A bajar tarifas
Luchar contra las elevadas tarifas de la energía eléctrica y del teléfono es atender el clamor de centenares de miles de panameños que fueron marginados en el momento en que se privatizaban instituciones de servicio a transnacionales, que vienen obteniendo ganancias extraordinarias a costa del sudor y de las lágrimas de una nación sumida en el hambre, la pobreza y el desempleo. Aunque tardíamente, consideramos necesaria la decisión de los legisladores de oposición y de gobierno, de citar al director del Ente Regulador a la Asamblea Legislativa, con el fin de buscar fórmulas que permitan hacer modificaciones a los convenios de privatización del IRHE e INTEL, los cuales han resultado perjudiciales a los intereses de la comunidad nacional.
El IRHE, al igual que el INTEL, fueron instituciones de servicio que, dentro de sus deficiencias por falta de mantenimiento adecuado por parte del Estado, cumplían una función social; y el pueblo, los más pobres, estaban en condiciones de pagar su costo; sin embargo hoy, el servicio de energía eléctrica y de teléfono es prohibitivo a las clases más necesitadas del país por sus elevadas tarifas que han contribuido a que el costo de la vida en Panamá esté por las nubes.
Estas privatizaciones fueron el producto de leyes neoliberales consensuadas entre el Ejecutivo, los legisladores perredistas y las empresas transnacionales, en donde el pueblo no pudo participar con sus puntos de vista; sencillamente fue marginado.
El gobierno que llegó al poder en 1994, se propuso llevar adelante privatizaciones que están necesitando, con urgencia, revisiones más justas para una nación que ya no aguanta más esa explotación inmisericorde.
El propósito de citar al director del Ente Regulador a la Asamblea Legislativa es para que explique si está en capacidad de analizar en conjunto con los legisladores, un proyecto de ley para revisar los contratos vigentes con las compañías eléctricas y con la empresa telefónica, porque éstas están golpeando, sin misericordia, la economía de humildes hogares sumidos en estados de pobreza y desempleo.
Tanto la Asamblea como el país desean conocer, a ciencia cierta, qué está haciendo el Ente Regulador a fin de que las empresas mencionadas cumplan a cabalidad con sus responsabilidades de brindar un eficiente servicio a los panameños a precios justos y a tono con la realidad panameña. Existe gran desconfianza en el Ente Regulador, y ya es tiempo para que los funcionarios que allí laboran actúen adecuadamente y defiendan los intereses de un pueblo que se ha cansado de tantas injusticias y atropellos de estas transnacionales.
El movimiento surgido en el seno de la Asamblea Legislativa tendiente a modificar los convenios mediante los cuales fueron privatizados el IRHE y el INTEL, demanda el respaldo de todas las fuerzas vivas de la Nación, a fin de que el gobierno, actuando con responsabilidad, defienda los intereses de una comunidad golpeada por las injusticias sociales.
El IRHE, al igual que el INTEL, fueron instituciones de servicio que, dentro de sus deficiencias por falta de mantenimiento adecuado por parte del Estado, cumplían una función social; y el pueblo, los más pobres, estaban en condiciones de pagar su costo; sin embargo hoy, el servicio de energía eléctrica y de teléfono es prohibitivo a las clases más necesitadas del país por sus elevadas tarifas que han contribuido a que el costo de la vida en Panamá esté por las nubes.
Estas privatizaciones fueron el producto de leyes neoliberales consensuadas entre el Ejecutivo, los legisladores perredistas y las empresas transnacionales, en donde el pueblo no pudo participar con sus puntos de vista; sencillamente fue marginado.
El gobierno que llegó al poder en 1994, se propuso llevar adelante privatizaciones que están necesitando, con urgencia, revisiones más justas para una nación que ya no aguanta más esa explotación inmisericorde.
El propósito de citar al director del Ente Regulador a la Asamblea Legislativa es para que explique si está en capacidad de analizar en conjunto con los legisladores, un proyecto de ley para revisar los contratos vigentes con las compañías eléctricas y con la empresa telefónica, porque éstas están golpeando, sin misericordia, la economía de humildes hogares sumidos en estados de pobreza y desempleo.
Tanto la Asamblea como el país desean conocer, a ciencia cierta, qué está haciendo el Ente Regulador a fin de que las empresas mencionadas cumplan a cabalidad con sus responsabilidades de brindar un eficiente servicio a los panameños a precios justos y a tono con la realidad panameña. Existe gran desconfianza en el Ente Regulador, y ya es tiempo para que los funcionarios que allí laboran actúen adecuadamente y defiendan los intereses de un pueblo que se ha cansado de tantas injusticias y atropellos de estas transnacionales.
El movimiento surgido en el seno de la Asamblea Legislativa tendiente a modificar los convenios mediante los cuales fueron privatizados el IRHE y el INTEL, demanda el respaldo de todas las fuerzas vivas de la Nación, a fin de que el gobierno, actuando con responsabilidad, defienda los intereses de una comunidad golpeada por las injusticias sociales.
