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Avances sobre "listas negras"


Son positivas las iniciativas del Gobierno Nacional en respuesta a la inclusión de Panamá en las "listas negras" de países que supuestamente no cooperan con el lavado de dinero producto de actividades ilegales como el narcotráfico.
El reciente viaje del Canciller José Miguel Alemán a Japón, en ocasión a una conferencia sobre asuntos marítimos, fue aprovechado por éste para conversar con altos funcionarios japoneses sobre la posición asumida por ellos en las reuniones de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCED). Pero los japoneses dejaron claro que nos correspondía llevar nuestro caso a los Estados Unidos de América, por cuanto que esa organización informalmente asignó a ese país la obligación de coordinar los esfuerzos tendientes a que los países de este continente en estas "listas negras", homogenicen su legislación con las expectativas de la organización.
Por eso, también son positivos los esfuerzos del embajador de Panamá en Washington, Guillermo Ford, de la Superintendente de Bancos, Delia Cárdenas, y de ambos vicepresidentes de la República. Ford ha llevado a cabo diversas reuniones con altos funcionarios estadounidenses mientras que la Superintendente y los vicepresidentes han viajado a Estados Unidos para realizar más visitas oficiales al respecto.
El Consejo de Gabinete ha sometido a la consideración de la Asamblea Legislativa dos anteproyectos de ley que contienen sanciones contra los que participen en el lavado de dinero, en cumplimiento a un compromiso con el Grupo de Acción Financiera (GAFI), uno de los cuales adiciona un capítulo al Código Penal, denominado "Blanqueo de Activos", que establece como delito el lavado de dinero de actividades relacionadas con el tráfico de drogas, la estafa calificada y el tráfico de armas y personas, entre otros, y aumenta las penas.
El otro anteproyecto establece "medidas especiales para la prevención del delito de blanqueo de activos". En particular, el anteproyecto ampliaría el número de personas obligadas a reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Bancos, empresas fiduciarias, casas de cambio, financieras, compañías de seguros, empresas en la Zona Libre de Colón y en las Zonas Procesadoras para Exportación, los casinos, las cooperativas de ahorro y préstamos, los intermediarios de valores y hasta la Lotería Nacional de Beneficencia tienen que reportar declaraciones a la UAF.
Pero además de la ampliación de las actividades tipificadas como delitos y el aumento de las personas obligadas a reportar, la OCED y el GAFI esperan cambios a la propia UAF. Por ejemplo, recomiendan excluir dicho organismo del ámbito de la Presidencia de la República y autorizarla para que pueda compartir información con sus homólogos en otros países.
La reacción del Gobierno ha sido apropiada, aunque se debió prevenir, como hicieron algunos países, que en primera instancia se nos tildara como país "no cooperador". Hay que continuar con los esfuerzos para convencer a la comunidad internacional que nuestro centro bancario, columna vertebral de nuestra economía de servicios, no es incompatible con los intereses de los países del primer mundo.


101 años de Panamá América

 
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