Ardiente esperanza
"La ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre, son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos".
Al cumplirse el 10 de diciembre, 59 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el alcance de sus principios van cobrando mayor valor para los centenares de millones de mujeres y hombres que libran a diario mil acciones a favor de la libertad, la justicia y la paz.
En sociedades como la nuestra, donde el Estado de Derecho es un espejismo y sólo sirve como muletilla para los demagogos en posiciones de poder o en funciones de autoridad, como lo ha corroborado la actitud y el comportamiento del Gobierno de Torrijos con el paro médico, el contenido de la Declaración Universal debe ser un verdadero instrumento de acción real.
Deben diseñarse y ejecutarse verdaderas políticas en Derechos Humanos para poder emprender el camino decidido hacia una democracia participativa. El establecimiento de unidades asesoras en todas las oficinas públicas, con funcionarios y ciudadanos particulares verdaderamente versados en el tema, sería un buen punto de partida para que los Derechos Humanos en Panamá, nos permitan a todos ser cada vez más libres e iguales.
Tenemos que ser cada vez más exigentes para que se multiplique por todos los medios, la difusión de los Derechos Humanos y poder lograr que este conjunto de principios, valores y prescripciones que ha contribuido y busca marcar la frontera entre la civilización y la barbarie, entre la democracia y el totalitarismo, entre las condiciones de vida dignas del hombre y las que no corresponden a su dignidad, sean cada vez más conocidas, practicadas y respetadas por todos.
No podemos seguir tolerando que la educación y la instrucción, el saber y la práctica de los Derechos Humanos no sea para los panameños el conocimiento profundo de cuanto la persona humana significa como base, vértice y fundamento de toda relación de justicia, como sujeto real y activo del derecho y como protagonista principal del orden jurídico.
El actual Gobierno está en deuda con su población, cuyos Derechos Humanos son constantemente violados, al mantener una serie de estructuras contrarias a los mismos y por las prácticas de los gobernantes de servir de cómplices y aliados de la corrupción y la impunidad que hoy asolan a la sociedad panameña.
Los primeros que deben ser educados en los Derechos Humanos son los propios servidores del Estado, empezando por el primer mandatario y sus ministros, así como los rectores del Órgano Judicial para que cesen sus actitudes y ataques ?basados en el menosprecio y el desconocimiento? que vienen desarrollando en contra de nuestros Derechos Humanos.
