Autoridad del Tránsito

"Misión imposible" es la primera idea que nos salta, cuando leemos de los buenos propósitos de Severino Mejía al frente de la Autoridad del Tránsito. Todo conspira para que fracase. Y no lo decimos por él. Cualquier otro correría igual suerte. No es cuestión de persona, es que la institución está enferma desde sus cimientos.
En sus orígenes, nace como producto del golpe militar de Omar Torrijos y Boris Martínez, en 1968. La dictadura, por razones políticas, en búsqueda de sustento para su gobierno de facto, arrebató el transporte público a las empresas privadas y lo entregó a los conductores de buses y taxis a cambio de su apoyo "un machete para ganarse la vida" y, al mismo tiempo, una pieza de la "yunta pueblo Gobierno".
Pero en los matrimonios hay desavenencias, a veces violentas. A inicios de los ochenta, surgió una de ellas. Los taxistas amenazaron con un paro, a raíz de aspiraciones por un aumento de tarifas que coincidió con algunas jornadas civilistas de COCINA. Una madrugada, camiones militares "Pegaso" de las Fuerzas de Defensa, irrumpieron en las piqueras y demolieron a choque limpio todos los vehículos de las organizaciones transportistas que pernoctaban en ellas. La ciudadanía quedó atónita, pero poco o nada dijo. Lo tomó como una pelea de marido y mujer que, a los pocos días, fue resuelta amigablemente. Los carros chocados fueron reparados o reemplazados. Otra concesión les fue dada, el control compartido de la entonces Dirección de Tránsito, el cual persiste hasta nuestros días.
El transporte público es un negocio que mueve más de B/. 250 millones cada año. No sólo en pasajes de buses y taxis, sino en compra y reparación de carros, repuestos, venta de combustible y actividades conexas. Hablamos de una quinta parte de lo que genera todo el Canal de Panamá. Paralelo a eso, se desarrolla un negociado de cupos controlado por mafias que comparten ganancias con los funcionarios del sector. En todo eso, son invitados de piedra los usuarios del servicio, la empresa privada -incluyendo a bancos y financieras que se aventuran a invertir en el rubro- y la ciudadanía que tiene que aguantarse los desmanes y el mal servicio. ¿Puede hacer algo Severino Mejía, con un aparato que genera rentas ilegales por el orden de los B/. 12 ó B/. 20 millones cada año compartido entre las mafias y los funcionarios? La respuesta es simple y trágica a la vez. No hay la menor esperanza de que algo bueno ocurra en el corto plazo.