Agosto: 1989 y 1999
El presidente Pérez Balladares y el PRD, desde que su candidato a presidente perdió las elecciones, hacen lo impensable para retener el poder y protegerse contra las demandas que puedan presentarse en su contra en el próximo gobierno. Eso, a nadie debe sorprender porque ese partido y sus dirigentes hacen y dicen lo que sea con tal de mantenerse en el poder. Para que ello se entienda, repasemos los sucesos del mes de agosto de 1989 para compararlos con los de agosto de 1999.
En agosto de 1989, Manuel Solís Palma, como ministro encargado de la Presidencia, presidía un gobierno de facto porque Nicolás Ardito Barletta y Eric Arturo Delvalle, impuestos por fraude en 1984, habían sido depuestos por la dictadura de los militares y el PRD, su brazo civil.
Se aproximaba el 1 de septiembre, fecha en que debía instalarse un nuevo gobierno. El panorama nacional era incierto y sombrío debido a que, a raíz de la aplastante derrota electoral de Carlos Duque, candidato presidencial del PRD, el general Manuel A. Noriega y sus socios civiles habían anulado las elecciones del 7 de mayo.
Las Fuerzas de Defensa y el PRD entretenían a la oposición y a la OEA en inútiles discusiones por un lado. Por otro, organizaban y armaban fuerzas paramilitares, los Batallones de la Dignidad y los Comités de Defensa de la Patria y la Dignidad (CODEPADI). Pero en realidad, Noriega y el PRD tenían planes muy bien elaborados para retener el poder.
El 24 de agosto de 1989 fue develada la parte del plan que la narcodictadura aplicaría el 9 de noviembre de 1989. Un editorial del diario Crítica, expropiado por la dictadura militar, acotó que la única solución a la crisis era volver al "poder popular" y la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos porque la Constitución no proveía solución al problema creado por la anulación de las elecciones.
El 25 de agosto de 1989, Carlos Duque, entonces presidente del PRD y hoy presidente vitalicio de ese partido, aseguró que el gobierno que asumiría el poder el 1 de septiembre debería abstenerse de otorgar espacios políticos a los partidos que lo apoyaban porque era un obstáculo a la buena administración. El 27 de agosto, Duque sacó a relucir la consigna de "la Nueva República" con la cual, Noriega, las Fuerzas de Defensa y el PRD justificarían el golpe que darían el 1 de septiembre.
El día 28 de agosto, Mario Rognoni, alto dirigente del PRD, reveló que la decisión ya estaba tomada pero que no sería anunciada para evitar problemas en el intervalo comprendido entre el anuncio y la instalación de la nueva administración (tres días).
El golpe de Estado se dio el 31 de agosto. Fue esencialmente una repetición del golpe de 1968, cuando los coroneles Pinilla y Urrutia fueron nombrados como presidente y miembro de la Junta Provisional de Gobierno, y del golpe de 1969, cuando Demetrio Basilio Lakas y Arturo Sucre fueron nombrados presidente y vicepresidente de la República, respectivamente.
En el golpe del 31 de agosto jugó un papel estelar Jorge "festival de mentiras" Ritter, hoy ministro del Canal y entonces el ministro de Relaciones Exteriores que se había dedicado a defender al gobierno de facto del general Noriega, alegando inclusive que los dirigentes del cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria y José Gonzalo Rodríguez Gacha no estaban en Panamá bajo la protección de las Fuerzas de Defensa, como se alegaba en el extranjero.
Ese día, al terminar una reunión del Consejo General de Estado, Jorge Ritter anunció al mundo que Francisco Rodríguez Poveda había sido nombrado presidente provisional y Carlos Ozores Typaldos, vicepresidente.
Los militares miembros del Consejo General de Estado que firmaron el nombramiento de Rodríguez Poveda y Carlos Ozores Typaldos, flagrantemente violatorio de la Constitución y la voluntad del pueblo panameño expresada en las urnas, fueron:
General Manuel Antonio Noriega, el Tte. Crnel. Pascual González y el Tte. Crnel. Virgilio Mirones.
Los miembros civiles del Consejo General de Estado que firmaron fueron: Manuel Solís Palma, Jorge Eduardo Ritter, Rodolfo Chiari De León, Orville K. Goodin, René Bultrón, Juan Bosco Bernal; Darién Ayala, Elmo Martínez Blanco, César Martans, José Renán Esquivel, Ricardo Bermúdez, Gustavo R. González, Nánder A. Pitty Velásquez, Celso Carrizo, Francisco Rodríguez, Carlos A. Villalaz, Olmedo Sanjur, Rafael Arosemena, Marta Amado, Azael Purcait, Jaime Simons, Francisco Sánchez Cárdenas, Alejandro Vernaza, Aida B. de Gartner, Alberto Luis Tuñón, Darío Fernández, Darío González de la Barrera, Carlos Orillac, Benjamín Colamarco, Tomás Noriega, Rafael Castrellón, Gilberto Tuñón, Angel Modesto Jaén y Mario Luis Pittí.
Firmaron también como miembros del Consejo General de Estado: Luis Blanco, César Montenegro, Luis Barletta, Bernardo Domínguez, Leovigildo Herrera, Euclides Tejada, Elvia M. de Ortíz, Dagoberto Lara, Ana Villa de Flores, Carlos Estrada, Veyra Remón, Víctor Levy, Victoria Robolt, Marcos Hughes, José D. Araúz, José Rodríguez, Marcos Mariscal, Alberto Arjona, Fermín Herrera, Jorge Bristán y Eufemia Laguna.
Por la gran cantidad de civiles miembros del PRD que aparecen arriba, es obvio que el golpe de Estado del 31 de agosto fue una maniobra conjunta de los militares y el PRD.
Además, ese mismo día, el Consejo General de Estado emitió un acuerdo que adjudicaba la función de legislar a una Comisión de Legislación que no nombró y que fue reemplazada el 9 de noviembre de 1989 con una Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos. Dicho acuerdo, que comprendía otras medidas que trastocaban totalmente el orden hasta entonces establecido, anunció también que el Gobierno Provisional redactaría un nuevo proyecto de Constitución.
Hoy, a diez años de esa fecha, porque perdió las elecciones para presidente, el PRD ha ejecutado otro golpe de Estado a través de la imposición de la Sala Quinta para controlar a la Corte Suprema de Justicia y la asignación de funciones y prerrogativas inconstitucionales a la Asamblea Legislativa, todo con el fin de sabotear el gobierno de la presidenta elegida por el pueblo panameño. Ese PRD golpista, y sus aliados políticos, son los que ahora tienen el coraje de negar el derecho del pueblo panameño a exigir que se convoque una Constituyente para redactar una nueva Carta Magna.
Al comparar la situación de hace diez años con la de ahora, otra cosa llama la atención. En agosto de 1989, el partido Demócrata Cristiano ocupó el puesto más destacado entre los partidos de oposición en la lucha contra la dictadura de los militares y el PRD. Aunque numerosísimos dirigentes y miembros del PDC fueron injuriados y arrestados, no claudicaron. Sin embargo, en agosto de 1999, el partido de los cultos e ilustrados ha forjado una alianza con la caterva de maleantes golpistas del PRD. Hay que preguntarse: ¿Cuáles serán los principios que hoy animan al PDC?
Hoy, cuando el futuro de la Nación está nuevamente en juego por la maldad del PRD, un partido que se burla de la democracia y la justicia, un partido que fomenta y explota satánicamente la miseria y la ignorancia que atormentan al pueblo panameño, hay que preguntar:
¿Hasta cuándo permitiremos que la caterva de maleantes del PRD y sus socios nieguen al pueblo panameño el derecho a vivir un país decente y democrático?
¿Hasta va cuándo vamos a tolerar que los ladrones del poder retengan el control del Estado para apropiarse impunemente del dinero del pueblo panameño? En vísperas del traspaso del Canal a Panamá, ¿permitiremos que nuestra Patria se convierta en una colonia del Partido Revolucionario Democrático?
En agosto de 1989, Manuel Solís Palma, como ministro encargado de la Presidencia, presidía un gobierno de facto porque Nicolás Ardito Barletta y Eric Arturo Delvalle, impuestos por fraude en 1984, habían sido depuestos por la dictadura de los militares y el PRD, su brazo civil.
Se aproximaba el 1 de septiembre, fecha en que debía instalarse un nuevo gobierno. El panorama nacional era incierto y sombrío debido a que, a raíz de la aplastante derrota electoral de Carlos Duque, candidato presidencial del PRD, el general Manuel A. Noriega y sus socios civiles habían anulado las elecciones del 7 de mayo.
Las Fuerzas de Defensa y el PRD entretenían a la oposición y a la OEA en inútiles discusiones por un lado. Por otro, organizaban y armaban fuerzas paramilitares, los Batallones de la Dignidad y los Comités de Defensa de la Patria y la Dignidad (CODEPADI). Pero en realidad, Noriega y el PRD tenían planes muy bien elaborados para retener el poder.
El 24 de agosto de 1989 fue develada la parte del plan que la narcodictadura aplicaría el 9 de noviembre de 1989. Un editorial del diario Crítica, expropiado por la dictadura militar, acotó que la única solución a la crisis era volver al "poder popular" y la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos porque la Constitución no proveía solución al problema creado por la anulación de las elecciones.
El 25 de agosto de 1989, Carlos Duque, entonces presidente del PRD y hoy presidente vitalicio de ese partido, aseguró que el gobierno que asumiría el poder el 1 de septiembre debería abstenerse de otorgar espacios políticos a los partidos que lo apoyaban porque era un obstáculo a la buena administración. El 27 de agosto, Duque sacó a relucir la consigna de "la Nueva República" con la cual, Noriega, las Fuerzas de Defensa y el PRD justificarían el golpe que darían el 1 de septiembre.
El día 28 de agosto, Mario Rognoni, alto dirigente del PRD, reveló que la decisión ya estaba tomada pero que no sería anunciada para evitar problemas en el intervalo comprendido entre el anuncio y la instalación de la nueva administración (tres días).
El golpe de Estado se dio el 31 de agosto. Fue esencialmente una repetición del golpe de 1968, cuando los coroneles Pinilla y Urrutia fueron nombrados como presidente y miembro de la Junta Provisional de Gobierno, y del golpe de 1969, cuando Demetrio Basilio Lakas y Arturo Sucre fueron nombrados presidente y vicepresidente de la República, respectivamente.
En el golpe del 31 de agosto jugó un papel estelar Jorge "festival de mentiras" Ritter, hoy ministro del Canal y entonces el ministro de Relaciones Exteriores que se había dedicado a defender al gobierno de facto del general Noriega, alegando inclusive que los dirigentes del cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria y José Gonzalo Rodríguez Gacha no estaban en Panamá bajo la protección de las Fuerzas de Defensa, como se alegaba en el extranjero.
Ese día, al terminar una reunión del Consejo General de Estado, Jorge Ritter anunció al mundo que Francisco Rodríguez Poveda había sido nombrado presidente provisional y Carlos Ozores Typaldos, vicepresidente.
Los militares miembros del Consejo General de Estado que firmaron el nombramiento de Rodríguez Poveda y Carlos Ozores Typaldos, flagrantemente violatorio de la Constitución y la voluntad del pueblo panameño expresada en las urnas, fueron:
General Manuel Antonio Noriega, el Tte. Crnel. Pascual González y el Tte. Crnel. Virgilio Mirones.
Los miembros civiles del Consejo General de Estado que firmaron fueron: Manuel Solís Palma, Jorge Eduardo Ritter, Rodolfo Chiari De León, Orville K. Goodin, René Bultrón, Juan Bosco Bernal; Darién Ayala, Elmo Martínez Blanco, César Martans, José Renán Esquivel, Ricardo Bermúdez, Gustavo R. González, Nánder A. Pitty Velásquez, Celso Carrizo, Francisco Rodríguez, Carlos A. Villalaz, Olmedo Sanjur, Rafael Arosemena, Marta Amado, Azael Purcait, Jaime Simons, Francisco Sánchez Cárdenas, Alejandro Vernaza, Aida B. de Gartner, Alberto Luis Tuñón, Darío Fernández, Darío González de la Barrera, Carlos Orillac, Benjamín Colamarco, Tomás Noriega, Rafael Castrellón, Gilberto Tuñón, Angel Modesto Jaén y Mario Luis Pittí.
Firmaron también como miembros del Consejo General de Estado: Luis Blanco, César Montenegro, Luis Barletta, Bernardo Domínguez, Leovigildo Herrera, Euclides Tejada, Elvia M. de Ortíz, Dagoberto Lara, Ana Villa de Flores, Carlos Estrada, Veyra Remón, Víctor Levy, Victoria Robolt, Marcos Hughes, José D. Araúz, José Rodríguez, Marcos Mariscal, Alberto Arjona, Fermín Herrera, Jorge Bristán y Eufemia Laguna.
Por la gran cantidad de civiles miembros del PRD que aparecen arriba, es obvio que el golpe de Estado del 31 de agosto fue una maniobra conjunta de los militares y el PRD.
Además, ese mismo día, el Consejo General de Estado emitió un acuerdo que adjudicaba la función de legislar a una Comisión de Legislación que no nombró y que fue reemplazada el 9 de noviembre de 1989 con una Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos. Dicho acuerdo, que comprendía otras medidas que trastocaban totalmente el orden hasta entonces establecido, anunció también que el Gobierno Provisional redactaría un nuevo proyecto de Constitución.
Hoy, a diez años de esa fecha, porque perdió las elecciones para presidente, el PRD ha ejecutado otro golpe de Estado a través de la imposición de la Sala Quinta para controlar a la Corte Suprema de Justicia y la asignación de funciones y prerrogativas inconstitucionales a la Asamblea Legislativa, todo con el fin de sabotear el gobierno de la presidenta elegida por el pueblo panameño. Ese PRD golpista, y sus aliados políticos, son los que ahora tienen el coraje de negar el derecho del pueblo panameño a exigir que se convoque una Constituyente para redactar una nueva Carta Magna.
Al comparar la situación de hace diez años con la de ahora, otra cosa llama la atención. En agosto de 1989, el partido Demócrata Cristiano ocupó el puesto más destacado entre los partidos de oposición en la lucha contra la dictadura de los militares y el PRD. Aunque numerosísimos dirigentes y miembros del PDC fueron injuriados y arrestados, no claudicaron. Sin embargo, en agosto de 1999, el partido de los cultos e ilustrados ha forjado una alianza con la caterva de maleantes golpistas del PRD. Hay que preguntarse: ¿Cuáles serán los principios que hoy animan al PDC?
Hoy, cuando el futuro de la Nación está nuevamente en juego por la maldad del PRD, un partido que se burla de la democracia y la justicia, un partido que fomenta y explota satánicamente la miseria y la ignorancia que atormentan al pueblo panameño, hay que preguntar:
¿Hasta cuándo permitiremos que la caterva de maleantes del PRD y sus socios nieguen al pueblo panameño el derecho a vivir un país decente y democrático?
¿Hasta va cuándo vamos a tolerar que los ladrones del poder retengan el control del Estado para apropiarse impunemente del dinero del pueblo panameño? En vísperas del traspaso del Canal a Panamá, ¿permitiremos que nuestra Patria se convierta en una colonia del Partido Revolucionario Democrático?
