Alianza cívica
La corrupción es, entonces, un vicio, un abuso, una mala costumbre en el manejo de la cosa pública. Pero no es un problema exclusivo de los gobiernos ni de los organismos de control y vigilancia del Estado. Es un problema de todos.
De hecho, hoy existe un acuerdo tácito entre la ciudadanía y el Estado para combatirla, aunque el Gobierno Nacional no pareciera muy resuelto a ello. Como ejemplo tenemos las declaraciones de la Primera Mandataria de la Nación que ha tratado de justificar el nepotismo, que es una falta administrativa en nuestro ordenamiento jurídico vigente.
Son diversas las comisiones que el presente gobierno ha instaurado con el objeto de crear la imagen de una genuina preocupación por los diferentes hechos de corrupción que mantienen consternada a la ciudadanía panameña.
A manera de ejemplo podemos mencionar la Comisión de la Verdad, que su realidad ha quedado reducida a los sensacionales macabros descubrimientos de restos humanos realizados por el perro Eagle, que parece ser el más laborioso de la comisión. Y.. ¿qué decir de la Comisión Anticorrupción constituida por el Ejecutivo, cuyas recomendaciones han quedado en el limbo?
No obstante las anteriores consideraciones, somos de la opinión que los panameños no debemos desfallecer en nuestros esfuerzos por la lucha contra la corrupción y, mediante la creación de una organización ciudadana, representada por nueve miembros, uno por cada provincia, que sirva de auxiliar al Ministerio Público en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Entre las funciones y facultades más sobresalientes de esta organización podemos sugerir las siguientes que hemos adoptado de diferentes estatutos de anticorrupción:
Examinar y aconsejar a las entidades públicas y privadas sobre las fuentes de corrupción que están facilitando sus propios sistemas y recomendar reformas para combatirlas.
Proponer e impulsar la ejecución de políticas en materia educativa para promover el espíritu cívico, los valores y principios de convivencia ciudadana, y el respeto hacia el interés público, así como prevenir los efectos dañinos de la corrupción y la necesidad del respaldo público para combatirla.
Realizar audiencias públicas para analizar situaciones de corrupción administrativa y formular las recomendaciones pertinentes.
Presentar anualmente un informe, que habrá de ser publicado en los medios de comunicación escrita, en el cual se especifiquen los principales factores de la corrupción administrativa, señalando los fenómenos más comunes de ella.
Realizar encuestas periódicas tendientes a determinar las causas de la corrupción administrativa y judicial, y vigilar que los resultados de ellas sirvan de instrumento para dar soluciones prontas y reales.
Recibir las quejas sobre corrupción que ante ella se presenten y formular las correspondientes denuncias penales y administrativas cuando a ello hubiere lugar, sin perjuicio del deber de denuncia que asiste a los ciudadanos.
Vigilar que el proceso de contratación se realice de acuerdo con los criterios legales vigentes, dando prioridad a la contratación con las organizaciones sociales y comunitarias.
Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica de las obras, programas e inversiones en el territorio nacional.
Recibir los informes, observaciones y sugerencias que presenten los ciudadanos y sus organizaciones y remitirlos a las entidades competentes para su atención.
Solicitar a interventores, supervisores, contratistas, autoridades oficiales contratantes y demás autoridades concernidas, los informes verbales o escritos que permitan conocer el cumplimiento de los respectivos programas, contratos o proyectos.
Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los servidores públicos que tengan conocimiento.
Velar porque la administración mantenga actualizado el inventario y propiedad de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las diversas entidades, así como por su adecuada utilización.
La empresa a realizar es ingente, ya que no se trata de un problema de excepción.
La corrupción está generalizada en nuestra sociedad. Sobre el Estado, tanto los gobiernos como los cuerpos legislativos y poderes judiciales, conscientes de que la corrupción "afecta gravemente las instituciones políticas democráticas y privadas, debilita el crecimiento económico y atenta contra las necesidades y los intereses fundamentales de los grupos más desfavorecidos de un país", recae fundamentalmente la responsabilidad de la prevención y control de este problema.
