Austeridad en gastos públicos
La negativa gubernamental a acceder al otorgamiento de créditos extraordinarios al Tribunal Electoral, puede ser el inicio de una sana política hacendaria de austeridad en los gastos públicos. Ciertamente, en medio de la crítica situación económica en que se desenvuelve el Estado panameño por carencia de recursos para atender apremiantes necesidades sociales, no resulta pertinente que las instituciones públicas, como es el caso del Tribunal Electoral, se sobrepasen en el monto del presupuesto asignado y propongan la adjudicación de más partidas.
En el primer año de un gobierno no existen elecciones en puertas ni referéndum, o cualquier otro tipo de consultas populares que avalen créditos extraordinarios. En consecuencia, los gastos del organismo electoral deben ceñirse al funcionamiento de servicios permanentes de expedición de cédulas, inscripción de nuevos ciudadanos y otros similares. En el contexto de la austeridad presupuestal, ésta es la ocasión para que, en sentido contrario a la solicitud de incremento de gastos de funcionamiento, los entes estatales en general racionalicen su personal, adecuándose a la ley de Carrera Administrativa, abandonando criterios de nepotismo y clientelismo político tanto para incrementar la burocracia como para despedir funcionarios de acreditada antigüedad, y reemplazarlos por amigos y recomendados.
En apego a los deberes constitucionales, que le asignan la fiscalización del gasto público, entre otras facultades, la Contraloría tiene potestad para investigar en qué organismos se recluta personal administrativo que trabaja en los hechos bajo regímenes de feudos privados. No es admisible que las unidades de seguridad en la planilla del Estado, por ejemplo, lleven a los hijos de los jefes al colegio o hagan compras de comida rápida para transportarlas a las residencias de los jefes con transporte y combustible igualmente sufragado con recursos públicos. Estos y otros vicios, que transforman al servidor público en servidor doméstico, deben ser corregidos cuanto antes por la Contraloría. Asimismo las partidas de viajes al exterior y viáticos deben revisarse al detalle, pues hay casos en que pueden mediar invitaciones foráneas que asumen gastos de pasajes aéreos, alojamiento y alimentación, y así impedir que los viáticos entregados por el fisco panameño vayan a bolsillos particulares.
La Contraloría de la República tiene las herramientas administrativas para sanear el gasto público, aplicando medidas de austeridad que bloqueen los desbordamientos presupuestales.
En el primer año de un gobierno no existen elecciones en puertas ni referéndum, o cualquier otro tipo de consultas populares que avalen créditos extraordinarios. En consecuencia, los gastos del organismo electoral deben ceñirse al funcionamiento de servicios permanentes de expedición de cédulas, inscripción de nuevos ciudadanos y otros similares. En el contexto de la austeridad presupuestal, ésta es la ocasión para que, en sentido contrario a la solicitud de incremento de gastos de funcionamiento, los entes estatales en general racionalicen su personal, adecuándose a la ley de Carrera Administrativa, abandonando criterios de nepotismo y clientelismo político tanto para incrementar la burocracia como para despedir funcionarios de acreditada antigüedad, y reemplazarlos por amigos y recomendados.
En apego a los deberes constitucionales, que le asignan la fiscalización del gasto público, entre otras facultades, la Contraloría tiene potestad para investigar en qué organismos se recluta personal administrativo que trabaja en los hechos bajo regímenes de feudos privados. No es admisible que las unidades de seguridad en la planilla del Estado, por ejemplo, lleven a los hijos de los jefes al colegio o hagan compras de comida rápida para transportarlas a las residencias de los jefes con transporte y combustible igualmente sufragado con recursos públicos. Estos y otros vicios, que transforman al servidor público en servidor doméstico, deben ser corregidos cuanto antes por la Contraloría. Asimismo las partidas de viajes al exterior y viáticos deben revisarse al detalle, pues hay casos en que pueden mediar invitaciones foráneas que asumen gastos de pasajes aéreos, alojamiento y alimentación, y así impedir que los viáticos entregados por el fisco panameño vayan a bolsillos particulares.
La Contraloría de la República tiene las herramientas administrativas para sanear el gasto público, aplicando medidas de austeridad que bloqueen los desbordamientos presupuestales.
