Apuntes sobre bioética y urbanismo (III)
¿Qué hacer para debatir con sensibilidad y argumentos sólidos, a la vez que buscar el mayor beneficio posible sin crear un caos legal por hacer caso omiso a normas preestablecidas, para ese millón y medio de personas que habitan las áreas metropolitanas de Panamá y Colón? ¿Y qué de los actuales moradores dentro de la nueva cuenca que constituyera, para el Canal de Panamá, la Ley 44 de 31 de agosto de 1999?
Según Miguel H. Kottow -quien reconoce que el ser humano sobrevive a costa de la naturaleza- el asunto contempla tres perspectivas importantes: el respeto hacia el medio ambiente como fuente de recursos potenciales, aún en aquellos lugares sin utilidad aparente hoy día, el acatamiento estético como bien de la humanidad y la preocupación por el uso futuro de las próximas generaciones, cuyas necesidades actualmente desconocemos. El autor añade que la bioética debe centrar su discusión sobre este tema para regular la explotación de dichos patrimonios sin lesionar su potencial a largo plazo por satisfacer intereses actuales, además de compartir sus costos y beneficios, tanto por las sociedades marginales, como por aquellas ya desarrolladas.
Si bien es cierto que cualquier proceso que se plantee hoy en la República de Panamá -particularmente en los campos de la planificación urbana y regional- debe atenerse a lo que determina la Autoridad Nacional del Ambiente, resulta de difícil pronóstico parte del procedimiento que dictamina el decreto ejecutivo 59 respecto al asunto que nos ocupa. La ANAM ha incorporado acertadamente el análisis en áreas sensitivas tales como el impacto en los medios físicos, bióticos y socioeconómicos, además de ajustarse a las normas para el uso de suelo o donde prevalezca el carácter histórico y paisajístico de un sitio en particular.
Quizás el punto que más se asemeja al diálogo que recomienda la bioética para solventar temas de interés común -y donde radica mi preocupación- es ese que involucra la participación ciudadana en talleres, encuestas, reuniones de trabajo y asambleas hasta concluir con un foro público donde se debate la viabilidad -o no- de un proyecto dado.
Ahora bien: ¿se podrán aplicar imparcialmente los principios de autonomía, no - maleficencia, beneficencia y justicia dentro de un proceso como el mencionado anteriormente? ¿Y qué decir sobre los conflictos que plantearán las predecibles posiciones de maximización y optimización, además de las discrepancias que surgirán cuando se analice un tema a profundidad?
Basta ver las reacciones que se han dado luego que un barrio se resiste a aceptar la decisión sobre el paso de una vía -o el establecimiento de una infraestructura de ayuda comunitaria- cuyo provecho sería incalculable para la comunidad en general. Tal fue el caso de la prolongación del Corredor Sur, los necesarios pasos elevados vehiculares para aliviar algo del maltrecho tránsito urbano y la posición intransigente de los grupos transportistas respecto a la modernización de tan importante servicio público.
La pésima localización del nuevo puente sobre el Canal, asunto cuya decisión se basó principalmente en el costo de la obra y el posible ensanche de la vía interoceánica, no le dio valor a que uno de sus accesos atraviesa el Parque Nacional Camino de Cruces mientras que el otro desemboca en el antiguo -y aún no saneado- polígono de tiro de Balboa Noreste, además de haberle restado importancia al verdadero usuario de dicha estructura -la ciudad de Panamá- luego que esta ubicación lo desarticulara del esquema metropolitano de la principal urbe del país.
Igual se puede decir -pero con mayores y más impredecibles consecuencias- sobre los tres posibles embalses que la ACP mantiene como su mejor opción para aumentar la capacidad hídrica del Canal. Intentaré formular algunas conclusiones finales la semana entrante.
(rbermudez@cableonda.net)
Según Miguel H. Kottow -quien reconoce que el ser humano sobrevive a costa de la naturaleza- el asunto contempla tres perspectivas importantes: el respeto hacia el medio ambiente como fuente de recursos potenciales, aún en aquellos lugares sin utilidad aparente hoy día, el acatamiento estético como bien de la humanidad y la preocupación por el uso futuro de las próximas generaciones, cuyas necesidades actualmente desconocemos. El autor añade que la bioética debe centrar su discusión sobre este tema para regular la explotación de dichos patrimonios sin lesionar su potencial a largo plazo por satisfacer intereses actuales, además de compartir sus costos y beneficios, tanto por las sociedades marginales, como por aquellas ya desarrolladas.
Si bien es cierto que cualquier proceso que se plantee hoy en la República de Panamá -particularmente en los campos de la planificación urbana y regional- debe atenerse a lo que determina la Autoridad Nacional del Ambiente, resulta de difícil pronóstico parte del procedimiento que dictamina el decreto ejecutivo 59 respecto al asunto que nos ocupa. La ANAM ha incorporado acertadamente el análisis en áreas sensitivas tales como el impacto en los medios físicos, bióticos y socioeconómicos, además de ajustarse a las normas para el uso de suelo o donde prevalezca el carácter histórico y paisajístico de un sitio en particular.
Quizás el punto que más se asemeja al diálogo que recomienda la bioética para solventar temas de interés común -y donde radica mi preocupación- es ese que involucra la participación ciudadana en talleres, encuestas, reuniones de trabajo y asambleas hasta concluir con un foro público donde se debate la viabilidad -o no- de un proyecto dado.
Ahora bien: ¿se podrán aplicar imparcialmente los principios de autonomía, no - maleficencia, beneficencia y justicia dentro de un proceso como el mencionado anteriormente? ¿Y qué decir sobre los conflictos que plantearán las predecibles posiciones de maximización y optimización, además de las discrepancias que surgirán cuando se analice un tema a profundidad?
Basta ver las reacciones que se han dado luego que un barrio se resiste a aceptar la decisión sobre el paso de una vía -o el establecimiento de una infraestructura de ayuda comunitaria- cuyo provecho sería incalculable para la comunidad en general. Tal fue el caso de la prolongación del Corredor Sur, los necesarios pasos elevados vehiculares para aliviar algo del maltrecho tránsito urbano y la posición intransigente de los grupos transportistas respecto a la modernización de tan importante servicio público.
La pésima localización del nuevo puente sobre el Canal, asunto cuya decisión se basó principalmente en el costo de la obra y el posible ensanche de la vía interoceánica, no le dio valor a que uno de sus accesos atraviesa el Parque Nacional Camino de Cruces mientras que el otro desemboca en el antiguo -y aún no saneado- polígono de tiro de Balboa Noreste, además de haberle restado importancia al verdadero usuario de dicha estructura -la ciudad de Panamá- luego que esta ubicación lo desarticulara del esquema metropolitano de la principal urbe del país.
Igual se puede decir -pero con mayores y más impredecibles consecuencias- sobre los tres posibles embalses que la ACP mantiene como su mejor opción para aumentar la capacidad hídrica del Canal. Intentaré formular algunas conclusiones finales la semana entrante.
(rbermudez@cableonda.net)
