Apertura de las telecomunicaciones
La privatización del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) en 1997 trajo consigo una serie de condiciones y promesas. Muchos sectores se opusieron, pero la mayoría favoreció la iniciativa del gobierno anterior, principalmente por las promesas hechas. Los agentes económicos que se agitan en el sector de telecomunicaciones y las autoridades que hoy regulan ese mercado tienen una gran responsabilidad para que se cumplan esas condiciones y se materialicen las promesas.
Para maximizar el valor de sus activos y para permitir al comprador mejorar la infraestructura de telecomunicaciones del país, el Estado optó por conceder un período de exclusividad de cinco años al mayor oferente, el cual resultó ser la telefónica inglesa, Cable & Wireless, una de las empresas de telecomunicaciones más importantes del mundo. Para regular el mercado, tanto antes como después del período de exclusividad, se creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos con amplias facultades y se adoptó un régimen legal que inclusive fue homologado por Cable & Wireless.
Ya se enmendó una vez el contrato original, para permitir que se incumpliera algunas de las condiciones de la privatización sin causarle mayores traumas financieros a la empresa ni a sus accionistas, a saber, Cable & Wireless y el propio Estado. Ahora se avecina la fecha para la apertura del mercado de servicios de telefonía fija, local y de larga distancia, para lo cual se han habilitado múltiples empresas, algunas locales y otras internacionales. Por ley, todas tienen derecho a interconectarse a la red fija de Cable & Wireless, para lo cual deben negociar con ésta.
Hasta ahora, algunos de los entrantes al mercado se han quejado de las tarifas inicialmente propuestas por Cable & Wireless. A nadie le debe sorprender que esta empresa no tenga mayor interés en facilitar la entrada a la competencia. Sin embargo, Cable & Wireless dice que es en su propio interés permitir que terceros utilicen su infraestructura, pero insisten en que tienen derecho a cobrar un precio que le compense su inversión. A todos les decimos: negocien; Cable & Wireless tiene derecho a cobrar un precio razonable por la interconexión a su red, pero ese canon no puede ser excluyente.
Ahora bien, si esas negociaciones no prosperan por cualquier motivo, aún luego de un período prudencial en el cual exista total libertad de contratación, le corresponderá por ley al Ente Regulador propiciar una interconexión equitativa para que a partir del próximo año exista competencia. Cable & Wireless tiene la obligación legal de interconectar a los demás en esas condiciones y al Ente Regulador le corresponde hacer que lo cumpla.
Para maximizar el valor de sus activos y para permitir al comprador mejorar la infraestructura de telecomunicaciones del país, el Estado optó por conceder un período de exclusividad de cinco años al mayor oferente, el cual resultó ser la telefónica inglesa, Cable & Wireless, una de las empresas de telecomunicaciones más importantes del mundo. Para regular el mercado, tanto antes como después del período de exclusividad, se creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos con amplias facultades y se adoptó un régimen legal que inclusive fue homologado por Cable & Wireless.
Ya se enmendó una vez el contrato original, para permitir que se incumpliera algunas de las condiciones de la privatización sin causarle mayores traumas financieros a la empresa ni a sus accionistas, a saber, Cable & Wireless y el propio Estado. Ahora se avecina la fecha para la apertura del mercado de servicios de telefonía fija, local y de larga distancia, para lo cual se han habilitado múltiples empresas, algunas locales y otras internacionales. Por ley, todas tienen derecho a interconectarse a la red fija de Cable & Wireless, para lo cual deben negociar con ésta.
Hasta ahora, algunos de los entrantes al mercado se han quejado de las tarifas inicialmente propuestas por Cable & Wireless. A nadie le debe sorprender que esta empresa no tenga mayor interés en facilitar la entrada a la competencia. Sin embargo, Cable & Wireless dice que es en su propio interés permitir que terceros utilicen su infraestructura, pero insisten en que tienen derecho a cobrar un precio que le compense su inversión. A todos les decimos: negocien; Cable & Wireless tiene derecho a cobrar un precio razonable por la interconexión a su red, pero ese canon no puede ser excluyente.
Ahora bien, si esas negociaciones no prosperan por cualquier motivo, aún luego de un período prudencial en el cual exista total libertad de contratación, le corresponderá por ley al Ente Regulador propiciar una interconexión equitativa para que a partir del próximo año exista competencia. Cable & Wireless tiene la obligación legal de interconectar a los demás en esas condiciones y al Ente Regulador le corresponde hacer que lo cumpla.
