Ahora o nunca, señor presidente
LAS INVESTIGACIONES realizadas luego de las tragedias más dramáticas ocurridas durante los últimos años, han revelado un fondo de corrupción y negociados.
Es de conocimiento público que detrás de las inundaciones del proyecto de viviendas denominado "Prados el Este", además de negligencia por parte de la empresa promotora, existió un negociado millonario entre los dueños de ésta y altos funcionarios del Banco Nacional de la pasada administración.
En el caso de las muertes de más de 35 personas por el Síndrome de Insuficiencia Renal Aguda, las investigaciones preliminares apuntan hacia malos manejos en la adquisición de materia prima utilizada en la preparación de algunos medicamentos.
Por último, lo que se está descubriendo tras el terrible accidente en que murieron quemadas 18 personas, es todavía más triste y preocupante.
El padecimiento de quienes perdieron la vida en medio de la más desesperante agonía y el sufrimiento de sus familiares obliga a conducir las investigaciones de manera transparente y eficiente, para encontrar y castigar a los responsables.
Por ellos, por los asegurados y por quienes no tienen otra opción de transporte que el colectivo, debemos todos promover los cambios tendientes a garantizar que nada parecido vuelva a ocurrir.
Después del accidente del bus, el Gobierno ha actuado con firmeza y eficiencia. Sin embargo, aunque necesarias en esta etapa, las medidas que se han tomado no van a resolver el problema de fondo.
Resulta evidente que la inspección de buses que se está llevando a cabo en estos momentos, es insostenible en el largo plazo. Sabemos también, que los transportistas se lo están aguantando por las circunstancias actuales, pero en cualquier momento, se organizan y vuelven a sus andanzas. No es suficiente inspeccionar buses y eliminar pavos, porque con ello no se está atacando lo que propicia el comportamiento irresponsable y desordenado de los propietarios y conductores de buses y taxis.
Una breve mirada al pasado sustenta este planteamiento. Los esfuerzos que se han hecho en distintas administraciones para resolver el problema del transporte han sido infructuosos, precisamente, porque no se lo ha atacado desde la raíz. Por la misma razón, los intentos por mejorar el servicio fracasan repetidamente, ante la manipulación, las amenazas y los paros de los ungidos transportistas, a quienes el sistema de cupos les otorga el control de la situación.
El Presidente cuenta con el apoyo de cientos de miles de panameños que estamos dolidos e indignados por las recientes desgracias y que nos sentimos impotentes frente a los abusos de los transportistas. Esta coyuntura le brinda una oportunidad sin precedentes, que este gobierno debe aprovechar para eliminar, de una vez por todas, los privilegios del sistema de cupos con que se beneficia a unos pocos, en perjuicio de la gran mayoría de panameños que experimentan a diario, los horrores del servicio de transporte colectivo.
Con el deseo de hacer un pequeño aporte, me permito proponer que el sistema actual de cupos sea reemplazado por uno de empresas que den el servicio bajo las más exigentes reglas de operación y estrictos controles de calidad. Si bien las empresas serían las dueñas de los buses y taxis, los conductores tendrían el deber de cuidarlos y el derecho a participar de las ganancias. Las concesiones serían analizadas y otorgadas por una junta directiva compuesta por personas con conocimiento de la materia e identificadas con las necesidades de los usuarios. Este sistema permitiría brindar el servicio de manera formal y ordenada, haciendo más fácil la labor de inspección, supervisión y fiscalización.
En esta misma línea de ideas, hago un llamado a las autoridades del Órgano Legislativo, del Ejecutivo y a la sociedad organizada, para que unidos, logremos que se apruebe en nuestro país una ley que obligue a todo propietario de un vehículo de transporte a contratar un seguro que los cubra, por lo menos, contra daños a terceros.
Igualmente, propongo que se reestructure la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, para darle mayor independencia y autoridad; haciéndola, por consiguiente, más eficiente y efectiva.
Es necesario tomar medidas que conduzcan a un verdadero cambio, si no queremos tener pronto una nueva tragedia. El pueblo lo está pidiendo a gritos. ¡Ahora o nunca, Señor Presidente!
Es de conocimiento público que detrás de las inundaciones del proyecto de viviendas denominado "Prados el Este", además de negligencia por parte de la empresa promotora, existió un negociado millonario entre los dueños de ésta y altos funcionarios del Banco Nacional de la pasada administración.
En el caso de las muertes de más de 35 personas por el Síndrome de Insuficiencia Renal Aguda, las investigaciones preliminares apuntan hacia malos manejos en la adquisición de materia prima utilizada en la preparación de algunos medicamentos.
Por último, lo que se está descubriendo tras el terrible accidente en que murieron quemadas 18 personas, es todavía más triste y preocupante.
El padecimiento de quienes perdieron la vida en medio de la más desesperante agonía y el sufrimiento de sus familiares obliga a conducir las investigaciones de manera transparente y eficiente, para encontrar y castigar a los responsables.
Por ellos, por los asegurados y por quienes no tienen otra opción de transporte que el colectivo, debemos todos promover los cambios tendientes a garantizar que nada parecido vuelva a ocurrir.
Después del accidente del bus, el Gobierno ha actuado con firmeza y eficiencia. Sin embargo, aunque necesarias en esta etapa, las medidas que se han tomado no van a resolver el problema de fondo.
Resulta evidente que la inspección de buses que se está llevando a cabo en estos momentos, es insostenible en el largo plazo. Sabemos también, que los transportistas se lo están aguantando por las circunstancias actuales, pero en cualquier momento, se organizan y vuelven a sus andanzas. No es suficiente inspeccionar buses y eliminar pavos, porque con ello no se está atacando lo que propicia el comportamiento irresponsable y desordenado de los propietarios y conductores de buses y taxis.
Una breve mirada al pasado sustenta este planteamiento. Los esfuerzos que se han hecho en distintas administraciones para resolver el problema del transporte han sido infructuosos, precisamente, porque no se lo ha atacado desde la raíz. Por la misma razón, los intentos por mejorar el servicio fracasan repetidamente, ante la manipulación, las amenazas y los paros de los ungidos transportistas, a quienes el sistema de cupos les otorga el control de la situación.
El Presidente cuenta con el apoyo de cientos de miles de panameños que estamos dolidos e indignados por las recientes desgracias y que nos sentimos impotentes frente a los abusos de los transportistas. Esta coyuntura le brinda una oportunidad sin precedentes, que este gobierno debe aprovechar para eliminar, de una vez por todas, los privilegios del sistema de cupos con que se beneficia a unos pocos, en perjuicio de la gran mayoría de panameños que experimentan a diario, los horrores del servicio de transporte colectivo.
Con el deseo de hacer un pequeño aporte, me permito proponer que el sistema actual de cupos sea reemplazado por uno de empresas que den el servicio bajo las más exigentes reglas de operación y estrictos controles de calidad. Si bien las empresas serían las dueñas de los buses y taxis, los conductores tendrían el deber de cuidarlos y el derecho a participar de las ganancias. Las concesiones serían analizadas y otorgadas por una junta directiva compuesta por personas con conocimiento de la materia e identificadas con las necesidades de los usuarios. Este sistema permitiría brindar el servicio de manera formal y ordenada, haciendo más fácil la labor de inspección, supervisión y fiscalización.
En esta misma línea de ideas, hago un llamado a las autoridades del Órgano Legislativo, del Ejecutivo y a la sociedad organizada, para que unidos, logremos que se apruebe en nuestro país una ley que obligue a todo propietario de un vehículo de transporte a contratar un seguro que los cubra, por lo menos, contra daños a terceros.
Igualmente, propongo que se reestructure la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, para darle mayor independencia y autoridad; haciéndola, por consiguiente, más eficiente y efectiva.
Es necesario tomar medidas que conduzcan a un verdadero cambio, si no queremos tener pronto una nueva tragedia. El pueblo lo está pidiendo a gritos. ¡Ahora o nunca, Señor Presidente!
