Agenda de Estado
Encontrándose Panamá inmerso en una nueva contienda política, a pocos meses de su culminación en mayo de este año, fecha de las elecciones para escoger a los nuevos gobernantes cuyo mandato constitucional los compromete a administrar la hacienda pública durante cinco años, es oportuno considerar temas importantes por resolver que faciliten encontrar el camino hacia la eliminación, o por lo menos, la disminución de factores negativos que obstaculizan alcanzar el tan ansiado desarrollo de nuestra economía.
Sin unas finanzas balanceadas, sin leyes que incentiven la inversión privada, tanto local como extranjera, no podemos salir del subdesarrollo que nos conduce al aumento de la pobreza, incidiendo negativamente en la brecha entre ricos y pobres con su secuela de vicios, violencias y odios, contribuyendo a la incertidumbre ciudadana y a la ausencia de una verdadera convivencia pacífica.
Son múltiples los retos y es de urgencia notoria que los gobernantes electos en mayo próximo, se aboquen, aún antes de tomar posesión de sus cargos el 1º. de septiembre, a diseñar estrategias prácticas que conduzcan al país por la senda del respeto a las leyes, a sus instituciones, a la obligación ciudadana de exigir derechos y respetar los deberes propios de todo buen ciudadano; es decir, que tanto los gobernantes, como los gobernados tenemos derecho a deberes y sólo si actuamos dentro de esos parámetros, podremos alcanzar la equidad que conduce a la paz social.
Como administradores públicos, los gobernantes son los responsables de convertir estos lineamientos en realidad y para eso se debe atender todos los problemas sociales pendientes de solución, única fórmula de justificar y apreciar la confianza depositada en ellos por los electores.
Se dice que para buscar y encontrar la solución a los problemas, es menester aceptar que existen. Por tanto, es indispensable que los nuevos gobernantes empiecen por preparar la agenda completa de los asuntos prioritarios por atender, los cuales quienes vivimos en el país los conocemos y sufrimos permanentemente. Por ejemplo, se requiere una revisión urgente de correctivos a tomar para la salud financiera de la Caja de Seguro Social.
Además, reglamentar el servicio del transporte público, de manera que se eliminen los traumas del asuario. Eliminar el sistema de palancas sin salario, por conductores idóneos, asalariados y con derechos a prestaciones sociales. Exigir el mantenimiento adecuado de los equipos rodantes. Eliminar el sistema actual de cupos transferibles, que se ha convertido en motivo de abusos y corrupción por elementos deshonestos. Los cupos deben darse a quien los va a utilizar exclusivamente y no se podrán vender, alquilar o permutar bajo ningún pretexto.
Por otra parte, se debe controlar el gasto público, eliminando privilegios y canonjías odiosas e inmorales. Adecuar la educación pública a los requerimientos modernos de plazas de empleos.
También, modernizar las leyes de incentivos que, permitan el aumento de la inversión privada, con su consecuente absorción de innumerables plazas de trabajo.
Esto y mucho más, se puede lograr con una administración pública transparente, patriótica y orgullosa de poner al servicio de la patria todo su intelecto y tiempo en la búsqueda de soluciones viables.
Sin unas finanzas balanceadas, sin leyes que incentiven la inversión privada, tanto local como extranjera, no podemos salir del subdesarrollo que nos conduce al aumento de la pobreza, incidiendo negativamente en la brecha entre ricos y pobres con su secuela de vicios, violencias y odios, contribuyendo a la incertidumbre ciudadana y a la ausencia de una verdadera convivencia pacífica.
Son múltiples los retos y es de urgencia notoria que los gobernantes electos en mayo próximo, se aboquen, aún antes de tomar posesión de sus cargos el 1º. de septiembre, a diseñar estrategias prácticas que conduzcan al país por la senda del respeto a las leyes, a sus instituciones, a la obligación ciudadana de exigir derechos y respetar los deberes propios de todo buen ciudadano; es decir, que tanto los gobernantes, como los gobernados tenemos derecho a deberes y sólo si actuamos dentro de esos parámetros, podremos alcanzar la equidad que conduce a la paz social.
Como administradores públicos, los gobernantes son los responsables de convertir estos lineamientos en realidad y para eso se debe atender todos los problemas sociales pendientes de solución, única fórmula de justificar y apreciar la confianza depositada en ellos por los electores.
Se dice que para buscar y encontrar la solución a los problemas, es menester aceptar que existen. Por tanto, es indispensable que los nuevos gobernantes empiecen por preparar la agenda completa de los asuntos prioritarios por atender, los cuales quienes vivimos en el país los conocemos y sufrimos permanentemente. Por ejemplo, se requiere una revisión urgente de correctivos a tomar para la salud financiera de la Caja de Seguro Social.
Además, reglamentar el servicio del transporte público, de manera que se eliminen los traumas del asuario. Eliminar el sistema de palancas sin salario, por conductores idóneos, asalariados y con derechos a prestaciones sociales. Exigir el mantenimiento adecuado de los equipos rodantes. Eliminar el sistema actual de cupos transferibles, que se ha convertido en motivo de abusos y corrupción por elementos deshonestos. Los cupos deben darse a quien los va a utilizar exclusivamente y no se podrán vender, alquilar o permutar bajo ningún pretexto.
Por otra parte, se debe controlar el gasto público, eliminando privilegios y canonjías odiosas e inmorales. Adecuar la educación pública a los requerimientos modernos de plazas de empleos.
También, modernizar las leyes de incentivos que, permitan el aumento de la inversión privada, con su consecuente absorción de innumerables plazas de trabajo.
Esto y mucho más, se puede lograr con una administración pública transparente, patriótica y orgullosa de poner al servicio de la patria todo su intelecto y tiempo en la búsqueda de soluciones viables.
