Audaz amenaza
Los señores transportistas están audazmente amenazando con iniciar una huelga una vez culminen las fiestas patrias.
La paralización del transporte público en cualquier parte del mundo puede constituir no solo un daño irreparable para la economía de un país, sino también una amenaza para el desenvolvimiento social y aún para la estabilidad de un gobierno.
Ellos, los transportistas, criminalmente están acabando con los oídos de quienes aún tenemos vida y seguirían haciéndolo con los que ya mataron con sus famosos "Diablos Rojos". Sus amenazas porque los están acosando, de lo que ya están cansados, según dicen, no pueden constituir otra cosa más que un gran cinismo. La llevarán perdida.
El Gobierno tiene entre sus manos la Constitución y la Ley Penal. Una huelga del transporte público puede bien considerarse un crimen de lesa patria.
No debe titubear el Gobierno en arremeter contra estos audaces, buscar a los grandes capos que la autoricen y encarcelarlos. Contará con el respaldo y hasta con el aplauso de todas las viudas y huérfanos que han venido creando desde hace años ya, y que los ha hecho acreedores a la ignominia.
Han ofrecido los propios transportistas ahora una nueva oportunidad para sacarlos de las sombras con que se amparan, informándosele al país quiénes son y dónde están.
Mientras no se tome la valiente pero indispensable medida de desenmascararlos y sacarlos de ese negocio de por vida, seguiremos en las mismas.
La paralización del transporte público en cualquier parte del mundo puede constituir no solo un daño irreparable para la economía de un país, sino también una amenaza para el desenvolvimiento social y aún para la estabilidad de un gobierno.
Ellos, los transportistas, criminalmente están acabando con los oídos de quienes aún tenemos vida y seguirían haciéndolo con los que ya mataron con sus famosos "Diablos Rojos". Sus amenazas porque los están acosando, de lo que ya están cansados, según dicen, no pueden constituir otra cosa más que un gran cinismo. La llevarán perdida.
El Gobierno tiene entre sus manos la Constitución y la Ley Penal. Una huelga del transporte público puede bien considerarse un crimen de lesa patria.
No debe titubear el Gobierno en arremeter contra estos audaces, buscar a los grandes capos que la autoricen y encarcelarlos. Contará con el respaldo y hasta con el aplauso de todas las viudas y huérfanos que han venido creando desde hace años ya, y que los ha hecho acreedores a la ignominia.
Han ofrecido los propios transportistas ahora una nueva oportunidad para sacarlos de las sombras con que se amparan, informándosele al país quiénes son y dónde están.
Mientras no se tome la valiente pero indispensable medida de desenmascararlos y sacarlos de ese negocio de por vida, seguiremos en las mismas.
