Agenda social y agenda económica
Me he podido percatar que muchos panameños le están dando seguimiento al desarrollo de las agendas social y económica de la actual gestión del gobierno de la señora Mireya Moscoso. Para que ese análisis sea correcto, es preciso partir de premisas ciertas, de manera que es necesario conocer los orígenes correctos de cada uno de los fenómenos en estudio.
Históricamente, la clase política tradicional panameña y los gobiernos de la dictadura militar, poco les interesó mantener una agenda social empeñada en la solución de las verdaderas necesidades de las grandes mayorías nacionales.
El poder político era la herramienta natural para el fortalecimiento de los intereses económicos de las clases gobernantes tradicionales y durante los veintiún años de la dictadura de los militares y sus cómplices civiles; por esta razón, nunca se les vio preocupados en mantenerse permanentemente pendientes de las necesidades apremiantes de las comunidades más recónditas del país, razón por la cual a muchos hoy les molesta que la actual mandataria recorra semanalmente esas regiones llevando respuestas a las necesidades de las mayorías marginadas y olvidadas.
Quien se tome el trabajo de recorrer las comunidades del interior del país, podrá percatarse cómo el hombre del campo percibe a la Presidenta, como la primera mandataria a nivel nacional que vuelve después de las campañas electorales a cumplir con las promesas hechas por el voto de los más necesitados. Los pocos recursos del Estado son dirigidos a los sectores pobres y tradicionalmente marginados.
La agenda económica, sin embargo, es cuestionada por aquellos a quienes les interesa mantener la productividad máxima de sus intereses económicos, en cualquier tiempo y circunstancia. Ya hemos advertido que una de las principales causas de la actual crisis de nuestra economía radica en la falta de previsión de gobernantes, comerciantes y economistas frente a la realidad que planteaba la entrada en vigencia de los Tratados Torrijos-Carter, en lo relativo a la salida, a finales del siglo, de las tropas militares de los Estados Unidos acantonadas en nuestro territorio y la entrega de la administración del Canal de Panamá a las autoridades panameñas. No se previó, como hemos dicho, la sustitución de los cientos de millones de dólares circulantes que necesariamente saldrían de la economía panameña y los devastadores efectos de esa situación.
Quienes en el sector privado se preocupan por el rumbo de la agenda económica por supuesto que no lo hacen por el efecto de esta situación sobre la agenda social, sino por el efecto sobre sus intereses económicos personales, sin embargo sabemos que en gran parte, de la suerte de la primera depende la segunda. Para que el Gobierno pueda invertir más en la agenda social, la inversión privada debe producir mayor cantidad de impuestos y la mayor o menor inversión privada nacional o extranjera va a depender directamente de la seguridad jurídica que brinde el país a los inversionistas. Son indispensables, entonces, que se produzcan cambios estructurales del ordenamiento legal fundamental, cual es nuestra Carta Magna; mientras no se haga, estaremos constantemente saliendo de un problema para caer en otro.
Por ahora es importante que el sector privado y el gobierno se sienten a encontrar soluciones, pero ese diálogo debe ser franco y que se atrevan a aceptar la realidad sobre los orígenes de la situación.
Para que se logre el principio de la gobernabilidad efectiva, es necesario que las instituciones políticas, sociales y económicas de la República funcionen eficientemente, y para que ello sea así, se requiere la base jurídica indispensable y la voluntad de quienes tienen en sus manos la administración de la cosa pública. Pero la responsabilidad es de todos los panameños, en la medida de que la crisis de gobernabilidad nos afecta a todos en una u otra medida.
Históricamente, la clase política tradicional panameña y los gobiernos de la dictadura militar, poco les interesó mantener una agenda social empeñada en la solución de las verdaderas necesidades de las grandes mayorías nacionales.
El poder político era la herramienta natural para el fortalecimiento de los intereses económicos de las clases gobernantes tradicionales y durante los veintiún años de la dictadura de los militares y sus cómplices civiles; por esta razón, nunca se les vio preocupados en mantenerse permanentemente pendientes de las necesidades apremiantes de las comunidades más recónditas del país, razón por la cual a muchos hoy les molesta que la actual mandataria recorra semanalmente esas regiones llevando respuestas a las necesidades de las mayorías marginadas y olvidadas.
Quien se tome el trabajo de recorrer las comunidades del interior del país, podrá percatarse cómo el hombre del campo percibe a la Presidenta, como la primera mandataria a nivel nacional que vuelve después de las campañas electorales a cumplir con las promesas hechas por el voto de los más necesitados. Los pocos recursos del Estado son dirigidos a los sectores pobres y tradicionalmente marginados.
La agenda económica, sin embargo, es cuestionada por aquellos a quienes les interesa mantener la productividad máxima de sus intereses económicos, en cualquier tiempo y circunstancia. Ya hemos advertido que una de las principales causas de la actual crisis de nuestra economía radica en la falta de previsión de gobernantes, comerciantes y economistas frente a la realidad que planteaba la entrada en vigencia de los Tratados Torrijos-Carter, en lo relativo a la salida, a finales del siglo, de las tropas militares de los Estados Unidos acantonadas en nuestro territorio y la entrega de la administración del Canal de Panamá a las autoridades panameñas. No se previó, como hemos dicho, la sustitución de los cientos de millones de dólares circulantes que necesariamente saldrían de la economía panameña y los devastadores efectos de esa situación.
Quienes en el sector privado se preocupan por el rumbo de la agenda económica por supuesto que no lo hacen por el efecto de esta situación sobre la agenda social, sino por el efecto sobre sus intereses económicos personales, sin embargo sabemos que en gran parte, de la suerte de la primera depende la segunda. Para que el Gobierno pueda invertir más en la agenda social, la inversión privada debe producir mayor cantidad de impuestos y la mayor o menor inversión privada nacional o extranjera va a depender directamente de la seguridad jurídica que brinde el país a los inversionistas. Son indispensables, entonces, que se produzcan cambios estructurales del ordenamiento legal fundamental, cual es nuestra Carta Magna; mientras no se haga, estaremos constantemente saliendo de un problema para caer en otro.
Por ahora es importante que el sector privado y el gobierno se sienten a encontrar soluciones, pero ese diálogo debe ser franco y que se atrevan a aceptar la realidad sobre los orígenes de la situación.
Para que se logre el principio de la gobernabilidad efectiva, es necesario que las instituciones políticas, sociales y económicas de la República funcionen eficientemente, y para que ello sea así, se requiere la base jurídica indispensable y la voluntad de quienes tienen en sus manos la administración de la cosa pública. Pero la responsabilidad es de todos los panameños, en la medida de que la crisis de gobernabilidad nos afecta a todos en una u otra medida.
