¡Actuemos ahora o después lo lamentaremos!
EL PRIMER DIRECTOR de la Policía Nacional, designado por el gobierno de la "patria nueva", el señor Gustavo Pérez, un buen día nos sorprendió con el anuncio de que en sus planes estaba crear una academia militar. Tal vez, recordando su formación en una ellas, pero olvidando que en Panamá no hay ejército, por mandato expreso de la Constitución, el mencionado caballero metió la pata. La reacción fue contundente y esperamos que la idea nunca vuelva a mencionarse.
En el primer desfile conmemorativo de las fiestas patrias, que le correspondió organizar a las autoridades de la "patria nueva" presenciamos, con estupor, los despliegues de unidades de la policía que desfilaron pintarrajeados y en arreos de combate, igualito a como lo hacían en los tiempos de la dictadura. La reacción de repudio a esas pantomimas militaroides también fue contundente. Estamos a menos de un mes de los desfiles patrios y confiamos que, con buen sentido, al nuevo director no se le ocurra repetirnos ese espectáculo bochornoso.
A raíz de las incursiones de guerrilleros, militares y paramilitares colombianos a las zonas fronterizas de la provincia del Darién, el gobierno de la "patria nueva" ha optado por crear un miniejército, cuya formación, preparación, equipos y armamentos costarán al Estado panameño muchos millones de balboas. Esa fuerza especial está supuesta a garantizar "la integridad de nuestro territorio" y "la vida y bienes de las personas que viven en esas áreas". Para cuidar una frontera con una extensión de más de 250 kilómetros de longitud serán necesarios varios centenares largos, sino miles de efectivos. La efectividad de la medida es más que dudosa.
Panamá, en vez de gastar recursos que no tenemos en resolver un problema que tiene sus raíces en la lucha interna colombiana, debe exigirle, pero con firmeza, al gobierno del presidente Uribe, que ha recibido y recibe miles de millones de dólares de ayuda externa para enfrentar a la insurgencia, que controle su lado de la frontera e impida que la contienda colombiana se traslade a territorio panameño. Y, además, debiéramos recurrir a la comunidad interamericana para hacerla parte de la solución del problema.
El problema que representa la presencia en el Darién de miembros de las partes en el conflicto colombiana, no se resolverá enviando a la frontera efectivos militarizados de la Policía Nacional; eso lo saben muy bien las autoridades de la "patria nueva". Sin embargo, lo han utilizado como justificación para crear fuerzas especiales militarizadas que el país no necesita, pero que podrían ser el embrión de un nuevo aparato militar.
Durante las pasadas manifestaciones, motivadas por la imposición por el gobierno de la "patria nueva" de las reformas a la seguridad social, todos fuimos testigos de los despliegues represivos y de la fuerza excesiva con que unidades militarizadas de la Policía Nacional persiguieron y reprimieron a manifestantes pacíficos que realizaban una protesta legítima. Las represiones de la dictadura son todavía muy recientes para olvidarlas y las que vivimos en esos momentos no deben dejar que lo hagamos.
Las trágicas muertes de tres miembros del Servicio Marítimo y de la Policía Nacional, ocurridas recientemente en unos simulacros de defensa contra imaginarios ataques terroristas, aparte de su muy discutible utilidad, son otra muestra de que en las esferas oficiales se sigue jugando a peligrosas fantasías militares.
A todo lo anterior, ahora sumemos la "brillante idea" del flamante ministro de Gobierno y Justicia que, utilizando el peor de los argumentos posibles, pues se monta sobre la tragedia de la muerte de las tres personas que perecieron trágicamente en los absurdos ejercicios "de defensa del Canal", sin ningún empacho, anuncia el propósito de la "patria nueva" de crear una entidad militarizada que reúna al Servicio Marítimo y al Servicio Aéreo, llevándose de calle el Artículo 310 de la Constitución Nacional.
La primera obligación de los funcionarios públicos es respetar y cumplir la Constitución y las leyes de la República.
El presidente y los ministros son los primeros llamados a dar el ejemplo. Pero si no lo hacen, es nuestro deber exigírselos.
Después de haber vivido 21 años bajo una dictadura militar, no debemos tomar a la ligera las conductas, abiertas o veladas, con las que los actuales gobernantes vienen anunciando sus intenciones de reintroducir en la vida panameña prácticas y acciones militarizantes que violan de manera expresa la Constitución Política y que el pueblo panameño repudia.
La condena pública a esos devaneos debe ser categórica. ¡Actuemos ahora o lo lamentaremos después!
En el primer desfile conmemorativo de las fiestas patrias, que le correspondió organizar a las autoridades de la "patria nueva" presenciamos, con estupor, los despliegues de unidades de la policía que desfilaron pintarrajeados y en arreos de combate, igualito a como lo hacían en los tiempos de la dictadura. La reacción de repudio a esas pantomimas militaroides también fue contundente. Estamos a menos de un mes de los desfiles patrios y confiamos que, con buen sentido, al nuevo director no se le ocurra repetirnos ese espectáculo bochornoso.
A raíz de las incursiones de guerrilleros, militares y paramilitares colombianos a las zonas fronterizas de la provincia del Darién, el gobierno de la "patria nueva" ha optado por crear un miniejército, cuya formación, preparación, equipos y armamentos costarán al Estado panameño muchos millones de balboas. Esa fuerza especial está supuesta a garantizar "la integridad de nuestro territorio" y "la vida y bienes de las personas que viven en esas áreas". Para cuidar una frontera con una extensión de más de 250 kilómetros de longitud serán necesarios varios centenares largos, sino miles de efectivos. La efectividad de la medida es más que dudosa.
Panamá, en vez de gastar recursos que no tenemos en resolver un problema que tiene sus raíces en la lucha interna colombiana, debe exigirle, pero con firmeza, al gobierno del presidente Uribe, que ha recibido y recibe miles de millones de dólares de ayuda externa para enfrentar a la insurgencia, que controle su lado de la frontera e impida que la contienda colombiana se traslade a territorio panameño. Y, además, debiéramos recurrir a la comunidad interamericana para hacerla parte de la solución del problema.
El problema que representa la presencia en el Darién de miembros de las partes en el conflicto colombiana, no se resolverá enviando a la frontera efectivos militarizados de la Policía Nacional; eso lo saben muy bien las autoridades de la "patria nueva". Sin embargo, lo han utilizado como justificación para crear fuerzas especiales militarizadas que el país no necesita, pero que podrían ser el embrión de un nuevo aparato militar.
Durante las pasadas manifestaciones, motivadas por la imposición por el gobierno de la "patria nueva" de las reformas a la seguridad social, todos fuimos testigos de los despliegues represivos y de la fuerza excesiva con que unidades militarizadas de la Policía Nacional persiguieron y reprimieron a manifestantes pacíficos que realizaban una protesta legítima. Las represiones de la dictadura son todavía muy recientes para olvidarlas y las que vivimos en esos momentos no deben dejar que lo hagamos.
Las trágicas muertes de tres miembros del Servicio Marítimo y de la Policía Nacional, ocurridas recientemente en unos simulacros de defensa contra imaginarios ataques terroristas, aparte de su muy discutible utilidad, son otra muestra de que en las esferas oficiales se sigue jugando a peligrosas fantasías militares.
A todo lo anterior, ahora sumemos la "brillante idea" del flamante ministro de Gobierno y Justicia que, utilizando el peor de los argumentos posibles, pues se monta sobre la tragedia de la muerte de las tres personas que perecieron trágicamente en los absurdos ejercicios "de defensa del Canal", sin ningún empacho, anuncia el propósito de la "patria nueva" de crear una entidad militarizada que reúna al Servicio Marítimo y al Servicio Aéreo, llevándose de calle el Artículo 310 de la Constitución Nacional.
La primera obligación de los funcionarios públicos es respetar y cumplir la Constitución y las leyes de la República.
El presidente y los ministros son los primeros llamados a dar el ejemplo. Pero si no lo hacen, es nuestro deber exigírselos.
Después de haber vivido 21 años bajo una dictadura militar, no debemos tomar a la ligera las conductas, abiertas o veladas, con las que los actuales gobernantes vienen anunciando sus intenciones de reintroducir en la vida panameña prácticas y acciones militarizantes que violan de manera expresa la Constitución Política y que el pueblo panameño repudia.
La condena pública a esos devaneos debe ser categórica. ¡Actuemos ahora o lo lamentaremos después!
