Anticipada confesión de culpa

La decisión de los actuales - ¿honorables?- miembros de la Asamblea Nacional de Diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, de que los funcionarios públicos de determinados cargos no tengan la obligación hacer una declaración de sus bienes ante notario al asumir sus responsabilidades y al cesar en ellas, constituye una de las más solemnes manifestaciones del estado de podredumbre en que se encuentra el país. Así confiesan los llamados padres de la patria temer una investigación por enriquecimiento ilícito, lo cual revela que, en el seno de esa institución, proliferan los que abrigan la intención de entrar en cualquier tipo de combinación con tal de que les produzca beneficio económico, aún ilícitamente, y asegurarse su impunidad si es que entre ellos, no existen algunos que ya habían pecado en algún otro cargo público antes de adquirir la curul.

De este modo están ellos y ellas provocando toda clase de sospechas sobre sí, y esto fortalece los riesgos de que la ciudadanía, hastiada, los repudie. Mantenerse en contra de la declaración de bienes al asumir un cargo y al cesar en él, no puede constituir mayor descaro y anticipado ánimo de delincuencia.