Ahora, también, terrorismo presupuestario
La Asamblea Legislativa tiene tres funciones principales: 1) Legislativas, es decir, producir las leyes necesarias para el funcionamiento del Estado; 2) Administrativas, que consisten en fiscalizar el funcionamiento de la Administración Pública y, además, en nombrar o ratificar, según sea el caso, al Contralor, a los magistrados de la Corte, a los procuradores y a los directores de entidades autónomas y 3) Judiciales, cuando le corresponde juzgar al Presidente de la República o los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Para cumplir esas funciones, como todos sabemos, los miembros de "la augusta cámara" están rodeados de privilegios que constituyen un insulto a la miseria y la pobreza que golpea el 50% de la población panameña.
El país entero conoce el nivel de incompetencia con que la actual Asamblea Legislativa, dominada por el PRD, ha aparentado desempeñar sus funciones.
Para muestra, algunos botones:
A pesar de sesionar durante 8 meses al año, su producción legislativa ha sido pobre y, con frecuencia, carente de independencia, porque ha estado subordinada a los dictados del "rgano Ejecutivo.
La vagancia y el ausentismo se han establecido como práctica corriente. Y, además, han sido premiadas con sesiones extraordinarias, que han consumido recursos adicionales, por cifras millonarias.
En forma absurda e injustificada ha renunciado a sus funciones legislativas, delegándoselas al "rgano Ejecutivo, que las ha ejercido mediante Decretos-leyes que nunca han sido discutidos por la Asamblea, en abierta violación de la Constitución Nacional.
Se malgastó tiempo y recursos de los contribuyentes para montar la pantomima del juicio seguido al magistrado Faúndes, cuyo vergonzoso resultado es de todos conocido.
Sistemáticamente se ha opuesto a la comparecencia de los ministros del PRD, para evitar que rindan cuentas sobre su actuación.
Todos los años se han aumentado las llamadas partidas circuitales; ese engendro siniestro, que se ha convertido en un mecanismo para fabricar reelecciones y que nada tiene que ver con la función de legislar.
Ahora, para coronar su largo rosario de "hazañas legislativas", a los integrantes de la bancada mayoritaria se les ha ocurrido la brillante idea de crearse su feudo financiero, mediante la incorporación a su presupuesto de funcionamiento de las denominadas "partidas circuitales", con el propósito de manejarlas a su antojo y sin ningún control.
Y no conformes con esa barbaridad, también han decidido incluir en su proyecto a la Contraloría General de la República, proponiendo, de buenas a primeras, doblarle el presupuesto.
Las partidas circuitales son una aberración que debe ser eliminada. La ejecución de obras no es parte de las funciones de los legisladores.
Como es fácil suponer, con esa nueva viveza, los señores del PRD, que dan por sentado que el próximo Contralor saldrá de sus filas, pretenden conseguir los fondos para fabricarse dos "cuarteles de invierno", para cobijar a sus más allegados.
De salirse con la suya, ya veríamos cómo se repetirían en las planillas de la Asamblea y de la Contraloría, muchos nombres de figuras conocidas de ese partido y que el pueblo ha rechazado pública y electoralmente.
Por lo pronto, se impone que la Contraloría General de la República haga un pronunciamiento claro, que no deje lugar a dudas, sobre su conocimiento y participación en esta propuesta.
Y también se impone que el Presidente de la República le informe al país si esa iniciativa cuenta con su apoyo.
En materia presupuestaria la Asamblea Legislativa tiene solamente las atribuciones que le señala la Constitución y ellas le impiden aumentar los renglones de gastos en forma arbitraria.
Con buen sentido, la Constitución vigente limitó las funciones presupuestarias de la Asamblea. De no haber sido así mucho tendríamos ahora que lamentar.
Tal vez sería oportuno que, antes de continuar con su insensatez, los gestores de la idea repasaran el capítulo correspondiente al Presupuesto General del Estado (artículos 264 y siguientes de la Constitución Política) que ellos están obligados a respetar.
Para cumplir esas funciones, como todos sabemos, los miembros de "la augusta cámara" están rodeados de privilegios que constituyen un insulto a la miseria y la pobreza que golpea el 50% de la población panameña.
El país entero conoce el nivel de incompetencia con que la actual Asamblea Legislativa, dominada por el PRD, ha aparentado desempeñar sus funciones.
Para muestra, algunos botones:
A pesar de sesionar durante 8 meses al año, su producción legislativa ha sido pobre y, con frecuencia, carente de independencia, porque ha estado subordinada a los dictados del "rgano Ejecutivo.
La vagancia y el ausentismo se han establecido como práctica corriente. Y, además, han sido premiadas con sesiones extraordinarias, que han consumido recursos adicionales, por cifras millonarias.
En forma absurda e injustificada ha renunciado a sus funciones legislativas, delegándoselas al "rgano Ejecutivo, que las ha ejercido mediante Decretos-leyes que nunca han sido discutidos por la Asamblea, en abierta violación de la Constitución Nacional.
Se malgastó tiempo y recursos de los contribuyentes para montar la pantomima del juicio seguido al magistrado Faúndes, cuyo vergonzoso resultado es de todos conocido.
Sistemáticamente se ha opuesto a la comparecencia de los ministros del PRD, para evitar que rindan cuentas sobre su actuación.
Todos los años se han aumentado las llamadas partidas circuitales; ese engendro siniestro, que se ha convertido en un mecanismo para fabricar reelecciones y que nada tiene que ver con la función de legislar.
Ahora, para coronar su largo rosario de "hazañas legislativas", a los integrantes de la bancada mayoritaria se les ha ocurrido la brillante idea de crearse su feudo financiero, mediante la incorporación a su presupuesto de funcionamiento de las denominadas "partidas circuitales", con el propósito de manejarlas a su antojo y sin ningún control.
Y no conformes con esa barbaridad, también han decidido incluir en su proyecto a la Contraloría General de la República, proponiendo, de buenas a primeras, doblarle el presupuesto.
Las partidas circuitales son una aberración que debe ser eliminada. La ejecución de obras no es parte de las funciones de los legisladores.
Como es fácil suponer, con esa nueva viveza, los señores del PRD, que dan por sentado que el próximo Contralor saldrá de sus filas, pretenden conseguir los fondos para fabricarse dos "cuarteles de invierno", para cobijar a sus más allegados.
De salirse con la suya, ya veríamos cómo se repetirían en las planillas de la Asamblea y de la Contraloría, muchos nombres de figuras conocidas de ese partido y que el pueblo ha rechazado pública y electoralmente.
Por lo pronto, se impone que la Contraloría General de la República haga un pronunciamiento claro, que no deje lugar a dudas, sobre su conocimiento y participación en esta propuesta.
Y también se impone que el Presidente de la República le informe al país si esa iniciativa cuenta con su apoyo.
En materia presupuestaria la Asamblea Legislativa tiene solamente las atribuciones que le señala la Constitución y ellas le impiden aumentar los renglones de gastos en forma arbitraria.
Con buen sentido, la Constitución vigente limitó las funciones presupuestarias de la Asamblea. De no haber sido así mucho tendríamos ahora que lamentar.
Tal vez sería oportuno que, antes de continuar con su insensatez, los gestores de la idea repasaran el capítulo correspondiente al Presupuesto General del Estado (artículos 264 y siguientes de la Constitución Política) que ellos están obligados a respetar.
