Anteproyecto para el control de armas
El diputado Nelson Jackson Palma, nada menos que vicepresidente de la Asamblea Nacional, ha propuesto prohibir a particulares portar armas de fuego. Según su iniciativa, serían los integrantes de la Policía Nacional y el Servicio de Protección Institucional (SPI) los únicos autorizados para portar estos dispositivos en público.
Según el diputado, existen 140 mil armas en poder de civiles, algunas con permisos vencidos, y con la prohibición se romperá lo que él llama la "cultura de la violencia" y permitirá a los panameños comprender que las armas de fuego no son útiles para resolver los conflictos.
El señor diputado peca de necio. Su propuesta carece de fundamentos doctrinales, y viene en dirección contraria a los criterios internacionales que proponen la regulación, sí, pero a los funcionarios de orden público, aceptando que el uso del arma de fuego es la medida extrema para imponer la ley. Además, bien lo dijo el Servicio de Paz y Justicia de Panamá, son muchas más las armas ilegales en el país, y es con éstas que se cometen los delitos, no con las registradas.
Aceptar la sugerencia de Jackson Palma sería dejar a la ciudadanía a la intemperie, en contra de hampones armados, y de agentes policiales cuya labor, por ahora, no puede ser calificada con otra palabra que supina.
Quedarían desarmados los guardias de seguridad, los municipales, los particulares y quienes se dedican a la caza deportiva. Es como si se pretendiera hacer sangrar a la ciudadanía y luego tirar los cuerpos a un mar lleno de tiburones. Es difícil aceptar la propuesta del diputado, cuando Panamá tiene aún abiertas las heridas por aquellos años cuando policías y milicianos armados, del partido al que pertenece Jackson, intentaban controlar las conciencias, y matar a quien no aceptaba era estrategia y modo de escarmiento.
