Asesinatos y violaciones en la República del Congo
El 11 de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU habló sobre el urgente, pero todavía evasivo, tema de la protección de civiles en los conflictos armados. Quizás en ninguna parte esta actitud es más evidente que en la República Democrática del Congo (RDC) donde un prolongado conflicto ha cobrado millones de víctimas y donde la violencia sexual ha llegado a niveles epidémicos.
Como ex juez de la Corte Criminal Internacional para Ruanda y de la Corte Criminal Internacional en La Haya, tengo sobrada experiencia como para pensar que hacerse de la vista gorda a los descarados abusos de los derechos humanos es una receta para el desastre. La impunidad sólo envalentona a los perpetradores a cometer más crímenes y alienta a otros a unirse a sus filas. Sin poder recurrir a la justicia, las víctimas sólo pueden tratar de defenderse ellas solas.
Este enfoque es la negación misma del concepto fundamental de la inviolabilidad civil en tiempos de paz y en tiempos de guerra. En cambio, el gobierno de la RDC parece estar empeñado en desviar la responsabilidad por los abusos masivos de los derechos humanos a manos de sus oficiales y soldados.
La RDC ha suscrito y ratificado numerosos acuerdos sobre los derechos humanos, incluyendo el Estatuto de la Corte Criminal Internacional que abarca crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio.
Como mínimo, el gobierno tiene la obligación de investigar los alegatos. Más aún, el Consejo de Seguridad de la ONU ha ordenado al gobierno de la RDC a establecer un mecanismo de investigación.
La sufrida población de la RDC tiene el derecho de obtener protección de un ejército profesional y disciplinado. El gobierno debe cumplir con las decisiones del Consejo de Seguridad y con sus obligaciones bajo la ley internacional. Sobre todo, debe demostrar que las violaciones de los derechos humanos ya no serán toleradas y que las víctimas obtendrán la justicia que se les ha negado por muchos años.
