Apoyemos a los trabajadores
En las últimas semanas, he venido leyendo noticias que entristecen el alma y marchitan la esperanza. Me refiero al reciente Informe de Desarrollo Humano del PNUD¨, el cual concluye que Panamá tiene recursos económicos para ser un país desarrollado, a no ser por el elevadísimo nivel de desigualdad existente; la investigación del Instituto de Planificación Económica Aplicada (IPEA), entidad de investigación y planificación económica de Brasil, que refleja que la pobreza en Panamá es producto de las malas condiciones laborales; al informe de la Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos que cuantifica la verdad conocida de que sólo los pobres van a la cárcel y la controversia sobre el déficit millonario del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) que, entre otras cosas, señala que los únicos que pagan su cuota a la CSS son los trabajadores y los profesionales asalariados en este país, porque hay retenciones y evasiones significativas de parte del Estado Nacional y de los empresarios.
Para los panameños que creemos en la democracia como el mejor sistema de gobierno para nuestro país, la celebración este año del centenario de la República sumada al inicio de una campaña electoral, resulta un momento crucial y oportuno para reflexionar, corregir y reinventar con coraje y honestidad la democracia "yeyé", por desigual y elitista, que tenemos.
Al igual que muchos, sentí al principio un rechazo inmediato por el discurso revolucionario y hostil de los trabajadores, porque me sumo al enorme grupo de panameños que no deseamos la solución cubana ni el trauma chavista para Panamá. No obstante, las cifras y análisis de los informes mencionados arriba, desprovistos de motivos políticos y fundamentados en ideologías moderadas, como el social liberalismo y la social democracia, despejaron mi mente y me han convencido de que los trabajadores, tal y como se expresan a través de sus gremios, tienen toda la razón.
El programa de IVM de la CSS debe ser salvado con ingresos adicionales que fortalezcan su modelo de inversión social y apoyo a los panameños mayores, inválidos y de bajos ingresos.
La propuesta de los trabajadores dista mucho de ser destructiva de la CSS, como aventuraban personas y sectores conservadores del país con versiones apocalípticas. Contrariamente, la propuesta de los trabajadores expresa voluntad de mantener el IVM y la CSS dentro del modelo democrático vigente (es decir, sin revolución), donde se asignen recursos estatales como, por ejemplo, acciones de las compañías privatizadas, ingresos provenientes del Canal y activos fijos de las áreas revertidas. Además, proponen penalizar la evasión y la retención de cuotas, disminuir el período de tolerancia a la morosidad patronal, ampliar la base contributiva (incluyendo los gastos de representación, las dietas, bonificaciones, etc.), crear instancias especializadas en la gestión de inversiones, aumentar en un punto porcentual el interés mensual por mora tanto al Estado como al sector privado, transferencia de superávit del programa de Administración de la CSS al de IVM, eliminar el subsidio que la CSS brinda al Banco Nacional de Panamá, etc., etc.
En suma, la propuesta de los trabajadores para salvar el IVM hace un llamado tanto al sector empresarial como al estatal para que asuman su cuota de inversión social y corrijan, al menos en el caso de la CSS, los elevadísimos niveles de desigualdad entre los actores sociales (Estado, empresarios y trabajadores, principalmente) de nuestro sistema democrático.
Estimados lectores de la clase media y alta de mi país: no hay que ser comunista, cerrar calles, vociferar consignas contra el neoliberalismo ni tirar piedras, para comprender que la paz social y la democracia de Panamá, necesarias y convenientes para todos, dependen desesperadamente de asuntos como el Estado de Derecho, la igualdad de oportunidades y la justicia social. Y que, a pesar de los malos años sufridos en nuestra economía, durante la presente administración del Gobierno Nacional, las estadísticas del PNUD, IPEA y otros organismos internacionales demuestran tajantemente que no es capital lo que nos está faltando en el país para elevar el nivel de vida de nuestros conciudadanos y combatir la pobreza, sino la transparencia y cumplimiento de sus funciones políticas por parte de nuestros gobernantes, así como la honradez y sensibilidad humana de parte de nuestros empresarios. Porque quien roba a otros es ladrón, pero quien roba al débil y pobre se convierte, además, en un canalla.
El sistema de transporte, que alcanza los 42.5 millones de dólares, permitirá que las aguas servidas, que son conducidas por las colectoras por gravedad, sean interceptadas y llevadas hasta las plantas de tratamiento mediante un sistema de transporte conformado por estaciones de bombeo y líneas de impulsión.
Las plantas de tratamiento tendrán un costo de 156 millones de balboas y serán construidas en las poblaciones de los corregimientos de Juan Díaz y Veracruz, en los distritos de Panamá y Arraiján, respectivamente. Este sistema estará compuesto por plantas con pre-tratamiento, lodos activados, tratamiento secundario simplificado, reducción de nitrógeno, desinfección del efluente (líquidos procedente de las industrias), instalaciones para el manejo de lodos y la disposición de efluente tratado que cumpla con los parámetros fijados en las normas establecidas en el país.
Este proyecto general abarca un área aproximada de 350 kilómetros cuadrados incluyendo todos los corregimientos del distrito de Panamá, los corregimientos Amelia Denis de Icaza, Mateo Iturralde, Victoriano Lorenzo, José Domingo Espinar y Belisario Porras, del distrito de San Miguelito, al igual que el corregimiento de Veracruz, en Arraiján.
Para lograr el financiamiento de este millonario proyecto, el Gobierno mantiene negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Japón de Cooperación Internacional.
Este préstamo por un monto de 350 millones de dólares podría ser aprobado por las entidades internacionales a mediados del próximo año 2004, según trascendió.
Para los panameños que creemos en la democracia como el mejor sistema de gobierno para nuestro país, la celebración este año del centenario de la República sumada al inicio de una campaña electoral, resulta un momento crucial y oportuno para reflexionar, corregir y reinventar con coraje y honestidad la democracia "yeyé", por desigual y elitista, que tenemos.
Al igual que muchos, sentí al principio un rechazo inmediato por el discurso revolucionario y hostil de los trabajadores, porque me sumo al enorme grupo de panameños que no deseamos la solución cubana ni el trauma chavista para Panamá. No obstante, las cifras y análisis de los informes mencionados arriba, desprovistos de motivos políticos y fundamentados en ideologías moderadas, como el social liberalismo y la social democracia, despejaron mi mente y me han convencido de que los trabajadores, tal y como se expresan a través de sus gremios, tienen toda la razón.
El programa de IVM de la CSS debe ser salvado con ingresos adicionales que fortalezcan su modelo de inversión social y apoyo a los panameños mayores, inválidos y de bajos ingresos.
La propuesta de los trabajadores dista mucho de ser destructiva de la CSS, como aventuraban personas y sectores conservadores del país con versiones apocalípticas. Contrariamente, la propuesta de los trabajadores expresa voluntad de mantener el IVM y la CSS dentro del modelo democrático vigente (es decir, sin revolución), donde se asignen recursos estatales como, por ejemplo, acciones de las compañías privatizadas, ingresos provenientes del Canal y activos fijos de las áreas revertidas. Además, proponen penalizar la evasión y la retención de cuotas, disminuir el período de tolerancia a la morosidad patronal, ampliar la base contributiva (incluyendo los gastos de representación, las dietas, bonificaciones, etc.), crear instancias especializadas en la gestión de inversiones, aumentar en un punto porcentual el interés mensual por mora tanto al Estado como al sector privado, transferencia de superávit del programa de Administración de la CSS al de IVM, eliminar el subsidio que la CSS brinda al Banco Nacional de Panamá, etc., etc.
En suma, la propuesta de los trabajadores para salvar el IVM hace un llamado tanto al sector empresarial como al estatal para que asuman su cuota de inversión social y corrijan, al menos en el caso de la CSS, los elevadísimos niveles de desigualdad entre los actores sociales (Estado, empresarios y trabajadores, principalmente) de nuestro sistema democrático.
Estimados lectores de la clase media y alta de mi país: no hay que ser comunista, cerrar calles, vociferar consignas contra el neoliberalismo ni tirar piedras, para comprender que la paz social y la democracia de Panamá, necesarias y convenientes para todos, dependen desesperadamente de asuntos como el Estado de Derecho, la igualdad de oportunidades y la justicia social. Y que, a pesar de los malos años sufridos en nuestra economía, durante la presente administración del Gobierno Nacional, las estadísticas del PNUD, IPEA y otros organismos internacionales demuestran tajantemente que no es capital lo que nos está faltando en el país para elevar el nivel de vida de nuestros conciudadanos y combatir la pobreza, sino la transparencia y cumplimiento de sus funciones políticas por parte de nuestros gobernantes, así como la honradez y sensibilidad humana de parte de nuestros empresarios. Porque quien roba a otros es ladrón, pero quien roba al débil y pobre se convierte, además, en un canalla.
El sistema de transporte, que alcanza los 42.5 millones de dólares, permitirá que las aguas servidas, que son conducidas por las colectoras por gravedad, sean interceptadas y llevadas hasta las plantas de tratamiento mediante un sistema de transporte conformado por estaciones de bombeo y líneas de impulsión.
Las plantas de tratamiento tendrán un costo de 156 millones de balboas y serán construidas en las poblaciones de los corregimientos de Juan Díaz y Veracruz, en los distritos de Panamá y Arraiján, respectivamente. Este sistema estará compuesto por plantas con pre-tratamiento, lodos activados, tratamiento secundario simplificado, reducción de nitrógeno, desinfección del efluente (líquidos procedente de las industrias), instalaciones para el manejo de lodos y la disposición de efluente tratado que cumpla con los parámetros fijados en las normas establecidas en el país.
Este proyecto general abarca un área aproximada de 350 kilómetros cuadrados incluyendo todos los corregimientos del distrito de Panamá, los corregimientos Amelia Denis de Icaza, Mateo Iturralde, Victoriano Lorenzo, José Domingo Espinar y Belisario Porras, del distrito de San Miguelito, al igual que el corregimiento de Veracruz, en Arraiján.
Para lograr el financiamiento de este millonario proyecto, el Gobierno mantiene negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Japón de Cooperación Internacional.
Este préstamo por un monto de 350 millones de dólares podría ser aprobado por las entidades internacionales a mediados del próximo año 2004, según trascendió.
