Como tiene a bien señalarlo, el autor del artículo mencionado desconoce lo que es un balance general o un estado de resultados. El Canal de Panamá generó, para el año fiscal 2002, ingresos totales por 800 millones de balboas, de los cuales estaban proyectados para el Gobierno de Panamá en conceptos de peajes, pagos por servicios auxiliares y excedentes un total de 226 MM o un 28.3% del total de los ingresos. Debemos estar orgullosos que una empresa de interés público genere un margen de utilidad tan alto y comparable o mejor al de cualquier empresa privada.
No sólo ello, en los primeros dos años y nueve meses de operación del Canal bajo administración panameña, se generaron pagos al Gobierno de Panamá por 643 millones de balboas, que comparados con los 1844 millones pagados por la antigua Comisión del Canal de Panamá bajo jurisdicción americana desde 1914 hasta 1999, representan un 34.9%; es decir, en escasos tres años la Autoridad del Canal de Panamá ha aportado casi un 35% de los pagos recibidos por Panamá durante los primeros 75 años de operaciones del Canal.
En lo que guarda relación con el tema de la Ley 44, ésta sólo delimita la Cuenca Geográfica el Canal de Panamá a efecto de que el país asegure la disponibilidad de agua en calidad y cantidad necesarias para abastecer la población y garantizar el funcionamiento del Canal, responsabilidades éstas asignadas en su ley orgánica a la ACP.
En cuanto a la Coordinadora Campesina Contra los Embalses (CCCE), la ACP reiteró el pasado 18 de noviembre su invitación a dicha organización a dialogar sobre los temas de la cuenca, aprovechando el hecho de la protesta organizada por la CCCE ante la sede de la institución. Sus representantes, en decisión que respetamos, rechazaron una vez más el llamado a un diálogo amplio y sin condiciones y manifestaron que sólo habían concurrido allí para protestar.
Para abundar en este sentido, la ACP atendió invitación a dialogar que hiciera la Defensoría del pueblo el 21 de mayo de 2001, al igual que participó en las reuniones llevadas a cabo en Villa del Carmen de Donoso (1 de julio de 2001) y Coquillo (14 de marzo de 2002).
De igual modo, la ACP ha invitado de manera sostenida a la CCCE a tomar parte en los dos Encuentros Campesinos y las cuatro Mesas de Trabajo que desde septiembre de 2001 lleva a cabo con representantes de comunidades de la Región Occidental de la Cuenca (ROCC). La CCCE ha rechazado estos llamados alegando que sólo ella representa de manera exclusiva a todos los campesinos de la cuenca. Es oportuno indicar que el II Encuentro Campesino, que tuvo lugar en noviembre pasado, congregó a 208 delegados de 104 comunidades de la ROCC.
En el marco del diálogo respetuoso y participativo que lleva a cabo con los representantes de los pobladores de la ROCC, la ACP adelanta estudios sociales, económicos y ambientales necesarios para fundamentar debidamente una decisión sobre lo que vaya a hacerse o no en dicha región.
Ello explica que hasta el momento no existan decisiones tomadas. Pero, independientemente de que se realicen o no proyectos en dicha región, los estudios realizados permitirán al Estado definir políticas para mejorar las condiciones de sus pobladores. ¡Cómo puede alguien oponerse a esto!
Finalmente, instamos al ingeniero Esquivel a ilustrarse de los esfuerzos que miles de panameños hacemos cada día para cumplir cabalmente con el mandato constitucional de la República de hacer del Canal de Panamá, una empresa eficiente y rentable, con funcionamiento continuo y de manera segura.
Atentamente,
Stanley Muschett I
Gerente de Administración Ejecutiva.
