Algunas consideraciones en torno a un "delito" contra el honor
1. Alma Montenegro de Fletcher, Procuradora de la Administración, ha demandado a Marcelino Rodríguez Batista y Michelle Lescure, periodista y directora, respectivamente, de El Siglo, por el supuesto "delito" de ofender su honor, a raíz de la publicación de una nota en El Siglo, el 3 de agosto de 1998, que afirmó: "La Procuradora de la Administración y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, han sido denunciados por adquirir viviendas en las Areas Revertidas, aprovechándose del tráfico de influencias que existe en la Autoridad de la Región Interoceánica, ARI".
Montenegro de Fletcher también ha incluido en su demanda a la escritora Britmarie Janson Pérez, columnista de éste y otros diarios de la localidad, después de que la Dra. Janson indicara, públicamente, que fue ella la fuente de la noticia publicada por El Siglo.
2. Argüir que Brittmarie Janson Pérez incurre en un "delito" (castigado en Panamá con pena de cárcel) contra Montenegro de Fletcher por una información sea cual fuere su contenido - que la Dra. Janson hizo llegar a El Siglo por canales privados no sólo constituye un disparate, sino también evidencia de la cultura, ya no simplemente autoritaria sino claramente totalitaria, que predomina entre quienes ejercen el poder en Panamá.
Es tan escandalosa la pretensión de ejercer control estatal sobre las comunicaciones privadas de los ciudadanos, que parece inspirada por la lectura de "1984", célebre novela de George Orwell o, peor todavía, por la abominable ideología en que se fundamentaron las dictaduras de Hitler y Stalin.
3. Correspondía a El Siglo verificar la veracidad de los informes proporcionados por Brittmarie Janson Pérez. Tal verificación, sin embargo, no es posible en Panamá, donde las autoridades niegan a los ciudadanos la más elemental información sobre los asuntos de Estado, mostrando con ello su total desprecio por los principios democráticos.
Es de público conocimiento que, en el caso de las casas revertidas, la ARI ha hecho lo posible por ocultar los pormenores de la adjudicación de propiedades. Peor todavía, mediante subterfugios seudo legales se ha impedido realización de una diligencia exhibitoria en la ARI, lo que atenta no sólo contra el derecho de la ciudadanía a conocer detalles importantes de la administración de los bienes del Estado (que pertenecen a la colectividad, no al grupo que manda), sino también contra el derecho que tienen los demandados a su legítima defensa.
4. Correspondía también a El Siglo determinar si divulgaba o se abstenía de divulgar los datos proporcionados por Brittmarie Janson Pérez. Lo cierto es que, en un caso como éste, que atañe a los bienes más preciados de la Nación, por cuyo recobro han luchado y derramado sangre generaciones de panameños, el interés público claramente exigía que la información se divulgara. Que los términos en que la información se divulgó sean o no sean los más deseables nada tiene que ver con el meollo del asunto.
Lo fundamental aquí es que las áreas adyacentes al Canal constituyen bienes públicos, que claramente se han suscitado irregularidades en la adjudicación de esas áreas y que, en ausencia de un Ejecutivo democrático, una Asamblea mínimamente funcional, un Organo Judicial competente, un Ministerio Público eficiente y una Contraloría diligente, la prensa tiene una responsabilidad aún mayor de alertar a la ciudadanía acerca de los abusos de poder que se cometen. El periodismo valiente y el ejercicio de la libertad de expresión son, ciertamente, lo único que ha salvado a la Nación panameña del retroceso completo a la oscuridad de la tiranía, hacia donde quienes actualmente ejercen el poder están ansiosos por llevarnos.
5. Que a Montenegro de Fletcher le disgustara el contenido de la información divulgada no justifica, bajo ningún punto de vista, una demanda contra Marcelino Rodríguez Batista, Michelle Lescure y, menos aún, Brittmarie Janson Pérez. En un sistema democrático, los funcionarios públicos tienen el deber de responder a la sociedad en todo momento, no sólo cuando a ellos les da la gana o cuando los cuestionamientos ciudadanos no los incomodan. Que a veces tengan que aclarar equívocos o, peor aún, declaraciones que afecten su imagen, constituye un gaje más del oficio del servidor público. Sin el civismo, probidad y desprendimiento de la ciudadanía pero especialmente de quienes ejercen funciones públicas el sistema democrático no se sostiene.
Lo anterior vale aunque les pagaran un real por mes. Pero además, en nuestro medio, los sacrificios que el cumplimiento de ese civismo, probidad y desprendimiento podrían imponer a los altos funcionarios del Estado, están más que ampliamente compensados por los exagerados salarios y otros privilegios que perciben estos mismos "servidores públicos". Bajo este gobierno, al igual que bajo la dictadura militar, predomina, sin embargo, la concepción absolutista y patrimonialista de la autoridad, según la cual quienes la ejercen esperan la absoluta sumisión de la sociedad y creen tener un derecho propietario sobre las prerrogativas de su cargo. Es necesario sacarlos de ese error, con carácter de urgencia.
6. Recurrir a las "leyes mordaza" - instrumentos legales represivos e ilegítimos, introducidos por la dictadura militar para mantener sometida a la población con el fin de exigir reparaciones por la comisión de un supuesto "delito contra el honor", constituye una aberración de marca mayor que viola no sólo el Derecho Internacional sino, más aún, principios elementales del sistema democrático como lo son la soberanía popular y la libertad individual.
Queda claro una vez más que, para afianzar la democracia objetivo que está entre las principales aspiraciones de una mayoría apreciable de la población es absolutamente indispensable derogar, cuanto antes, las "leyes mordaza". Como ni del PRD, ni de sus satélites o candidatos podemos esperar esta iniciativa (las "leyes mordaza" convienen demasiado a sus intereses, por lo que cualquier propuesta oficial en este sentido -como la recientemente anunciada por el Ministerio de Gobierno- no es más que pura demagogia), hay que emplazar a los candidatos de oposición, especialmente a quienes aspiran a la Presidencia y a ocupar escaños en la Asamblea, a que asuman un compromiso verdadero para la eliminación de las restricciones a la libertad de expresión.
7. Lo absurdo de la demanda, aunado a la celeridad y el sigilo con que se ha tramitado el caso, apuntan hacia una clara confabulación para silenciar las voces que en Panamá denuncian el abuso de poder. Iniciada la campaña electoral, el oficialismo teme que un periodismo independiente y comprometido con la democracia acabe con sus planes reeleccionistas, como lo hizo en agosto pasado.
En este sentido, la demanda de Montenegro de Fletcher, como los casos que se mantienen pendientes contra Miguel Antonio Bernal, Gustavo Gorriti, Rolando Rodríguez, Herasto Reyes y decenas de otros comunicadores sociales, así como la reciente condena de Rigoberto Caballero, periodista de Radio Guadalupe, a un año de prisión por calumnia, no sólo constituyen violaciones y amenazas a la libertad de expresión, sino también al derecho de la ciudadanía a participar libremente en la renovación de los cargos públicos.
En la ausencia de una efectiva tutela de los derechos ciudadanos en Panamá, es preciso denunciar estos casos ante los organismos internacionales competentes, en la esperanza de que la presión internacional contribuirá a elevar el nivel de respeto por los derechos humanos en nuestro país y que, algún día, como en el caso del exdictador chileno Augusto Pinochet, se hará responder por sus arbitrariedades a los liberticidas panameños.
Montenegro de Fletcher también ha incluido en su demanda a la escritora Britmarie Janson Pérez, columnista de éste y otros diarios de la localidad, después de que la Dra. Janson indicara, públicamente, que fue ella la fuente de la noticia publicada por El Siglo.
2. Argüir que Brittmarie Janson Pérez incurre en un "delito" (castigado en Panamá con pena de cárcel) contra Montenegro de Fletcher por una información sea cual fuere su contenido - que la Dra. Janson hizo llegar a El Siglo por canales privados no sólo constituye un disparate, sino también evidencia de la cultura, ya no simplemente autoritaria sino claramente totalitaria, que predomina entre quienes ejercen el poder en Panamá.
Es tan escandalosa la pretensión de ejercer control estatal sobre las comunicaciones privadas de los ciudadanos, que parece inspirada por la lectura de "1984", célebre novela de George Orwell o, peor todavía, por la abominable ideología en que se fundamentaron las dictaduras de Hitler y Stalin.
3. Correspondía a El Siglo verificar la veracidad de los informes proporcionados por Brittmarie Janson Pérez. Tal verificación, sin embargo, no es posible en Panamá, donde las autoridades niegan a los ciudadanos la más elemental información sobre los asuntos de Estado, mostrando con ello su total desprecio por los principios democráticos.
Es de público conocimiento que, en el caso de las casas revertidas, la ARI ha hecho lo posible por ocultar los pormenores de la adjudicación de propiedades. Peor todavía, mediante subterfugios seudo legales se ha impedido realización de una diligencia exhibitoria en la ARI, lo que atenta no sólo contra el derecho de la ciudadanía a conocer detalles importantes de la administración de los bienes del Estado (que pertenecen a la colectividad, no al grupo que manda), sino también contra el derecho que tienen los demandados a su legítima defensa.
4. Correspondía también a El Siglo determinar si divulgaba o se abstenía de divulgar los datos proporcionados por Brittmarie Janson Pérez. Lo cierto es que, en un caso como éste, que atañe a los bienes más preciados de la Nación, por cuyo recobro han luchado y derramado sangre generaciones de panameños, el interés público claramente exigía que la información se divulgara. Que los términos en que la información se divulgó sean o no sean los más deseables nada tiene que ver con el meollo del asunto.
Lo fundamental aquí es que las áreas adyacentes al Canal constituyen bienes públicos, que claramente se han suscitado irregularidades en la adjudicación de esas áreas y que, en ausencia de un Ejecutivo democrático, una Asamblea mínimamente funcional, un Organo Judicial competente, un Ministerio Público eficiente y una Contraloría diligente, la prensa tiene una responsabilidad aún mayor de alertar a la ciudadanía acerca de los abusos de poder que se cometen. El periodismo valiente y el ejercicio de la libertad de expresión son, ciertamente, lo único que ha salvado a la Nación panameña del retroceso completo a la oscuridad de la tiranía, hacia donde quienes actualmente ejercen el poder están ansiosos por llevarnos.
5. Que a Montenegro de Fletcher le disgustara el contenido de la información divulgada no justifica, bajo ningún punto de vista, una demanda contra Marcelino Rodríguez Batista, Michelle Lescure y, menos aún, Brittmarie Janson Pérez. En un sistema democrático, los funcionarios públicos tienen el deber de responder a la sociedad en todo momento, no sólo cuando a ellos les da la gana o cuando los cuestionamientos ciudadanos no los incomodan. Que a veces tengan que aclarar equívocos o, peor aún, declaraciones que afecten su imagen, constituye un gaje más del oficio del servidor público. Sin el civismo, probidad y desprendimiento de la ciudadanía pero especialmente de quienes ejercen funciones públicas el sistema democrático no se sostiene.
Lo anterior vale aunque les pagaran un real por mes. Pero además, en nuestro medio, los sacrificios que el cumplimiento de ese civismo, probidad y desprendimiento podrían imponer a los altos funcionarios del Estado, están más que ampliamente compensados por los exagerados salarios y otros privilegios que perciben estos mismos "servidores públicos". Bajo este gobierno, al igual que bajo la dictadura militar, predomina, sin embargo, la concepción absolutista y patrimonialista de la autoridad, según la cual quienes la ejercen esperan la absoluta sumisión de la sociedad y creen tener un derecho propietario sobre las prerrogativas de su cargo. Es necesario sacarlos de ese error, con carácter de urgencia.
6. Recurrir a las "leyes mordaza" - instrumentos legales represivos e ilegítimos, introducidos por la dictadura militar para mantener sometida a la población con el fin de exigir reparaciones por la comisión de un supuesto "delito contra el honor", constituye una aberración de marca mayor que viola no sólo el Derecho Internacional sino, más aún, principios elementales del sistema democrático como lo son la soberanía popular y la libertad individual.
Queda claro una vez más que, para afianzar la democracia objetivo que está entre las principales aspiraciones de una mayoría apreciable de la población es absolutamente indispensable derogar, cuanto antes, las "leyes mordaza". Como ni del PRD, ni de sus satélites o candidatos podemos esperar esta iniciativa (las "leyes mordaza" convienen demasiado a sus intereses, por lo que cualquier propuesta oficial en este sentido -como la recientemente anunciada por el Ministerio de Gobierno- no es más que pura demagogia), hay que emplazar a los candidatos de oposición, especialmente a quienes aspiran a la Presidencia y a ocupar escaños en la Asamblea, a que asuman un compromiso verdadero para la eliminación de las restricciones a la libertad de expresión.
7. Lo absurdo de la demanda, aunado a la celeridad y el sigilo con que se ha tramitado el caso, apuntan hacia una clara confabulación para silenciar las voces que en Panamá denuncian el abuso de poder. Iniciada la campaña electoral, el oficialismo teme que un periodismo independiente y comprometido con la democracia acabe con sus planes reeleccionistas, como lo hizo en agosto pasado.
En este sentido, la demanda de Montenegro de Fletcher, como los casos que se mantienen pendientes contra Miguel Antonio Bernal, Gustavo Gorriti, Rolando Rodríguez, Herasto Reyes y decenas de otros comunicadores sociales, así como la reciente condena de Rigoberto Caballero, periodista de Radio Guadalupe, a un año de prisión por calumnia, no sólo constituyen violaciones y amenazas a la libertad de expresión, sino también al derecho de la ciudadanía a participar libremente en la renovación de los cargos públicos.
En la ausencia de una efectiva tutela de los derechos ciudadanos en Panamá, es preciso denunciar estos casos ante los organismos internacionales competentes, en la esperanza de que la presión internacional contribuirá a elevar el nivel de respeto por los derechos humanos en nuestro país y que, algún día, como en el caso del exdictador chileno Augusto Pinochet, se hará responder por sus arbitrariedades a los liberticidas panameños.
