Anticorrupción

Cronista político

Hemos conocido que finalmente el amigo César Guevara no aceptó, por motivos de salud, el cargo de Zar Anti Corrupción. A pesar de su sobrada capacidad para su desempeño como tal, hubo muchas voces discrepantes relacionadas con su designación.
Después de la declinación del "escogido" parece que nadie está dispuesto a ocupar el cargo pues hasta el momento de redactar este artículo no se sabe de nadie que se le haya ofrecido y mucho menos que haya aceptado, ambas situaciones muy sospechosas. Se comenta que los partidos que dicen apoyar a la Sra. Presidenta, que ya no sabemos cuáles realmente son, han comenzado a presionar para obtener ese espacio político.
La Asamblea Legislativa, por su parte, aprobó recientemente, en tercer debate, el proyecto de ley que modifica disposiciones de los códigos Penal y Judicial. En el primer artículo se modifica el artículo 93 del Código Penal, que establece que no prescribirá la acción penal ni la pena en los delitos de genocidio, homicidio doloso, secuestro y asociación para cometer delitos de tráfico de drogas ilícitas o delitos conexos. En los delitos de violación carnal no prescribirá la pena. Tampoco prescribirá la acción penal en los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública cuando se excedan los 500 mil dólares. Con esta legislación se aumentan las penas a los servidores públicos que hagan uso indebido de información que hayan conocido por razón o con ocasión de sus funciones, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero. El servidor público que sustraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiadas por razón de su cargo, será sancionado con prisión de 3 a 10 años. La pena será de 5 a 15 años si la cuantía de lo apropiado supera la suma de 500 mil dólares. Se suspende, además, el término de la prescripción de la acción penal y de la pena, mientras el imputado esté en el extranjero.
Por otro lado, hemos conocido que este proyecto de ley de anticorrupción, aprobado en tercer debate por la Asamblea Legislativa, y por lo tanto ampliamente discutido en su seno, fue vetado por la Presidenta de la República por "inexequible e inconveniente".
Entre los argumentos dados a conocer por el Ejecutivo para vetar el proyecto se encuentra la declaración de imprescriptibilidad penal, "porque infringe la garantía de igualdad que ante la ley tienen tanto ciudadanos nacionales como extranjeros, y que se desprende de la estructura y carácter mismo de la Constitución." Según el Ejecutivo, en la Constitución se destaca que no es jurídicamente factible que se instituyan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros, lo que es muy cierto, pero no aplicable a las penas que guardan relación con la magnitud de los delitos.
Parece que la razón fundamental del asunto es el temor que tienen algunos funcionarios de que la medida se convierta mañana en cuchillo para su cuello, sobre todo si es la oposición la que ocupe el gobierno. Lo cierto es que ante tantas denuncias que trascienden ante la opinión pública, razón tienen los políticos en temer a la imprescriptibilidad del delito de corrupción. Es una espada de Damocles que los ladrones siempre tendrán sobre sus cabezas.
Creo que cuando se debata sobre las reformas a la Constitución Nacional debe contemplarse la anulación de la facultad del Presidente de la República de vetar leyes. Esta facultad del Ejecutivo burla la Teoría de la Separación de los Poderes pues gracias a ella el Ejecutivo asume funciones no sólo legislativas sino también judiciales. No puede ser que una sola persona, el Presidente de la República, pueda echar por tierra la voluntad del Organo Legislativo, que es donde radica realmente el poder soberano del pueblo y, además, asuma la función de interpretar la Constitución Nacional que compete en forma exclusiva a la Corte Suprema de Justicia. El Presidente se convierte de esta forma en el centro de todas las decisiones.
Tanto la corrupción como el abuso del poder, son acciones depravadas en quienes ejercen las funciones administrativas del gobierno. Los casos de corrupción, de excepcionales han pasado a ser la cartilla diaria en el gobierno. Sabemos y reconocemos que existen gran cantidad de funcionarios que prestan servicios en el gobierno de honestidad acrisolada pero, desafortunadamente, los menos han hecho de la carrera administrativa pública vergüenza y estigma para quienes sirven en ella. Muchas veces son los empleados públicos quienes son constreñidos a la ejecución de actos corruptos por ciudadanos y empresas que pretenden evadir la ley. Pero también hay los que, por iniciativa propia, ponen todo tipo de trabas a quienes concurren a las oficinas públicas en busca de un servicio público y tienen que acceder a requerimientos indebidos por cuenta de los funcionarios públicos.
En el combate contra la corrupción radica la base de la sobrevivencia de la democracia. No tiene ningún sentido, afirmó en una ocasión el actual Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que "avancemos en materia comercial si nuestras democracias tambalean carcomidas por la corrupción o si las gentes se levantan contra el sistema de la libre empresa porque equivocadamente la responsabilizan de las dificultades que encuentran los gobiernos para adelantar políticas sociales que realmente mejoren los niveles de vida de los sectores más pobres".
Ojalá que el gobierno mantenga unidad de criterio en esta materia que resulta vital para la sobrevivencia del sistema democrático.