Agro y TLC
Frente al clamor de organizaciones agropecuarias que claman por la exclusión del sector en las actuales negociaciones que adelanta nuestro país con Estados Unidos para la firma de un tratado de libre comercio, la mejor alternativa no es la imposición sino el diálogo. Se trata de un rubro demasiado importante para el patrimonio social, económico, cultural y estratégico nacional, para ser tomado a la ligera.
Ver el problema como un asunto estrictamente económico, de aporte al Producto Interno Bruto y como fuente de empleos daría por resultado una visión incompleta que podría conducir a graves errores de visión y decisión. Decir, por ejemplo, que la actividad provee el 35% de todos los empleos puede parecer exagerado, pero no tanto. Cierto que en el porcentaje figura una mayoría que practica la agricultura como mera subsistencia. Pero no por eso debe menospreciarse porque, así y todo, el agricultor de subsistencia genera su propio sustento y el de su familia, ninguno de los cuales es una carga total para el Estado.
Un agricultor que provee a su propia subsistencia y la de los suyos, es un problema menos para la Cuenca del Canal, sin cuya conservación, no habría tercer juego de esclusas, ni árboles, ni vía interoceánica. Es obvio que si a ese agricultor se le priva de su entorno, se desplazaría presuroso hacia la Cuenca por su proximidad a las magnas obras que se proyectan y al área metropolitana. Esa es una visión estratégica del problema, de forzada consideración por quienes han de tomar la decisión final.
Cuando Estados Unidos incorpora a México al tratado de libre comercio de América del Norte, no lo hace por consideración al mercado de su pauperizado vecino del sur, ni por la potencial relevancia del mismo vecino como centro fabril alternativo, sino por evitar que se agravara el problema de la imigración mexicana hacia sus fronteras, lo cual habría sido inevitable si, marginándosele del tratado, Canadá y Estados Unidos multiplicaban su emporio de riqueza justo al lado de México. La decisión pues de incorporación del último, fue más política y estratégica que económica.
Nuestro agro merece consideraciones similares, que trasciendan a lo puramente económico. No es aconsejable marginarlo del proceso, como ingenuamente proponen los propios agricultores. Pero tampoco se les puede desproteger y abandonar a su suerte. La especial situación de un agro panameño, presionando sobre una de las rutas marítimas más importantes del planeta, constituye un factor de tal trascendencia y particularidad, ausente de todos los demás TLC, que merece ser puesto sin atenuantes sobre la mesa. Y créanlo, Estados Unidos sabe entender muy bien de lo que estamos hablando.
Toca, igualmente a la saliente Asamblea Legislativa, atender la solicitud de la sociedad civil ambiental para que se declaren santuarios balleneros a las aguas territoriales y jurisdiccionales de la República de Panamá.
En el período legislativo pasado, entregamos un anteproyecto elaborado sobre el Santuario Ballenero de Panamá a la Comisión de Ambiente y Desarrollo, al legislador Elías Castillo, por vía de la participación o iniciativa ciudadana, por lo que corresponde a la cámara legislativa proceder de acuerdo a la forma más expedita para lograr que Panamá pase de ser una nación con una imagen internacional de país vendido o comprado, a la de aquel que lidera la protección de las ballenas.
La adopción de la nueva imagen conservacionista de las ballenas, que se lleve a Sorrento, Italia, así como la declaración del Santuario Ballenero de Panamá, enviará un mensaje al mundo que nuestro país podría capitalizar para, entre otros, lograr atraer ecoturistas de avistamientos de cetáceos, que estimamos puede significar entre 50 y 100 millones de dólares anuales, contribuyendo a inyectar recursos o ingresos a poblaciones marino costeras e insulares que hoy se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema.
Ver el problema como un asunto estrictamente económico, de aporte al Producto Interno Bruto y como fuente de empleos daría por resultado una visión incompleta que podría conducir a graves errores de visión y decisión. Decir, por ejemplo, que la actividad provee el 35% de todos los empleos puede parecer exagerado, pero no tanto. Cierto que en el porcentaje figura una mayoría que practica la agricultura como mera subsistencia. Pero no por eso debe menospreciarse porque, así y todo, el agricultor de subsistencia genera su propio sustento y el de su familia, ninguno de los cuales es una carga total para el Estado.
Un agricultor que provee a su propia subsistencia y la de los suyos, es un problema menos para la Cuenca del Canal, sin cuya conservación, no habría tercer juego de esclusas, ni árboles, ni vía interoceánica. Es obvio que si a ese agricultor se le priva de su entorno, se desplazaría presuroso hacia la Cuenca por su proximidad a las magnas obras que se proyectan y al área metropolitana. Esa es una visión estratégica del problema, de forzada consideración por quienes han de tomar la decisión final.
Cuando Estados Unidos incorpora a México al tratado de libre comercio de América del Norte, no lo hace por consideración al mercado de su pauperizado vecino del sur, ni por la potencial relevancia del mismo vecino como centro fabril alternativo, sino por evitar que se agravara el problema de la imigración mexicana hacia sus fronteras, lo cual habría sido inevitable si, marginándosele del tratado, Canadá y Estados Unidos multiplicaban su emporio de riqueza justo al lado de México. La decisión pues de incorporación del último, fue más política y estratégica que económica.
Nuestro agro merece consideraciones similares, que trasciendan a lo puramente económico. No es aconsejable marginarlo del proceso, como ingenuamente proponen los propios agricultores. Pero tampoco se les puede desproteger y abandonar a su suerte. La especial situación de un agro panameño, presionando sobre una de las rutas marítimas más importantes del planeta, constituye un factor de tal trascendencia y particularidad, ausente de todos los demás TLC, que merece ser puesto sin atenuantes sobre la mesa. Y créanlo, Estados Unidos sabe entender muy bien de lo que estamos hablando.
Toca, igualmente a la saliente Asamblea Legislativa, atender la solicitud de la sociedad civil ambiental para que se declaren santuarios balleneros a las aguas territoriales y jurisdiccionales de la República de Panamá.
En el período legislativo pasado, entregamos un anteproyecto elaborado sobre el Santuario Ballenero de Panamá a la Comisión de Ambiente y Desarrollo, al legislador Elías Castillo, por vía de la participación o iniciativa ciudadana, por lo que corresponde a la cámara legislativa proceder de acuerdo a la forma más expedita para lograr que Panamá pase de ser una nación con una imagen internacional de país vendido o comprado, a la de aquel que lidera la protección de las ballenas.
La adopción de la nueva imagen conservacionista de las ballenas, que se lleve a Sorrento, Italia, así como la declaración del Santuario Ballenero de Panamá, enviará un mensaje al mundo que nuestro país podría capitalizar para, entre otros, lograr atraer ecoturistas de avistamientos de cetáceos, que estimamos puede significar entre 50 y 100 millones de dólares anuales, contribuyendo a inyectar recursos o ingresos a poblaciones marino costeras e insulares que hoy se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema.
