¿Ahora quién podrá defendernos?
Recientemente, me comentaba un amigo que porqué no iniciaba una especie de campaña contra la injusticia que se comete contra los jubilados y pensionados, al permitirse descuentos de hasta el 75% de sus emolumentos mensuales al adquirir un préstamo personal en cualquier institución financiera, mientras que para los empleados activos, público y privados, el porcentaje permitido por Ley es el de 20%. Le expliqué que desde hace varios años, a través de la prensa escrita y hablada, he llamado la atención de los funcionarios de la Caja de Seguro Social sobre la injusticia de permitir descuentos tan elevados que impiden a esas personas vivir con cierto decoro en sus últimos años. La respuesta era que estos descuentos fueron solicitados por los gremios que aglutinan a los pensionados y jubilados.
Como Panamá está saturado de reglamentos para cada cosa, con lógica o sin ella, se me recomendó que buscara la forma de lograr la aprobación de una ley que prohibiera descuentos en exceso del 20% a los jubilados y pensionados, similar a la que aplica para los empleados tanto públicos como privados.
Para mi sorpresa, hace un par de años, por medio de una ley que jocosamente fue denominada en su encabezado, “para protección de los jubilados y pensionados”, se avaló el injusto, y hasta entonces ilegal, descuento del 75% para quienes merecen cariño, respeto y protección, tanto de sus familiares, como de las autoridades. La aducida justificación a la misma siguió siendo la de siempre: “porque la solicitaron los propios jubilados y pensionados”.
¿Tendrán idea los legisladores, el número de jubilados y pensionados que existen en nuestro país? ¿Será posible que un minúsculo porcentaje de éstos hayan logrado convencer a los “Padres de la Patria”? Me inclino a pensar que para favorecer a instituciones financieras y mueblerías, no midieron las consecuencias negativas para los hogares que dependen exclusivamente de los magros ingresos de los jubilados y pensionados.
Cómo pretenden justificar lo que matemáticamente no es factible; es decir, si el 100% de tus ingresos no alcanzan para mantener una vida digna, ¿el reducir éstos al 25%, mejorará tu calidad de vida? De algo tan sencillos de entender se trata mi llamado de atención. Ni aunque lo hubieran solicitado todos y cada uno de los jubilados y pensionados del país, cosa que no se dio, jamás se debió aprobar tan injusta ley, pues las leyes deben ser para favorecer a los ciudadanos, nunca para perjudicarlos.
La única forma de proteger a las personas que tanto se sacrificaron por los suyos durante su vida útil, es permitiéndoles vivir con decoro sus últimos años. Hagamos justicia a los jubilados y pensionados eliminando los descuentos onerosos e injustos.
(* Coordinadora Internacional Recivex, International Venezuelan Council for Democracy (IVCD).(c)
www.aipenet.com)
Como Panamá está saturado de reglamentos para cada cosa, con lógica o sin ella, se me recomendó que buscara la forma de lograr la aprobación de una ley que prohibiera descuentos en exceso del 20% a los jubilados y pensionados, similar a la que aplica para los empleados tanto públicos como privados.
Para mi sorpresa, hace un par de años, por medio de una ley que jocosamente fue denominada en su encabezado, “para protección de los jubilados y pensionados”, se avaló el injusto, y hasta entonces ilegal, descuento del 75% para quienes merecen cariño, respeto y protección, tanto de sus familiares, como de las autoridades. La aducida justificación a la misma siguió siendo la de siempre: “porque la solicitaron los propios jubilados y pensionados”.
¿Tendrán idea los legisladores, el número de jubilados y pensionados que existen en nuestro país? ¿Será posible que un minúsculo porcentaje de éstos hayan logrado convencer a los “Padres de la Patria”? Me inclino a pensar que para favorecer a instituciones financieras y mueblerías, no midieron las consecuencias negativas para los hogares que dependen exclusivamente de los magros ingresos de los jubilados y pensionados.
Cómo pretenden justificar lo que matemáticamente no es factible; es decir, si el 100% de tus ingresos no alcanzan para mantener una vida digna, ¿el reducir éstos al 25%, mejorará tu calidad de vida? De algo tan sencillos de entender se trata mi llamado de atención. Ni aunque lo hubieran solicitado todos y cada uno de los jubilados y pensionados del país, cosa que no se dio, jamás se debió aprobar tan injusta ley, pues las leyes deben ser para favorecer a los ciudadanos, nunca para perjudicarlos.
La única forma de proteger a las personas que tanto se sacrificaron por los suyos durante su vida útil, es permitiéndoles vivir con decoro sus últimos años. Hagamos justicia a los jubilados y pensionados eliminando los descuentos onerosos e injustos.
(* Coordinadora Internacional Recivex, International Venezuelan Council for Democracy (IVCD).(c)
www.aipenet.com)
