Aclaremos y actúemos
Que han fallecido obreros y con sobrada razón protesten sus compañeros para que el Gobierno exija a los constructores adoptar medidas de seguridad y sancionar su incumplimiento, es entendible y merecedor del respaldo de la comunidad. Que un miembro de la Fuerza Pública, debidamente armado y sin reparo, haya disparado en un centro de salud a la espalda de un obrero arrebatándole así la vida, no sólo justifica las protestas, sino que merece el repudio de la comunidad y castigo ejemplar para el culpable tras debido proceso.
No obstante, ninguno de los dos hechos justifica que una horda de revoltosos locales, acompañados de varios extranjeros, se lancen a las calles para cerrarlas, causar daños a la propiedad pública y privada, y agredir a los ciudadanos, provocando una total paralización de las actividades cotidianas de la población. Eso no puede considerarse como otra cosa que la revelación de malévolos propósitos preconcebidos para provocar caos en el país, lo que es un crimen de lesa patria. Por ello, solicitamos al ministro de Gobierno y Justicia, al jefe de la Policía Nacional y a la procuradora General de la Nación que hagan saber al país, a través de los medios de comunicación, lo que puede esperar todo aquel que afecte el transporte.
Nuestro Código Penal establece penas severas de cárcel para quienes obstruyan las vías públicas. No se trata de simples multas ni arrestos pasajeros. Entendamos que ninguna agrupación, aunque tenga 40, 50 ó 60 mil afiliados, puede darse el gusto, cada vez que a sus cabecillas les dé la gana, de salir a bloquear calles, destruir, herir a inocentes y mantener secuestrados a los casi tres millones de habitantes que tiene el país.
