Alerta sanitaria

En cualquier país civilizado, el Congreso habría nombrado una comisión independiente del Ejecutivo, para que rindiera a mediano plazo un informe pormenorizado de lo ocurrido tras 19 muertes y decenas de hospitalizados, algunos en estado grave producto del síndrome de insuficiencia renal que desató la zozobra entre los panameños la semana pasada.
La razón es elemental, el Ministerio de Salud y el Gobierno del que forma parte, no pueden ser juez y parte, esto es, investigar las causas y decir que fue su culpa, si es que fuera el caso. Lo más seguro es que, en el último caso, jamás se sabría con certeza lo acontecido, para eludir responsabilidades y evitar pagar un precio político; y eso es inaceptable con los avances de la ciencia médica y forense en nuestro tiempo.
El Ejecutivo tendría motivos de sobra para no revelar la verdad de lo ocurrido, si fuera cierta la tesis de un medicamento suministrado por sus hospitales, como causa de la tragedia. El de más peso sería el de la responsabilidad civil y penal por daños y perjuicios que correspondería al Estado y a los funcionarios encargados, por lo acontecido. Hablamos de penas de cárcel, días multas y el pago de daños morales y perjuicios materiales por montos que podrían ascender a decenas de millones de balboas a favor de los afectados, independientemente de que el Estado podría llamar al juicio a los laboratorios y distribuidoras del medicamento para que respondan junto con él o le reembolsen lo que tenga que pagar por su culpa. Ya ocurrió una vez y hubo penas de cárcel, en el caso de los sobre radiados del Oncológico.
Una comisión independiente, llamaría a declarar al ministro Alleyne, al director Luciani y a todos los encargados de afrontar la crisis; requeriría un informe a los científicos que vinieron a hacer las pesquisas del caso, nombraría otra comisión de expertos extranjeros para que la asistiera, entrevistaría a los afectados y rendiría un informe escrito a la Asamblea Nacional, la que a su vez promovería las denuncias del caso, incluyendo la divulgación de un informe al pueblo, a quien debe su existencia. El problema es que nuestro Legislativo olvida la función fiscalizadora que le encomienda la Constitución.