¿Ahora las vallas?
Hace rato ya se escucha en todo el país el estribillo “seguridad jurídica”, evitemos esto o aquello, so pretexto de no afectarla. Estoy seguro que dicha frase ha llegado a sus oídos. Como abogado de profesión, tengo la obligación ética y moral de velar porque el ordenamiento jurídico impere y se respete por todos los ciudadanos; no obstante, me he encontrado con una particular situación que, a mi criterio, habrá de afectar la seguridad jurídica.
Recientemente, fue publicado en la Gaceta Oficial 24,771, el Decreto Ejecutivo No.21, debidamente firmado por la Presidenta de la República y el Ministro del MOP, donde se establece de un solo tintazo que será potestad del Ministerio de Obras Pública (MOP) autorizar la instalación o remoción de anuncios publicitarios en las zonas contiguas a las vías públicas a nivel nacional; esto es que, las famosas y popularmente conocidas vallas o rótulos, serán facultadas por el jerarca del MOP tanto para su instalación o eliminación.
Lo anterior, respetado lector, es atentar contra la seguridad jurídica, ya que las reglas burocráticas o no que rigen la materia, le corresponden a los endebles y golpeados municipios; los cuales encuentran el sustento jurídico en las disposiciones normadas en el antiquísimo, pero garante del orden, Código Administrativo.
Ya existen empresas que comienzan a consultar sobre la nueva medida, la cual está rigiendo desde el momento de la promulgación del aludido decreto. Si actualmente la administración pública es objeto de todo tipo de cuestionamiento, y de esto no escapa ninguno de los tres Organos del Estado, por qué agregar un nuevo ingrediente que habrá de convertirse en caldo de cultivo para que se cuestione, entonces, qué es lo que hay detrás de tal disposición. A este planteamiento hay que añadirle la mejor de todas las sazones: la política, la cual ya arrancó y habrá de llegar a su cenit en mayo de 2004, lo que dará mucha batería entre las vallas de unos pro gobierno y el resto de la oposición. Bueno, aunque hay uno por ahí que dice ser independiente de verdad, luego de haber participado en el gobierno anterior y en el actual. Esta postura no es más que “juega vivo” a su máxima expresión.
Todos somos testigos que las vallas de los tres candidatos a las elecciones internas del partido gobiernista, están por todo el país con colores llamativos, fotos de tamaño gigantesco y el arte indiscutiblemente moderno; lo reconozco, dichas vallas son de primera y se ven bien. Dichos candidatos han contratado su publicidad a través de una empresa y ésta recurre a obtener el respectivo permiso en el correspondiente municipio. Resultado: todo marcha en orden y las reglas del juego se aplican equitativa e igualitariamente para todos, gobierno, oposición y eclécticos.
Lo que no se puede permitir es que sea un ministro, esto sin personalizar, que obedece al Ejecutivo, el que determine quién sí puede tener una valla y quién no, a quién le exonerarán, a quién le otorgarán el mejor puesto o ubicación, a quién le exigirán entre otros requisitos que incluya una certificación del planeta Marte, etc.
A través de este decreto, todo candidato afín al partido gobernante gozará del beneplácito y visto bueno del que manda, mientras que el resto tendrá que esperar cómo la empresa hace el respectivo lobby para conseguir la autorización. Con esto se perjudican tanto las empresas dedicadas a este negocio como las reglas del juego democrático; y esto, vuelvo y recalco, acaba, violenta y mutila la seguridad jurídica en el país.
Ya la Corte Suprema de Justicia en una ocasión emitió un fallo sobre este tema, resolviendo a favor de los municipios (agosto de 1996). Para ser más claro aún, quedó establecido que el alcalde es el único facultado para conceder o negar la instalación de vallas o rótulos. Como profesional del derecho, apelo al sentido común, al factor justicia tanto del Ministro del MOP como el de la Presidenta, ya que mientras esto lo pueda decidir nuestra congestionada Corte, algunos municipios que son como especies en extinción, no tendrán entre sus ingresos, ni para comprar un abanico de techo. Respetemos el orden jurídico, el Alcalde o Alcaldesa no pueden ser funcionarios que sólo recojan basura u otorguen órdenes honoríficas. Conozcamos la vida municipal de otras latitudes de la orbe, para que comprendamos lo importante de su razón de ser, evitemos que dicho decreto ejecutivo, se preste para alegrar más el vecindario y para despertar suspicacias políticas sobre quién se verá beneficiado con la nueva medida. Si lo que se busca es mejorar el ornato y la estética de las avenidas, eso corresponde exclusivamente a los municipios, sino pues, hagamos lo que me comentó un sabio anciano del barrio, “tumbemos la ciudad con todos adentro y otros que hagan una nueva”.
¿Ahora las vallas? Nos preguntamos algunos. ¿Mañana qué será? No violentemos el orden jurídico y no sigamos de esa manera, ¡por favor!
Recientemente, fue publicado en la Gaceta Oficial 24,771, el Decreto Ejecutivo No.21, debidamente firmado por la Presidenta de la República y el Ministro del MOP, donde se establece de un solo tintazo que será potestad del Ministerio de Obras Pública (MOP) autorizar la instalación o remoción de anuncios publicitarios en las zonas contiguas a las vías públicas a nivel nacional; esto es que, las famosas y popularmente conocidas vallas o rótulos, serán facultadas por el jerarca del MOP tanto para su instalación o eliminación.
Lo anterior, respetado lector, es atentar contra la seguridad jurídica, ya que las reglas burocráticas o no que rigen la materia, le corresponden a los endebles y golpeados municipios; los cuales encuentran el sustento jurídico en las disposiciones normadas en el antiquísimo, pero garante del orden, Código Administrativo.
Ya existen empresas que comienzan a consultar sobre la nueva medida, la cual está rigiendo desde el momento de la promulgación del aludido decreto. Si actualmente la administración pública es objeto de todo tipo de cuestionamiento, y de esto no escapa ninguno de los tres Organos del Estado, por qué agregar un nuevo ingrediente que habrá de convertirse en caldo de cultivo para que se cuestione, entonces, qué es lo que hay detrás de tal disposición. A este planteamiento hay que añadirle la mejor de todas las sazones: la política, la cual ya arrancó y habrá de llegar a su cenit en mayo de 2004, lo que dará mucha batería entre las vallas de unos pro gobierno y el resto de la oposición. Bueno, aunque hay uno por ahí que dice ser independiente de verdad, luego de haber participado en el gobierno anterior y en el actual. Esta postura no es más que “juega vivo” a su máxima expresión.
Todos somos testigos que las vallas de los tres candidatos a las elecciones internas del partido gobiernista, están por todo el país con colores llamativos, fotos de tamaño gigantesco y el arte indiscutiblemente moderno; lo reconozco, dichas vallas son de primera y se ven bien. Dichos candidatos han contratado su publicidad a través de una empresa y ésta recurre a obtener el respectivo permiso en el correspondiente municipio. Resultado: todo marcha en orden y las reglas del juego se aplican equitativa e igualitariamente para todos, gobierno, oposición y eclécticos.
Lo que no se puede permitir es que sea un ministro, esto sin personalizar, que obedece al Ejecutivo, el que determine quién sí puede tener una valla y quién no, a quién le exonerarán, a quién le otorgarán el mejor puesto o ubicación, a quién le exigirán entre otros requisitos que incluya una certificación del planeta Marte, etc.
A través de este decreto, todo candidato afín al partido gobernante gozará del beneplácito y visto bueno del que manda, mientras que el resto tendrá que esperar cómo la empresa hace el respectivo lobby para conseguir la autorización. Con esto se perjudican tanto las empresas dedicadas a este negocio como las reglas del juego democrático; y esto, vuelvo y recalco, acaba, violenta y mutila la seguridad jurídica en el país.
Ya la Corte Suprema de Justicia en una ocasión emitió un fallo sobre este tema, resolviendo a favor de los municipios (agosto de 1996). Para ser más claro aún, quedó establecido que el alcalde es el único facultado para conceder o negar la instalación de vallas o rótulos. Como profesional del derecho, apelo al sentido común, al factor justicia tanto del Ministro del MOP como el de la Presidenta, ya que mientras esto lo pueda decidir nuestra congestionada Corte, algunos municipios que son como especies en extinción, no tendrán entre sus ingresos, ni para comprar un abanico de techo. Respetemos el orden jurídico, el Alcalde o Alcaldesa no pueden ser funcionarios que sólo recojan basura u otorguen órdenes honoríficas. Conozcamos la vida municipal de otras latitudes de la orbe, para que comprendamos lo importante de su razón de ser, evitemos que dicho decreto ejecutivo, se preste para alegrar más el vecindario y para despertar suspicacias políticas sobre quién se verá beneficiado con la nueva medida. Si lo que se busca es mejorar el ornato y la estética de las avenidas, eso corresponde exclusivamente a los municipios, sino pues, hagamos lo que me comentó un sabio anciano del barrio, “tumbemos la ciudad con todos adentro y otros que hagan una nueva”.
¿Ahora las vallas? Nos preguntamos algunos. ¿Mañana qué será? No violentemos el orden jurídico y no sigamos de esa manera, ¡por favor!
