ATLAPA: un grito al cielo
Es lo que están a punto de dar los funcionarios de ATLAPA ante los nubarrones que se ciernen sobre el proceso de privatización, del cual parece podrían ser ellos los únicos perjudicados, ya que de la totalidad de la indemnización que reclaman, el Estado sólo pretende reconocerles la mitad.
De no lograrse un acuerdo satisfactorio, funcionarios que ganan B/.400.00 al mes y con más de 15 años de servicio quedarían en la calle con una irrisoria indemnización de sólo B/.6,000.00, lo cual no les alcanzará ni para hacerle frente a las deudas.
La situación se agrava dado el caso que la mayoría de estos servidores públicos excede el máximo de la edad que en la actualidad se demanda en el mercado laboral para ser contratados por una empresa.
Y la pregunta que se hacen es por qué al trabajador panameño se le niegan sus justas reclamaciones cuando el gobierno regala millones a empresas transnacionales, como son los casos de Panama Ports Company, a la que de un plumazo se le exoneró del pago de mil 200 en impuestos, y a Manzanillo Internacional, que se le pretende equipara con beneficios similares, entre otras empresas que ya han recibido prebendas gubernamentales. ¿Luz para la calle y oscuridad para la casa? ¿Por qué al nacional se le niegan sus reclamaciones y al extranjero se les conceden en exceso?
En el caso de ATLAPA, según lo ha reconocido el propio IPAT, institución que actualmente opera ese centro de convenciones, con la privatización se busca captar la mayor cantidad de eventos internacionales para el país, a fin de incrementar “la ocupación hotelera del área de la ciudad capital, y demás negocios vinculados al sector turismo”.
Pareciera que al Estado le interesa más aumentar las ganancias de las empresas que se beneficiarán con la privatización de ATLAPA que la suerte que les espera a los 70 trabajadores que laboran en esa dependencia del IPAT y que dentro de poco pasarán a engrosar la lista de desempleados del país.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y el Grupo Arenas Panamá en consorcio con el Grupo HVA de Brasil, son los interesados en adjudicarse la concesión para la administración de ATLAPA. Entre los puntos de las negociaciones figura la alternativa de que una parte de los funcionarios sea contratada por un período de tres meses por la empresa que se adjudique la licitación. Pero ¿y luego qué? Hay experiencias de anteriores privatizaciones en las que las empresas se comprometen a contratar al personal de la institución privatizada y al cabo de unos meses son destituidos, incrementando con ello el índice del desempleo en el país.
Esta realidad tiende a aumentar la inseguridad ciudadana porque tiene relación directa con la creciente ola de delincuencia que afecta el país, lo que hace dudar de los beneficios reales que traen los procesos de privatización para la economía nacional.
Otra situación grave en las negociaciones es el hecho de que a los funcionarios de ATLAPA nunca se les quiso reconocer sus prestaciones labores, horas extras, vacaciones y demás, de acuerdo al Código de Trabajo, pero paradójicamente hoy sí es válido este documento (desmejorado en perjuicio del trabajador) y es el que ahora se pretende tomar como base para calcular sus indemnizaciones.
Ante este panorama oscuro y de inseguridad, se da otro aspecto muy delicado. Y es el hecho de que, producto de las condiciones a que han estado sometidos los funcionarios de ATLAPA en que a muchos no se les aprobaban sus vacaciones con la excusa de falta de personal, a trabajadores con hasta ocho meses de vacaciones pendientes, dentro de su indemnización (de acuerdo a la propuesta gubernamental) sólo se le reconocerán dos y el resto quedaría en reclamo. Como decimos en buen panameño, tendrán que ensillar un gallote para que se las reconozcan.
¿Quién pierde? ¿Quién gana? No hay duda de que aquí el único perdedor será nuevamente el funcionario público, porque, por lo general, en estas transacciones siempre gana el empresario, que en muchos casos son los mismos que forman parte del gobierno y que deciden qué parte le toca al trabajador panameño.
La licitación de ATLAPA ha sido declarada desierta nuevamente, mientras tanto, los funcionarios de ese centro de convenciones mantienen vivas las esperanzas de que el gobierno reconozca sus justas aspiraciones y se llegue a un acuerdo satisfactorio que les permita enfrentar con dignidad la cruda realidad que dentro de poco les espera.
De no lograrse un acuerdo satisfactorio, funcionarios que ganan B/.400.00 al mes y con más de 15 años de servicio quedarían en la calle con una irrisoria indemnización de sólo B/.6,000.00, lo cual no les alcanzará ni para hacerle frente a las deudas.
La situación se agrava dado el caso que la mayoría de estos servidores públicos excede el máximo de la edad que en la actualidad se demanda en el mercado laboral para ser contratados por una empresa.
Y la pregunta que se hacen es por qué al trabajador panameño se le niegan sus justas reclamaciones cuando el gobierno regala millones a empresas transnacionales, como son los casos de Panama Ports Company, a la que de un plumazo se le exoneró del pago de mil 200 en impuestos, y a Manzanillo Internacional, que se le pretende equipara con beneficios similares, entre otras empresas que ya han recibido prebendas gubernamentales. ¿Luz para la calle y oscuridad para la casa? ¿Por qué al nacional se le niegan sus reclamaciones y al extranjero se les conceden en exceso?
En el caso de ATLAPA, según lo ha reconocido el propio IPAT, institución que actualmente opera ese centro de convenciones, con la privatización se busca captar la mayor cantidad de eventos internacionales para el país, a fin de incrementar “la ocupación hotelera del área de la ciudad capital, y demás negocios vinculados al sector turismo”.
Pareciera que al Estado le interesa más aumentar las ganancias de las empresas que se beneficiarán con la privatización de ATLAPA que la suerte que les espera a los 70 trabajadores que laboran en esa dependencia del IPAT y que dentro de poco pasarán a engrosar la lista de desempleados del país.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y el Grupo Arenas Panamá en consorcio con el Grupo HVA de Brasil, son los interesados en adjudicarse la concesión para la administración de ATLAPA. Entre los puntos de las negociaciones figura la alternativa de que una parte de los funcionarios sea contratada por un período de tres meses por la empresa que se adjudique la licitación. Pero ¿y luego qué? Hay experiencias de anteriores privatizaciones en las que las empresas se comprometen a contratar al personal de la institución privatizada y al cabo de unos meses son destituidos, incrementando con ello el índice del desempleo en el país.
Esta realidad tiende a aumentar la inseguridad ciudadana porque tiene relación directa con la creciente ola de delincuencia que afecta el país, lo que hace dudar de los beneficios reales que traen los procesos de privatización para la economía nacional.
Otra situación grave en las negociaciones es el hecho de que a los funcionarios de ATLAPA nunca se les quiso reconocer sus prestaciones labores, horas extras, vacaciones y demás, de acuerdo al Código de Trabajo, pero paradójicamente hoy sí es válido este documento (desmejorado en perjuicio del trabajador) y es el que ahora se pretende tomar como base para calcular sus indemnizaciones.
Ante este panorama oscuro y de inseguridad, se da otro aspecto muy delicado. Y es el hecho de que, producto de las condiciones a que han estado sometidos los funcionarios de ATLAPA en que a muchos no se les aprobaban sus vacaciones con la excusa de falta de personal, a trabajadores con hasta ocho meses de vacaciones pendientes, dentro de su indemnización (de acuerdo a la propuesta gubernamental) sólo se le reconocerán dos y el resto quedaría en reclamo. Como decimos en buen panameño, tendrán que ensillar un gallote para que se las reconozcan.
¿Quién pierde? ¿Quién gana? No hay duda de que aquí el único perdedor será nuevamente el funcionario público, porque, por lo general, en estas transacciones siempre gana el empresario, que en muchos casos son los mismos que forman parte del gobierno y que deciden qué parte le toca al trabajador panameño.
La licitación de ATLAPA ha sido declarada desierta nuevamente, mientras tanto, los funcionarios de ese centro de convenciones mantienen vivas las esperanzas de que el gobierno reconozca sus justas aspiraciones y se llegue a un acuerdo satisfactorio que les permita enfrentar con dignidad la cruda realidad que dentro de poco les espera.
