Alienación del Poder Público
La Constitución establece que nuestro Gobierno es democrático y representativo; es decir, por el pueblo y para el pueblo. Que el Poder Público sólo emana del pueblo, quien voluntariamente delega dicho poder para su efectivo ejercicio. Que la razón primordial por la cual se constituyen las autoridades es para proteger en su vida, honra y bienes a los asociados. Que los servidores públicos no sólo son responsables por incumplimiento de la Constitución o de la Ley, como cualquier otro particular, sino también por extralimitación u omisión en el ejercicio de sus funciones.
Lo anterior no es letra muerta, sino más bien la base sobre la cual descansa nuestra democracia. Sin embargo, así como en los procesos de producción masiva ocurre el fenómeno de la alienación, donde el obrero se desprende sicológicamente de lo que él mismo ha creado, así también tiende a ocurrir con el Poder Público. El elector emite su voto y deja allí también depositada en esa oscura urna su única manifestación del Poder Público, que por Derecho Natural le corresponde siempre y en todo momento. No comprende, entonces, que aquellos que resultan electos “servidores públicos” están llamados a ejercer el poder dentro de los límites descritos por la propia sociedad, materializados en la Constitución y en la Ley.
El pueblo queda entonces alienado; separado del Poder Público que de él precisamente emana. Piensa, erróneamente, que sólo le corresponde ejercerlo a través de su voto cada cinco años. Cae el votante en una fría hibernación política, en un mudo silencio que no sabe expresar su disconformidad sino cada quinquenio. Las autoridades, como servidores públicos que son, no están allí para ser discrecionales en sus acciones, sino que se deben íntegramente al principio de legalidad. En otras palabras, en ejercicio de sus funciones sólo pueden hacer lo que la ley dice.
Exigir a viva voz el responsable ejercicio del Poder Público es definitivamente uno de los derechos más fundamentales de los sistemas democráticos. Es por ello que el elector no debe mantenerse callado ante los abusos de cualquier naturaleza que vengan de parte de aquellos en los que él mismo ha delegado ese poder, por el bien de la convivencia social.
Ser funcionario público conlleva una enorme responsabilidad, en todos sus estrados y al margen de la posición que se ocupe. En sus manos queda la ejecución efectiva de un poder amplio que no le pertenece. Muchos, sin embargo, pretenden apoderarse de ese poder. Se atrincheran en él y lo codician de una forma casi voluptuosa e indecente. Olvidan que no es de ellos ese poder y que, como el fulgor de la llama olímpica, y con absoluta reverencia, debe pasar de una generación a otra con un desprendimiento que honra.
Volvamos pues a los principios básicos de la democracia. Se debe exigir al servidor público siempre y en todo momento el cumplimiento puntual de la Constitución y de la Ley y el ejercicio responsable del enorme poder que el pueblo sólo delega en él. No sólo a través del voto se manifiesta la conciencia ciudadana del Poder Público que le pertenece, sino con cada voz de protesta que reclama contra la impunidad, contra la corrupción, contra la pobreza y la desigualdad.
Sabemos que el Gobierno estará conciente de que su razón primordial de ser queda consagrada en el deber de proteger en su vida, honra y bienes a los ciudadanos; que sus miembros, como servidores públicos, se deben al principio de legalidad en toda su amplitud; que gobiernan por el pueblo y para el pueblo y, finalmente, que a ese pueblo le asiste todo el derecho de exigir el fiel y responsable ejercicio del Poder Público delegado.
