Algunas estrategias contra la corrupción
Ante la desfiguración de la clase política producto del fenómeno de la corrupción, diversas son las estrategias empleadas para combatirlo sin que hasta ahora alguna haya sido capaz de eliminarlo, por lo que se trabaja más bien en su control. El nivel de corrupción en cada nación ha sido controlado en la medida en que se ha contado con el apoyo de los servidores públicos de alta jerarquía y de la ciudadanía en general en la lucha contra este fenómeno.
Por esta razón, la labor que realizan en Panamá los servidores públicos de instituciones como la Contraloría General de la República, el Órgano Judicial, el Ministerio Público y más recientemente la Defensoría del Pueblo, debe ser fortalecida.
Es necesario fortalecer los principios de legalidad y de control del poder discrecional, en que se rige el sistema democrático, lo cual sería un primer paso para controlar efectivamente la corrupción. Hay que adoptar tres tipos de medidas con el fin de fortalecer dichos principios de legalidad y de control: integración social, reducción del poder discrecional y un sistema institucional de información. Para garantizar la integración social las decisiones, especialmente aquellas con impacto económico o social, no deben ser tomadas en régimen monopólico por una sola persona o algunos servidores públicos, sino colegiadamente y con la posibilidad de revisar administrativa o judicialmente aquellas razones que las justifiquen.
En este tipo de medida, los medios de comunicación juegan un papel crucial al mantener informada a la sociedad en general de la marcha de ese proceso y al cuestionar, si así lo creen necesario, la legalidad de las decisiones. El poder discrecional se reduce a niveles adecuados, mediante la aplicación de técnicas que además de limitar el ejercicio de las funciones de los servidores públicos, contribuyan a fortalecer su independencia.
Finalmente, en un sistema institucional de información debe operar una agencia gubernamental que se ocupe de coordinar aquellos grupos activos en la lucha contra la corrupción a fin de integrar un movimiento formado por ciudadanos interesados en elaborar un plan para controlar y disminuir a niveles mínimos la corrupción. Mientras no se formen grupos que hagan públicas las irregularidades mediante auditorías, intervenciones o denuncias ante el Defensor del Pueblo, que cuenten con el apoyo de los medios de comunicación y de terceros como los bancos, organizaciones de consumidores o de usuarios y sindicatos, entre otros, no se va a detectar la corrupción que se desplaza a lo interno de la administración pública. Con la labor de estos grupos se logra un verdadero sistema institucional de información que evita la manipulación de los hechos por sectores interesados, evitando que la denuncia de la corrupción utilice el vehículo del escándalo para airearse.
Argentina no necesita más acuerdos estatistas que promueven el derroche y la corrupción, sino gobernantes honorables que respeten y hagan respetar el Estado de Derecho, la libertad, la propiedad privada y demás derechos naturales de los ciudadanos.
*Ball es director de la agencia AIPE y académico asociado del Cato Institute. Tagliavini es miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas).
(c)www.aipenet.com
Por esta razón, la labor que realizan en Panamá los servidores públicos de instituciones como la Contraloría General de la República, el Órgano Judicial, el Ministerio Público y más recientemente la Defensoría del Pueblo, debe ser fortalecida.
Es necesario fortalecer los principios de legalidad y de control del poder discrecional, en que se rige el sistema democrático, lo cual sería un primer paso para controlar efectivamente la corrupción. Hay que adoptar tres tipos de medidas con el fin de fortalecer dichos principios de legalidad y de control: integración social, reducción del poder discrecional y un sistema institucional de información. Para garantizar la integración social las decisiones, especialmente aquellas con impacto económico o social, no deben ser tomadas en régimen monopólico por una sola persona o algunos servidores públicos, sino colegiadamente y con la posibilidad de revisar administrativa o judicialmente aquellas razones que las justifiquen.
En este tipo de medida, los medios de comunicación juegan un papel crucial al mantener informada a la sociedad en general de la marcha de ese proceso y al cuestionar, si así lo creen necesario, la legalidad de las decisiones. El poder discrecional se reduce a niveles adecuados, mediante la aplicación de técnicas que además de limitar el ejercicio de las funciones de los servidores públicos, contribuyan a fortalecer su independencia.
Finalmente, en un sistema institucional de información debe operar una agencia gubernamental que se ocupe de coordinar aquellos grupos activos en la lucha contra la corrupción a fin de integrar un movimiento formado por ciudadanos interesados en elaborar un plan para controlar y disminuir a niveles mínimos la corrupción. Mientras no se formen grupos que hagan públicas las irregularidades mediante auditorías, intervenciones o denuncias ante el Defensor del Pueblo, que cuenten con el apoyo de los medios de comunicación y de terceros como los bancos, organizaciones de consumidores o de usuarios y sindicatos, entre otros, no se va a detectar la corrupción que se desplaza a lo interno de la administración pública. Con la labor de estos grupos se logra un verdadero sistema institucional de información que evita la manipulación de los hechos por sectores interesados, evitando que la denuncia de la corrupción utilice el vehículo del escándalo para airearse.
Argentina no necesita más acuerdos estatistas que promueven el derroche y la corrupción, sino gobernantes honorables que respeten y hagan respetar el Estado de Derecho, la libertad, la propiedad privada y demás derechos naturales de los ciudadanos.
*Ball es director de la agencia AIPE y académico asociado del Cato Institute. Tagliavini es miembro del Departamento de Política Económica de ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas).
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