'bfExtraditarlo a Francia o devolverlo a Panam?
LA GESTIÓN pública de Manuel Antonio Noriega fue una pesadilla para Panamá. Lo fue para los que creíamos en el civilismo, la democracia y los derechos humanos. También para quienes amaban de veras a Panamá, cualesquiera fueran sus preferencias políticas. Llegó, incluso, a serlo para el grueso de las llamadas Fuerzas de Defensa. Éstas incubaron dos sublevaciones en 1988 y ´89. Al final él ya no confiaba en ellas. Por eso las armas que le proporcionaron los Sandinistas y el Castrismo para las presuntas guerrillas que él encabezaría no las colocaba en la armería oficial y se pudo calcular que muchos miembros de las Fuerzas de Defensa votaron por la nómina de la ADO-Civilista.
No podemos olvidar lo que Noriega representó sustantivamente: el desprecio por la soberanía popular, la perversión de la soberanía nacional, la indiferencia al peligro de frustrar la transferencia del Canal al patrimonio de la Nación panameña y de perfeccionar así nuestra independencia.
Por otra parte, en cuanto a los métodos, Noriega representó desde el asesinato cruel por decapitación hasta las formas burdas de la magia negra, pasando por la complicidad en el narcotráfico y el lavado de dinero, y por la más sistemática y masiva violación de los derechos humanos que nunca se haya dado en Panamá, al servicio de una malévola astucia combinada con las técnicas del espionaje moderno.
Los cuatro gobiernos democráticos que hemos tenido, así como nuestra sociedad civil en sus diferentes etapas después de la caída de Noriega, han adolecido de serias fallas y cometido graves errores de injusticia social y legal, de ineptitud y falta de visión, de corrupción multifacética e indecencia; pero en ningún momento los gobiernos ni la sociedad civil se han acercado ni de lejos al grado de maldad que Noriega alcanzó.
No ver la diferencia abismal entre la narcodictadura de Noriega y Panamá bajo los cuatro gobiernos democráticos desde 1989 hasta hoy revela una ceguera tan increíble, que se hace sospechosa de motivos ocultos. No sólo por la diferencia cualitativa y cuantitativa, en detrimento de la dictadura, del mal cometido, sino también por la diferencia, en sentido inverso a favor de la democracia, del bien realizado. Tampoco es confiable la opinión de quienes hablan de ese período de la historia como si nada anormalmente negativo hubiera sucedido en el país.
A raíz de que Noriega, condenado por 40 años por complicidad con el narcotráfico, podrá salir de una cárcel norteamericana a los 17 años de prisión, el próximo mes, se discute acaloradamente si debe extraditarse a Francia o enviarlo a Panamá. Quienes favorecen el envío a Panamá esgrimen dos argumentos. El primero es que siendo un prisionero de guerra, él tiene derecho al repatriamiento, una vez cumplida su condena en el extranjero. Pero esa posición no toma en cuenta que, de acuerdo con el juez William Hoeveler, de quien los abogados de Noriega esperaban una opinión favorable a su regreso a Panamá: "la letra y el espíritu de la Convención [de Ginebra] no obliga a su inmediata repatriación. Por el contrario, apoya la decisión de que el defendido debe afrontar aquellos cargos que han sido legítimamente traídos en su contra en la Convención... Esta Corte nunca previó la proclamación del defendido como prisionero de guerra para protegerlo de todas las futuras acusaciones y sanciones por crímenes serios, que según se alega él ha cometido".
Además los delitos que cometió Noriega, son delitos comunes de la peor especie y no delitos de índole militar. Noriega no fue arrestado en curso de un combate, sino cuando, al huir del combate contra los norteamericanos, se refugió en una embajada en busca de asilo diplomático. También no existiendo en Panamá el fuero militar, todo delito cometido por un militar, cualquiera sea su índole, común o militar, está sujeto a la jurisdicción común sin ningún privilegio. Por último, hay que recordar que Noriega se entregó a los norteamericanos el 3 de enero de 1990, cuando ya su degradación era efectiva.
Por otra parte, quienes argumentan que debe devolvérsele a Panamá, por respeto a la soberanía panameña, debieran recordar que fue el propio Noriega quien desechó la jurisdicción soberana panameña al escoger entregarse a los norteamericanos y ser juzgado por ellos y no entregarse a los panameños y enfrentar un juicio en Panamá, lo que significa que no tiene ningún derecho moral a reclamar ahora la jurisdicción soberana panameña.
Por último, difícilmente se le hace un servicio a Panamá asociando el ejercicio de su soberanía con una gestión que resulte favorable a Noriega. Por ello considero que la posición la más sensata y patriótica, es la del hermano del Dr. Hugo Spadafora, el Dr. Guido Spadafora, quien propone: "Que Noriega debe ser extraditado a Francia y que después que termine en Francia, entonces hayamos hecho algo positivo con la justicia [panameña] y regrese a Panamá a cumplir las dos condenas que tiene por asesinato y la otra condena que podría tener si se juzgara por todos sus crímenes".
Una última consideración, parte de lo deficiente que es el sistema de administración de justicia y el sistema carcelario en Panamá. Él cuenta con mucho dinero todavía: de los dos millones que él dijo en su juicio en los EE.UU. le había pagado la CIA por ser su agente, de lo mucho que robó y de su asociación con el narcotráfico.
Sin duda, encontraría quienes faciliten la posibilidad de que él cumpla su condena en Panamá en su propia residencia, y tendría múltiples maneras de incidir sobre la política panameña en detrimento de ambos, tanto del gobierno como de la oposición. Muchos fueron los que hicieron negocios con él, o con él establecieron vínculos que los aventajaban. No todos están en un mismo partido. Me atrevo a decir que en ambos de los partidos mayores, el PRD y el Panameñista, los hay, como también los hay en otros partidos y en las principales organizaciones de la sociedad civil. Él podría ser una fuente de mayor desprestigio de las estructuras políticas y cívicas del Panamá democrático y favorecer así, lo que podríamos llamar, el populismo demagógico del tipo Chávez, quien ya tiene en Panamá seguidores y que podrían convertirse en sus aliados. Y si el país regresa, como parecen querer algunos, al divisionismo que generó la dictadura, comprometeríamos gravemente el futuro, lo que incrementaría este desprestigio y favorecería que pudieran surgir aventuras extrademocráticas.
Este no es el momento en que, por cálculos egoístas, de ventajas personales o partidarias, se juegue con la suerte de lo que nos costó tanta sangre y sufrimiento, nuestra democracia civilista.
ariyan@sinfo.net
El arquitecto hizo la salvedad de que no está muy enterado del problema, pero agregó que ha comenzado a recabar información sobre el tema.
"Creo que lo que ha pasado es que no tenemos normas y entonces lo que están haciendo es aplicando normas o códigos de otros países que tienen experiencias en seguridad", manifestó.
Opinó que está a favor que se norme para proteger la vida de los que ocupan los edificios, pero eso tendría que tener un procedimiento jurídico establecido y que ese código se normalice y se legalice para el uso del país.
En tanto, el director de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, Jaime Salas, confesó que desde que llegó la norma se ha producido un estancamiento con los anteproyectos de construcción.
El ingeniero municipal dijo que el día 8 de agosto participó de una reunión para ponerse de acuerdo con la nueva norma de seguridad, pero se extrañó cuando salió la publicación de la JTIA, donde explica que si no se adopta la norma como tal les van a quitar la idoneidad a los profesionales.
Su extrañeza la sustenta cuando menciona que estaban todos los involucrados en el tema, entre ellos la JTIA.
"No entiendo como tú estás sentado en una mesa de negociación y por otro lado sacas un comunicado diciendo que le vas a quitar la idoneidad a todo el mundo", criticó Salas.
No podemos olvidar lo que Noriega representó sustantivamente: el desprecio por la soberanía popular, la perversión de la soberanía nacional, la indiferencia al peligro de frustrar la transferencia del Canal al patrimonio de la Nación panameña y de perfeccionar así nuestra independencia.
Por otra parte, en cuanto a los métodos, Noriega representó desde el asesinato cruel por decapitación hasta las formas burdas de la magia negra, pasando por la complicidad en el narcotráfico y el lavado de dinero, y por la más sistemática y masiva violación de los derechos humanos que nunca se haya dado en Panamá, al servicio de una malévola astucia combinada con las técnicas del espionaje moderno.
Los cuatro gobiernos democráticos que hemos tenido, así como nuestra sociedad civil en sus diferentes etapas después de la caída de Noriega, han adolecido de serias fallas y cometido graves errores de injusticia social y legal, de ineptitud y falta de visión, de corrupción multifacética e indecencia; pero en ningún momento los gobiernos ni la sociedad civil se han acercado ni de lejos al grado de maldad que Noriega alcanzó.
No ver la diferencia abismal entre la narcodictadura de Noriega y Panamá bajo los cuatro gobiernos democráticos desde 1989 hasta hoy revela una ceguera tan increíble, que se hace sospechosa de motivos ocultos. No sólo por la diferencia cualitativa y cuantitativa, en detrimento de la dictadura, del mal cometido, sino también por la diferencia, en sentido inverso a favor de la democracia, del bien realizado. Tampoco es confiable la opinión de quienes hablan de ese período de la historia como si nada anormalmente negativo hubiera sucedido en el país.
A raíz de que Noriega, condenado por 40 años por complicidad con el narcotráfico, podrá salir de una cárcel norteamericana a los 17 años de prisión, el próximo mes, se discute acaloradamente si debe extraditarse a Francia o enviarlo a Panamá. Quienes favorecen el envío a Panamá esgrimen dos argumentos. El primero es que siendo un prisionero de guerra, él tiene derecho al repatriamiento, una vez cumplida su condena en el extranjero. Pero esa posición no toma en cuenta que, de acuerdo con el juez William Hoeveler, de quien los abogados de Noriega esperaban una opinión favorable a su regreso a Panamá: "la letra y el espíritu de la Convención [de Ginebra] no obliga a su inmediata repatriación. Por el contrario, apoya la decisión de que el defendido debe afrontar aquellos cargos que han sido legítimamente traídos en su contra en la Convención... Esta Corte nunca previó la proclamación del defendido como prisionero de guerra para protegerlo de todas las futuras acusaciones y sanciones por crímenes serios, que según se alega él ha cometido".
Además los delitos que cometió Noriega, son delitos comunes de la peor especie y no delitos de índole militar. Noriega no fue arrestado en curso de un combate, sino cuando, al huir del combate contra los norteamericanos, se refugió en una embajada en busca de asilo diplomático. También no existiendo en Panamá el fuero militar, todo delito cometido por un militar, cualquiera sea su índole, común o militar, está sujeto a la jurisdicción común sin ningún privilegio. Por último, hay que recordar que Noriega se entregó a los norteamericanos el 3 de enero de 1990, cuando ya su degradación era efectiva.
Por otra parte, quienes argumentan que debe devolvérsele a Panamá, por respeto a la soberanía panameña, debieran recordar que fue el propio Noriega quien desechó la jurisdicción soberana panameña al escoger entregarse a los norteamericanos y ser juzgado por ellos y no entregarse a los panameños y enfrentar un juicio en Panamá, lo que significa que no tiene ningún derecho moral a reclamar ahora la jurisdicción soberana panameña.
Por último, difícilmente se le hace un servicio a Panamá asociando el ejercicio de su soberanía con una gestión que resulte favorable a Noriega. Por ello considero que la posición la más sensata y patriótica, es la del hermano del Dr. Hugo Spadafora, el Dr. Guido Spadafora, quien propone: "Que Noriega debe ser extraditado a Francia y que después que termine en Francia, entonces hayamos hecho algo positivo con la justicia [panameña] y regrese a Panamá a cumplir las dos condenas que tiene por asesinato y la otra condena que podría tener si se juzgara por todos sus crímenes".
Una última consideración, parte de lo deficiente que es el sistema de administración de justicia y el sistema carcelario en Panamá. Él cuenta con mucho dinero todavía: de los dos millones que él dijo en su juicio en los EE.UU. le había pagado la CIA por ser su agente, de lo mucho que robó y de su asociación con el narcotráfico.
Sin duda, encontraría quienes faciliten la posibilidad de que él cumpla su condena en Panamá en su propia residencia, y tendría múltiples maneras de incidir sobre la política panameña en detrimento de ambos, tanto del gobierno como de la oposición. Muchos fueron los que hicieron negocios con él, o con él establecieron vínculos que los aventajaban. No todos están en un mismo partido. Me atrevo a decir que en ambos de los partidos mayores, el PRD y el Panameñista, los hay, como también los hay en otros partidos y en las principales organizaciones de la sociedad civil. Él podría ser una fuente de mayor desprestigio de las estructuras políticas y cívicas del Panamá democrático y favorecer así, lo que podríamos llamar, el populismo demagógico del tipo Chávez, quien ya tiene en Panamá seguidores y que podrían convertirse en sus aliados. Y si el país regresa, como parecen querer algunos, al divisionismo que generó la dictadura, comprometeríamos gravemente el futuro, lo que incrementaría este desprestigio y favorecería que pudieran surgir aventuras extrademocráticas.
Este no es el momento en que, por cálculos egoístas, de ventajas personales o partidarias, se juegue con la suerte de lo que nos costó tanta sangre y sufrimiento, nuestra democracia civilista.
ariyan@sinfo.net
El arquitecto hizo la salvedad de que no está muy enterado del problema, pero agregó que ha comenzado a recabar información sobre el tema.
"Creo que lo que ha pasado es que no tenemos normas y entonces lo que están haciendo es aplicando normas o códigos de otros países que tienen experiencias en seguridad", manifestó.
Opinó que está a favor que se norme para proteger la vida de los que ocupan los edificios, pero eso tendría que tener un procedimiento jurídico establecido y que ese código se normalice y se legalice para el uso del país.
En tanto, el director de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, Jaime Salas, confesó que desde que llegó la norma se ha producido un estancamiento con los anteproyectos de construcción.
El ingeniero municipal dijo que el día 8 de agosto participó de una reunión para ponerse de acuerdo con la nueva norma de seguridad, pero se extrañó cuando salió la publicación de la JTIA, donde explica que si no se adopta la norma como tal les van a quitar la idoneidad a los profesionales.
Su extrañeza la sustenta cuando menciona que estaban todos los involucrados en el tema, entre ellos la JTIA.
"No entiendo como tú estás sentado en una mesa de negociación y por otro lado sacas un comunicado diciendo que le vas a quitar la idoneidad a todo el mundo", criticó Salas.
