Audito de fallos
La Comisión de Estado por la Justicia está recomendando la implementación de un sistema de áudito de los fallos de los tribunales, el cual se orienta hacia el control de la productividad con miras a solucionar el problema de la mora judicial. El mismo mecanismo se utilizaría como instrumento para evaluar el desempeño de los jueces. Eso está bien, pero no es suficiente si no se conjuga la cantidad con la calidad de fallos.
En los últimos días, ha hecho crisis la repulsa de todos los sectores nacionales por los malos fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia, que ponen en peligro la institucionalidad del país, desde el momento que ha dado lugar para que se levanten voces que sugieren cambios radicales, renuncias, juzgamientos y destituciones en todo el aparato judicial, incluyendo al máximo tribunal. En esos términos se han pronunciado recientemente, entre otros el ex candidato presidencial Alberto Vallarino y la ex procuradora suplente de la Nación, Mercedes Araúz de Grimaldo. El mismo presidente de la República, Martín Torrijos, ha dicho varias veces que se siente frustrado por los fallos y el estado deplorable de la administración de justicia.
El mayor problema es que se ha perdido la fe y confianza ciudadana en la integridad de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia que, como alguien explicó una vez, es lo más cercano a Dios en la tierra. Y en ese sentido, mientras llegan las soluciones, sea por inducción externa o por propia decisión del aparato enfermo, es sabio que la Comisión haya considerado el áudito judicial como fórmula de fiscalización y prevención de fallos malos o torcidos y peores jueces. En esa fórmula, obviamente, debe darse participación activa a la sociedad civil, a través de representantes de los clubes cívicos, la Iglesia, las universidades, el Colegio Nacional de Abogados, la Alianza Ciudadana Pro-Justicia y el propio Organo Judicial.
En los últimos días, ha hecho crisis la repulsa de todos los sectores nacionales por los malos fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia, que ponen en peligro la institucionalidad del país, desde el momento que ha dado lugar para que se levanten voces que sugieren cambios radicales, renuncias, juzgamientos y destituciones en todo el aparato judicial, incluyendo al máximo tribunal. En esos términos se han pronunciado recientemente, entre otros el ex candidato presidencial Alberto Vallarino y la ex procuradora suplente de la Nación, Mercedes Araúz de Grimaldo. El mismo presidente de la República, Martín Torrijos, ha dicho varias veces que se siente frustrado por los fallos y el estado deplorable de la administración de justicia.
El mayor problema es que se ha perdido la fe y confianza ciudadana en la integridad de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia que, como alguien explicó una vez, es lo más cercano a Dios en la tierra. Y en ese sentido, mientras llegan las soluciones, sea por inducción externa o por propia decisión del aparato enfermo, es sabio que la Comisión haya considerado el áudito judicial como fórmula de fiscalización y prevención de fallos malos o torcidos y peores jueces. En esa fórmula, obviamente, debe darse participación activa a la sociedad civil, a través de representantes de los clubes cívicos, la Iglesia, las universidades, el Colegio Nacional de Abogados, la Alianza Ciudadana Pro-Justicia y el propio Organo Judicial.
