A bajar tarifas (II)
Ahora que la Presidenta de la República ha manifestado, con justa razón, que el alza de las tarifas en la energía eléctrica constituye un crimen para las clases más humildes del país y que una mayoría de legisladores, en la Asamblea Legislativa, están anuentes a modificar los convenios con las transnacionales que privatizaron el IRHE y el INTEL, estamos en el mejor momento para luchar por la consecución de estos propósitos de tanto beneficio para los nacionales. Igualmente, es indispensable, que quienes escribimos en los diarios y laboran en la radio y la televisión, constituyamos un frente común y cuestionemos, permanentemente, tan tremenda injusticia. Esto contribuirá a formar conciencia en los panameños en el sentido de organizarse para exigir un mejor servicio a precios más justos y a tono con la realidad nacional.
No olvidemos que el Estado es dueño del 49% de las acciones y ello es una razón que facilita la lucha de un pueblo para no continuar siendo explotado por las mencionadas empresas. Todos, empresa privada, trabajadores, universidades, instituciones cívicas, medios de comunicación y pueblo en general, deben mantenerse alerta frente al alza de las tarifas de la energía eléctrica y del teléfono, porque es la única manera de que las instituciones como el Ente Regulador, la Asamblea y el Ejecutivo, se decidan a dar una solución a este problema.
La lucha contra las privatizaciones del IRHE y el INTEL debe hacerse sentir a lo largo y ancho de la República, porque es un movimiento de unidad nacional para acabar de una vez por todas, con los abusos, atropellos y servicios deficientes que ya han empezado a causar pérdidas en la actividad empresarial y en los hogares de humildes panameños.
La explotación de un pueblo mediante el alza de dichas tarifas no debe continuar por más tiempo; es saludable que el país se organice para exigir sus derechos y para manifestar que se mantendrán en la lucha mientras existan transnacionales que, como la de teléfonos y energía eléctrica, se han propuesto golpear el salario de hambre de miles de hogares en todo Panamá.
Esperamos que el movimiento surgido en el Legislativo para conseguir modificaciones a los contratos de privatización del INTEL y del IRHE, no muera en su cuna. Debe seguir adelante, ya que los legisladores, quienes son representantes de las comunidades, están en el deber de luchar por el bienestar y el progreso de todos. Además, las buenas intenciones de la Asamblea, en lo que respecta a evitar el alza de tarifas de la energía eléctrica y del teléfono, servirá de estímulo para la lucha de un pueblo que ha empezado a comprender mejor, el trágico drama de los servicios de luz y teléfono en la vida de la nación.
No olvidemos que el Estado es dueño del 49% de las acciones y ello es una razón que facilita la lucha de un pueblo para no continuar siendo explotado por las mencionadas empresas. Todos, empresa privada, trabajadores, universidades, instituciones cívicas, medios de comunicación y pueblo en general, deben mantenerse alerta frente al alza de las tarifas de la energía eléctrica y del teléfono, porque es la única manera de que las instituciones como el Ente Regulador, la Asamblea y el Ejecutivo, se decidan a dar una solución a este problema.
La lucha contra las privatizaciones del IRHE y el INTEL debe hacerse sentir a lo largo y ancho de la República, porque es un movimiento de unidad nacional para acabar de una vez por todas, con los abusos, atropellos y servicios deficientes que ya han empezado a causar pérdidas en la actividad empresarial y en los hogares de humildes panameños.
La explotación de un pueblo mediante el alza de dichas tarifas no debe continuar por más tiempo; es saludable que el país se organice para exigir sus derechos y para manifestar que se mantendrán en la lucha mientras existan transnacionales que, como la de teléfonos y energía eléctrica, se han propuesto golpear el salario de hambre de miles de hogares en todo Panamá.
Esperamos que el movimiento surgido en el Legislativo para conseguir modificaciones a los contratos de privatización del INTEL y del IRHE, no muera en su cuna. Debe seguir adelante, ya que los legisladores, quienes son representantes de las comunidades, están en el deber de luchar por el bienestar y el progreso de todos. Además, las buenas intenciones de la Asamblea, en lo que respecta a evitar el alza de tarifas de la energía eléctrica y del teléfono, servirá de estímulo para la lucha de un pueblo que ha empezado a comprender mejor, el trágico drama de los servicios de luz y teléfono en la vida de la nación.
