Beneficiarios, gobierno y evasores
De los pocos puntos de vistas convergentes que existen entre las diversas corrientes de la Economía se destaca la idea de que una población bien alimentada, sana y crecientemente educada constituye un elemento indispensable para el desarrollo. Es así que desde el punto de vista neoclásico, siguiendo a Gary Becker, se destaca la idea del llamado capital humano, mientras que desde el punto de la economía política, tal como lo hizo Rudolf Hilferding, se puede llamar la atención sobre el hecho de que el trabajo complejo no es más que trabajo simple potenciado.
Teniendo esto en cuenta no puede menos que extrañar que las nuevas autoridades de la CSS hayan prácticamente amenazado con recortar el número de beneficiarios, sin ni siquiera tomarse la molestia de explicar como se haría para asegurar la atención de los niños y niñas que ahora gozan de protección social en salud. No menos extraña es la posición de algunos autocalificados dirigentes empresariales que se han apurado a señalar simplemente que la CSS no es la responsable de dicha atención. Frente a esto resulta conveniente introducir un par de reflexiones.
En primer lugar, una parte importante de la problemática de la CSS proviene de la sistemática evasión de las responsabilidades de una parte significativa de los patrones. Entre las evidencias que llevan a esta conclusión se puede citar el hecho de que cerca de 355,529 asalariados urbanos están en una situación en la que sus patrones no entregan las cuotas a la CSS. Lo que más llama la atención en este caso es que cerca de 64,442 de estos trabajan, de acuerdo a datos oficiales, en empresas que pueden ser calificadas de formales. A esto se le debe agregar el hecho que las estadísticas contenidas en el Panorama Laboral 2008 de la OIT permite concluir que cerca de un 16.0% de los asalariados carecían de cobertura, lo que significa, lógicamente, que su patrones se encontraban en situación de evasión con relación a la cuotas.
Por otra parte, como es conocido, el costo de los beneficiarios se carga exclusivamente a la CSS, quien asume la responsabilidad financiera de los mismos, en condiciones que sería el gobierno central quien debería hacerlo. Esto significa, de acuerdo a cálculos realizados con el fin de medir el problema, que la CSS y los asegurados han estado subsidiando al gobierno central con una suma que puede llegar a más de 240 millones de balboas anuales.
Lo que hace falta entonces es perseguir, controlar y eliminar la evasión, por medio de una actitud de vigilancia inflexible y el endurecimiento de las sanciones, tanto penales como financieras, para quienes evadan su responsabilidad social. Por otra parte el Estado, asumiendo su responsabilidad Constitucional, deberá pagar a la CSS por la cobertura y atención de los beneficiarios. Las autoridades de la seguridad social, por su parte, deberán entender que lo que menos necesita este país son niños subalimentados, sin atención de salud y excluidos del sistema educativo.
