Almanza como nuevo procurador, ¿qué haría?
Ventilar el tema de las muertes y desapariciones forzadas durante el gobierno de nosotros los militares, resulta delicado. Algunos lo considerarían una imprudencia o atreverse demasiado. Como se espera en estas situaciones, la tendencia lógica para un ex uniformado, y máximo si éste es un comandante en retiro, sería mantenerse ¡pecho a tierra! en medio del nutrido y peligroso fuego cruzado entre el Sr. Procurador José Sossa vs. el Lic. Alberto Almanza, presidente de la Comisión de la Verdad, con el refuerzo en asuntos legales de la Licda. María Elena Valdés, prestigiosa dama y profesional del derecho. Pero, cuando observamos que se incurre en actos de injusticia y persecución contra subalternos de ayer, principios de honor no permiten guardar silencio.
Entonces, después de serias reflexiones y obligadas consultas a raíz del fallo del Honorable Magistrado Dr. César Pereira Burgos, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Sala Penal, al sentenciar la no prescripción del caso contra aquél o aquellos que causaron la muerte del dirigente sindical José Del Carmen Tuñón, suceso ocurrido en julio de 1969 en la desaparecida cárcel Modelo hace 35 años, y que este fallo, al parecer, crea jurisprudencia para que todos los demás del mismo género ocurridos durante el gobierno militar, retornen al punto cero, incluyendo -¡parece ser y no estoy seguro!- hasta los juzgados en audiencias públicas, así como otros que después del debido procesos avanzados por años en los tribunales de justicia correspondientes, de manera pulcra y diáfana, han sido sobreseídos provisionalmente y están pendiente del definitivo. Ojalá esto se explique mejor a la ciudadanía, ya que al percibir efectos y reacciones varias en los medios de comunicación a raíz de este pronunciamiento de la CSJ, éste en vez de alumbrar hacía una administración de justicia más ágil, justa y eficaz, aportando revelaciones y otras evidencias hasta hoy desconocidas, de suficiente méritos que inviten a reabrir estos casos en la búsqueda del resto de la verdad y los responsables de aquellos crímenes y desapariciones, no parece que será así y por lo contrario se presagia confusión, confrontaciones y choques entre los administradores de justicia, como se observó el 19 de enero en La Prensa, entre la Lic. María E. Valdés, de la Comisión de la Verdad, y el Fiscal Superior de Chiriquí, Lic. Fabián Gutiérrez.
Por otra parte, este fallo del magistrado Pereira Burgos, introduce meras expectativas y exacerba esperanzas y viejas ansiedades casi imposibles de satisfacer, al menos que se recurra al método inconstitucional y peligroso de "justicia de persecución obsesiva y revanchista", precisamente por la frustración de algunos funcionarios con deficiente formación en derecho, desesperados ante la ausencia de pruebas, a causa del inevitable deterioro de facultades mentales, decesos y desapariciones de posibles testigos claves, que ha causado la marcha inexorable del tiempo durante estos 35 años.
El proceder repentino e inexplicable del magistrado Pereira Burgos, después de tener durante dos años el expediente del caso Tuñón en su despacho, ¡llama a malicias y sospechas!, que de repente surja de éste recién instalado de presidente, un fallo madrugador con afán protagónico y perfil político. Decisión tomada al margen de una atmósfera pura donde prevalezcan las leyes y un estado de ánimo desapasionado y sereno, imprescindibles para administrar justicia pura. Los efectos de este pronunciamiento están lastimando la honorabilidad y orgullo profesional de los funcionarios al frente de los tribunales de justicia y, por consiguiente, entorpecimiento, hasta temor, desgano e inacción en algunos.
Se me ocurre que la discusión pública y rivalidad de criterios conocida por todos entre la Procuraduría y la Comisión de la Verdad, más se afianza en diferencias de formación cultural del Derecho moderno; celos y protección del territorio legal que estos dos funcionarios defienden hoy, más que en la administración de justicia en sí. Tanto así que intuyo: si el Lic. Almanza fuese el Procurador, sin duda, defendería con determinación de fiera y "puñal en boca", su jurisdicción del Ministerio Público, contra cualquier intromisión en su campo. Pero, no estoy seguro que el Lic. Sossa si estuviese al frente de la Comisión de la Verdad, trataría de tomarse por asalto la Procuraduría, ¡porque en el mero fondo es lo que está sucediendo! y con bastante aderezo político. ¿Qué es lo que separa cultural y académicamente a uno del otro? Sencillamente, ¡el principio universal de la Prescripción de la Acción Penal!
La actitud de Almanza nos ha evidenciado reiteradamente, que para él y la Comisión de la Verdad ese principio no es válido, cayendo en grave contradicción con la doctrina del "Derecho Romano" que introduce este concepto humanitario desde su origen, además, concepto que adopta y avala nuestras Constituciones desde 1904. Sin embargo, el Lic. Sossa y el Ministerio Público, (Como lo reitera en su accionar el Fiscal Superior de Chiriquí, Fabián Gutiérrez), creen, honran y respetan el principio de la Prescripción de la Acción Penal.
Lamentablemente, en el medio de esta disputa surge el fallo del Sr. Presidente de la CSJ y de forma exclusiva o discriminatoria (la ley es para todos), al referirse que no prescriben los casos ocurridos durante el "gobierno militar solamente". Cuando lo correcto e imparcial hubiese sido reabrir donde existan méritos desde la ejecución arbitraria de Victoriano Lorenzo, el crimen del presidente Remón, despejar dudas de existir, del accidente fatal de Omar Torrijos; la autorización del genocidio por la invasión de tropas de EU, etc.; situación que ha acicateado y envalentonado al Lic. Almanza en su afán, casi una obsesión por inmiscuirse en asuntos del Ministerio Público.
"Justicia es dar a cada quien lo que se merece. La acción penal muere por prescripción, como la naturaleza misma de la vida representada por la individualidad de los seres humanos y las cosas naturales con potencialidad biológica por ser perecederas como nosotros, que también perecemos, desaparecemos y prescribimos." (Contrato Social. J. Rousseu).
Entonces, después de serias reflexiones y obligadas consultas a raíz del fallo del Honorable Magistrado Dr. César Pereira Burgos, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Sala Penal, al sentenciar la no prescripción del caso contra aquél o aquellos que causaron la muerte del dirigente sindical José Del Carmen Tuñón, suceso ocurrido en julio de 1969 en la desaparecida cárcel Modelo hace 35 años, y que este fallo, al parecer, crea jurisprudencia para que todos los demás del mismo género ocurridos durante el gobierno militar, retornen al punto cero, incluyendo -¡parece ser y no estoy seguro!- hasta los juzgados en audiencias públicas, así como otros que después del debido procesos avanzados por años en los tribunales de justicia correspondientes, de manera pulcra y diáfana, han sido sobreseídos provisionalmente y están pendiente del definitivo. Ojalá esto se explique mejor a la ciudadanía, ya que al percibir efectos y reacciones varias en los medios de comunicación a raíz de este pronunciamiento de la CSJ, éste en vez de alumbrar hacía una administración de justicia más ágil, justa y eficaz, aportando revelaciones y otras evidencias hasta hoy desconocidas, de suficiente méritos que inviten a reabrir estos casos en la búsqueda del resto de la verdad y los responsables de aquellos crímenes y desapariciones, no parece que será así y por lo contrario se presagia confusión, confrontaciones y choques entre los administradores de justicia, como se observó el 19 de enero en La Prensa, entre la Lic. María E. Valdés, de la Comisión de la Verdad, y el Fiscal Superior de Chiriquí, Lic. Fabián Gutiérrez.
Por otra parte, este fallo del magistrado Pereira Burgos, introduce meras expectativas y exacerba esperanzas y viejas ansiedades casi imposibles de satisfacer, al menos que se recurra al método inconstitucional y peligroso de "justicia de persecución obsesiva y revanchista", precisamente por la frustración de algunos funcionarios con deficiente formación en derecho, desesperados ante la ausencia de pruebas, a causa del inevitable deterioro de facultades mentales, decesos y desapariciones de posibles testigos claves, que ha causado la marcha inexorable del tiempo durante estos 35 años.
El proceder repentino e inexplicable del magistrado Pereira Burgos, después de tener durante dos años el expediente del caso Tuñón en su despacho, ¡llama a malicias y sospechas!, que de repente surja de éste recién instalado de presidente, un fallo madrugador con afán protagónico y perfil político. Decisión tomada al margen de una atmósfera pura donde prevalezcan las leyes y un estado de ánimo desapasionado y sereno, imprescindibles para administrar justicia pura. Los efectos de este pronunciamiento están lastimando la honorabilidad y orgullo profesional de los funcionarios al frente de los tribunales de justicia y, por consiguiente, entorpecimiento, hasta temor, desgano e inacción en algunos.
Se me ocurre que la discusión pública y rivalidad de criterios conocida por todos entre la Procuraduría y la Comisión de la Verdad, más se afianza en diferencias de formación cultural del Derecho moderno; celos y protección del territorio legal que estos dos funcionarios defienden hoy, más que en la administración de justicia en sí. Tanto así que intuyo: si el Lic. Almanza fuese el Procurador, sin duda, defendería con determinación de fiera y "puñal en boca", su jurisdicción del Ministerio Público, contra cualquier intromisión en su campo. Pero, no estoy seguro que el Lic. Sossa si estuviese al frente de la Comisión de la Verdad, trataría de tomarse por asalto la Procuraduría, ¡porque en el mero fondo es lo que está sucediendo! y con bastante aderezo político. ¿Qué es lo que separa cultural y académicamente a uno del otro? Sencillamente, ¡el principio universal de la Prescripción de la Acción Penal!
La actitud de Almanza nos ha evidenciado reiteradamente, que para él y la Comisión de la Verdad ese principio no es válido, cayendo en grave contradicción con la doctrina del "Derecho Romano" que introduce este concepto humanitario desde su origen, además, concepto que adopta y avala nuestras Constituciones desde 1904. Sin embargo, el Lic. Sossa y el Ministerio Público, (Como lo reitera en su accionar el Fiscal Superior de Chiriquí, Fabián Gutiérrez), creen, honran y respetan el principio de la Prescripción de la Acción Penal.
Lamentablemente, en el medio de esta disputa surge el fallo del Sr. Presidente de la CSJ y de forma exclusiva o discriminatoria (la ley es para todos), al referirse que no prescriben los casos ocurridos durante el "gobierno militar solamente". Cuando lo correcto e imparcial hubiese sido reabrir donde existan méritos desde la ejecución arbitraria de Victoriano Lorenzo, el crimen del presidente Remón, despejar dudas de existir, del accidente fatal de Omar Torrijos; la autorización del genocidio por la invasión de tropas de EU, etc.; situación que ha acicateado y envalentonado al Lic. Almanza en su afán, casi una obsesión por inmiscuirse en asuntos del Ministerio Público.
"Justicia es dar a cada quien lo que se merece. La acción penal muere por prescripción, como la naturaleza misma de la vida representada por la individualidad de los seres humanos y las cosas naturales con potencialidad biológica por ser perecederas como nosotros, que también perecemos, desaparecemos y prescribimos." (Contrato Social. J. Rousseu).
