Audito ciudadano
En un meritorio esfuerzo por "participar activamente en la promoción de la reforma judicial y por promover una cultura de rendición de cuentas en los operarios del sistema de justicia", la Alianza Ciudadana Pro Justicia presentó la pasada semana el Audito Ciudadano de la Justicia Penal en Panamá. El interesante trabajo fue dado a conocer por los directivos de la Alianza Ciudadana a representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil que se preocupan por tan importantes temas, ante la notoria ausencia de funcionarios del Organo Judicial, quienes deberían ser los primeros en estar sentados en primera fila y atentos a la radiografía ciudadana.
El intento de poder lograr un monitoreo permanente sobre la situación del sistema de justicia penal en Panamá y, muy especialmente, en los temas de acceso, independencia y transparencia del poder judicial, merece el respaldo de todos los sectores de la sociedad que, desde diversas posiciones y organizaciones, clamamos por un sistema de justicia moderno, transparente y sobre todo, justo.
El informe contiene una valiosa cantidad de información estadística, repartida en datos, cifras y opiniones, que nos permite alcanzar no sólo una mayor información sino también, una mejor comprensión de los problemas de la justicia. Es justo, por ello, felicitar a los miembros de la Alianza Ciudadana Pro Justicia (info@alianzaprojusticia.org.pa), especialmente a su equipo ejecutivo dirigido por Carlos Lee y Magaly Castillo, así como a todos los que colaboraron en la preparación, redacción y difusión del Audito Ciudadano in comento, por su valioso aporte a la necesidad de alcanzar mejores días para la tan deteriorada justicia penal panameña.
Cabe destacar la claridad meridiana con que el Audito confirma que "las Instituciones de Garantía consagradas en la Constitución Nacional no constituyen un verdadero instrumento de acceso a la justicia, ya que los Derechos Humanos que se pretenden proteger, resultan vulnerados por el rigor formal que hace inadmisible tales recursos o acciones". Este hecho alimenta aún más la importancia que existe de hacer una profunda transformación del contrato social que rige a la sociedad panameña e introducir instituciones que sean realmente efectivas y positivas para un sistema judicial cónsono con los logros de la humanidad en materia de Derechos Humanos.
La estructura vertical existente en el Organo Judicial, también es auditada. Se destaca cómo la misma "fomenta un control excesivo sobre los jueces de tribunales inferiores". En efecto, en Panamá el superior jerárquico interviene sin reparos en el sistema de selección, el nombramiento, la evaluación y la capacitación judicial, en la dirección y decisión de los procesos por falta disciplinaria y a la ética judicial, en la aplicación de sanciones, lo cual no garantiza la transparencia y excelencia del proceso de selección judicial y además, promueve la desconfianza interna y externa en las operaciones judiciales, al mismo tiempo que promueve la vulnerabilidad de los jueces a la interferencia interna y externa.
Sumado a lo anterior, hay un número plural e interesante de información sobre el presupuesto del Organo Judicial y el Ministerio Público; la impunidad en el sector justicia, los dilemas de la seguridad ciudadana, el desatroso sistema penitenciario y la situación de los miles de presos sin condena.
Todos esos temas son abordados por el Audito Ciudadano de la Justicia Penal en Panamá, acompañado de los puntos para una Agenda de Reforma Judicial que permitan la aplicación de cambios integrales al sistema de justicia para que responda a una política criminal de Estado, que se caracterice por la ejecución de medidas de rendición de cuentas y una transparencia permanente.
La propuesta de designar una "Comisión de Estado por la Justicia", conformada por representantes de los tres Organos del Estado, miembros de las distintas fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa y por personas de reconocido prestigio profesional, provenientes de la sociedad civil y del entorno académico, a fin de que propongan una Política General de Estado para la reforma judicial, está formulada por la Alianza Ciudadana Pro Justicia (http:/www.alianzaprojusticia.org.pa) y cuenta con el respaldo de más de medio centenar de organizaciones cívicas, profesionales, empresariales, académicas y religiosas del país, que no puede dejar de ser tomada en consideración por los rectores de la cosa pública.
Independencia y transparencia deben ser la carta de presentación de todo el sistema de justicia.
Ojalá que este primer -y meritorio- Audito Ciudadano de la Justicia Penal en Panamá pase a ser un instrumento de acción y cambio para todos los amantes de la justicia, para todos los que deseamos la paz.
El intento de poder lograr un monitoreo permanente sobre la situación del sistema de justicia penal en Panamá y, muy especialmente, en los temas de acceso, independencia y transparencia del poder judicial, merece el respaldo de todos los sectores de la sociedad que, desde diversas posiciones y organizaciones, clamamos por un sistema de justicia moderno, transparente y sobre todo, justo.
El informe contiene una valiosa cantidad de información estadística, repartida en datos, cifras y opiniones, que nos permite alcanzar no sólo una mayor información sino también, una mejor comprensión de los problemas de la justicia. Es justo, por ello, felicitar a los miembros de la Alianza Ciudadana Pro Justicia (info@alianzaprojusticia.org.pa), especialmente a su equipo ejecutivo dirigido por Carlos Lee y Magaly Castillo, así como a todos los que colaboraron en la preparación, redacción y difusión del Audito Ciudadano in comento, por su valioso aporte a la necesidad de alcanzar mejores días para la tan deteriorada justicia penal panameña.
Cabe destacar la claridad meridiana con que el Audito confirma que "las Instituciones de Garantía consagradas en la Constitución Nacional no constituyen un verdadero instrumento de acceso a la justicia, ya que los Derechos Humanos que se pretenden proteger, resultan vulnerados por el rigor formal que hace inadmisible tales recursos o acciones". Este hecho alimenta aún más la importancia que existe de hacer una profunda transformación del contrato social que rige a la sociedad panameña e introducir instituciones que sean realmente efectivas y positivas para un sistema judicial cónsono con los logros de la humanidad en materia de Derechos Humanos.
La estructura vertical existente en el Organo Judicial, también es auditada. Se destaca cómo la misma "fomenta un control excesivo sobre los jueces de tribunales inferiores". En efecto, en Panamá el superior jerárquico interviene sin reparos en el sistema de selección, el nombramiento, la evaluación y la capacitación judicial, en la dirección y decisión de los procesos por falta disciplinaria y a la ética judicial, en la aplicación de sanciones, lo cual no garantiza la transparencia y excelencia del proceso de selección judicial y además, promueve la desconfianza interna y externa en las operaciones judiciales, al mismo tiempo que promueve la vulnerabilidad de los jueces a la interferencia interna y externa.
Sumado a lo anterior, hay un número plural e interesante de información sobre el presupuesto del Organo Judicial y el Ministerio Público; la impunidad en el sector justicia, los dilemas de la seguridad ciudadana, el desatroso sistema penitenciario y la situación de los miles de presos sin condena.
Todos esos temas son abordados por el Audito Ciudadano de la Justicia Penal en Panamá, acompañado de los puntos para una Agenda de Reforma Judicial que permitan la aplicación de cambios integrales al sistema de justicia para que responda a una política criminal de Estado, que se caracterice por la ejecución de medidas de rendición de cuentas y una transparencia permanente.
La propuesta de designar una "Comisión de Estado por la Justicia", conformada por representantes de los tres Organos del Estado, miembros de las distintas fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa y por personas de reconocido prestigio profesional, provenientes de la sociedad civil y del entorno académico, a fin de que propongan una Política General de Estado para la reforma judicial, está formulada por la Alianza Ciudadana Pro Justicia (http:/www.alianzaprojusticia.org.pa) y cuenta con el respaldo de más de medio centenar de organizaciones cívicas, profesionales, empresariales, académicas y religiosas del país, que no puede dejar de ser tomada en consideración por los rectores de la cosa pública.
Independencia y transparencia deben ser la carta de presentación de todo el sistema de justicia.
Ojalá que este primer -y meritorio- Audito Ciudadano de la Justicia Penal en Panamá pase a ser un instrumento de acción y cambio para todos los amantes de la justicia, para todos los que deseamos la paz.
