Bonos y privatizaciones en Colón
Los bonos del Estado se negocian públicamente y antes de su emisión, debe cumplirse una serie de trámites burocráticos en los que intervienen diversos órganos e instituciones del Estado. Sólo después de haber cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en la Ley, procede su oferta pública y posterior colocación.
De acuerdo a la información que públicamente se conoce, los 300 millones de balboas en Bonos del Estado que en un acto de "buena fe" serían emitidos por parte de la Alcaldía y el Consejo Municipal de Colón, fueron adjudicados antes de ser autorizada su emisión, y al parecer estos valores serían colocados mediante una oferta de atractivo rendimiento garantizada por el Estado sin conocer a ciencia cierta el rendimiento o los dividendos esperados de las inversiones.
Se comenta que los contratos para la ejecución de las obras que serían financiadas con estos recursos serían adjudicados a las empresas a las que ya se había otorgado la titularidad de los bonos, tergiversando así el concepto y los procedimientos de la modalidad "llave en mano" establecida en la legislación fiscal panameña. Otro tanto pudiera decirse sobre la responsabilidad legal del Municipio para desarrollar proyectos de infraestructura que competen a la administración central del Estado.
Estos bonos fueron otorgados sin que el Estado recibiera un solo centavo y los mismos serían colocados en el mercado secundario internacional con lo cual los titulares pudieran asegurarse adicionalmente un importante diferencial, si es que la operación no hubiera resultado en una estafa que hubiera liquidado la credibilidad de los instrumentos financieros del país y del gobierno panameño en el mercado internacional.
El enredo, según se conoce, está en investigación. Pero aún no han sonado las últimas campanadas del resonante caso cuando ya asoma la nariz un nuevo acto administrativo por parte de las autoridades alcaldicias y de representantes del Consejo Municipal de Colón que trae a la palestra los temores de la apresurada operación anterior.
Luego de haber aceptado sin restricciones la municipalización de la DIMA, poco a poco se ha ido anunciando la posibilidad de privatizar el servicio de recolección de basura en Colón. Los principales argumentos para recomendar esta descabellada idea es la falta de equipo y el escaso presupuesto municipal para atender eficientemente estas actividades.
Ya se ha constituido un denominado Consejo Consultivo Municipal del Distrito de Colón para Asuntos Relacionados con la Recolección y la Disposición Final de los Desechos Sólidos, "Consejo" que ya ha anunciado que las bases para la concesión serían los ingresos esperados por el Municipio y la indemnización de los trabajadores. Aún no conozco si dicho organismo tiene algún fundamento legal, pero lo que sí es públicamente conocido es que quienes conforman dicha Comisión ya han dado por sentada la posibilidad de este acto administrativo como la alternativa más eficaz, "siempre y cuando la administración alcaldicia acepte sus recomendaciones".
Llama la atención que aún no se conoce un diagnóstico real de la situación operativa y administrativa de la DIMAUD, no se han evaluado las posibles alternativas para enfrentar el problema, no se conocen las bases para llamar a una licitación cuando ya se mencionan unas cinco empresas interesadas en adquirir la concesión.
La insuficiencia presupuestaria para enfrentar los costos de operación y mantenimiento son el resultado de las bajas recaudaciones que origina un deformado sistema de tasación, facturación y cobros. Las actuales autoridades han dado muestras de ineficiencia administrativa y operativa en el sistema de recolección de basura, pero esto no es un argumento suficiente para concluir en que el sistema es insostenible en manos del Municipio de Colón.
Eliminar el costo económico de la recolección de basura y convertir esta actividad en una fuente adicional de ingresos municipales, o producir un importante ahorro en la planilla municipal que permita destinar mayores recursos a las "obras comunales" que administran los Honorables Representantes parecen ser los puntos de referencia o las metas fundamentales de esta medida.
No tiene sentido un municipio sin su función social. No es aceptable un municipio recaudador para mantener una empleomanía apadrinada políticamente e incrementada por el nepotismo.
No se han calculado los costos sociales, no se ha considerado que la medida traería adicionalmente cambiar la estabilidad laboral de los trabajadores de aseo por la inestabilidad característica de las empresas e instituciones privatizadas y que nada garantiza que en manos privadas el servicio no tenga idénticos problemas a los que existen en San Miguelito, Arraiján o Santiago.
Existen alternativas para mejorar los ingresos, para hacer más eficiente las operaciones, para renovar la flota y garantizar su mantenimiento preventivo y correctivo, pero no se han explorado todas las posibilidades que permite la contratación y la administración pública. Lo más deprimente es que dicha "Comisión" se conforma con plantear la necesidad de construir un relleno sanitario, sin presentar alternativas que pasan por examinar el uso alternativo de los terrenos que hoy ocupa el relleno existente.
Existen sobradas razones para desconfiar de la ligereza con que son planteados a la opinión pública actos de esta naturaleza, más aún si éstos son expresados con manifiesta incompetencia técnica y profesional de quienes asesoran el gobierno local, y la insensibilidad política y social de quienes lo administran.
Mientras intentaron administrar en cinco años recursos que comprometían a todos los panameños por más de veinte años, se declaran incompetentes para resolver un problema que, según sus propias estimaciones, tiene un costo aproximado de algo más de dos millones y medio de balboas.
De acuerdo a la información que públicamente se conoce, los 300 millones de balboas en Bonos del Estado que en un acto de "buena fe" serían emitidos por parte de la Alcaldía y el Consejo Municipal de Colón, fueron adjudicados antes de ser autorizada su emisión, y al parecer estos valores serían colocados mediante una oferta de atractivo rendimiento garantizada por el Estado sin conocer a ciencia cierta el rendimiento o los dividendos esperados de las inversiones.
Se comenta que los contratos para la ejecución de las obras que serían financiadas con estos recursos serían adjudicados a las empresas a las que ya se había otorgado la titularidad de los bonos, tergiversando así el concepto y los procedimientos de la modalidad "llave en mano" establecida en la legislación fiscal panameña. Otro tanto pudiera decirse sobre la responsabilidad legal del Municipio para desarrollar proyectos de infraestructura que competen a la administración central del Estado.
Estos bonos fueron otorgados sin que el Estado recibiera un solo centavo y los mismos serían colocados en el mercado secundario internacional con lo cual los titulares pudieran asegurarse adicionalmente un importante diferencial, si es que la operación no hubiera resultado en una estafa que hubiera liquidado la credibilidad de los instrumentos financieros del país y del gobierno panameño en el mercado internacional.
El enredo, según se conoce, está en investigación. Pero aún no han sonado las últimas campanadas del resonante caso cuando ya asoma la nariz un nuevo acto administrativo por parte de las autoridades alcaldicias y de representantes del Consejo Municipal de Colón que trae a la palestra los temores de la apresurada operación anterior.
Luego de haber aceptado sin restricciones la municipalización de la DIMA, poco a poco se ha ido anunciando la posibilidad de privatizar el servicio de recolección de basura en Colón. Los principales argumentos para recomendar esta descabellada idea es la falta de equipo y el escaso presupuesto municipal para atender eficientemente estas actividades.
Ya se ha constituido un denominado Consejo Consultivo Municipal del Distrito de Colón para Asuntos Relacionados con la Recolección y la Disposición Final de los Desechos Sólidos, "Consejo" que ya ha anunciado que las bases para la concesión serían los ingresos esperados por el Municipio y la indemnización de los trabajadores. Aún no conozco si dicho organismo tiene algún fundamento legal, pero lo que sí es públicamente conocido es que quienes conforman dicha Comisión ya han dado por sentada la posibilidad de este acto administrativo como la alternativa más eficaz, "siempre y cuando la administración alcaldicia acepte sus recomendaciones".
Llama la atención que aún no se conoce un diagnóstico real de la situación operativa y administrativa de la DIMAUD, no se han evaluado las posibles alternativas para enfrentar el problema, no se conocen las bases para llamar a una licitación cuando ya se mencionan unas cinco empresas interesadas en adquirir la concesión.
La insuficiencia presupuestaria para enfrentar los costos de operación y mantenimiento son el resultado de las bajas recaudaciones que origina un deformado sistema de tasación, facturación y cobros. Las actuales autoridades han dado muestras de ineficiencia administrativa y operativa en el sistema de recolección de basura, pero esto no es un argumento suficiente para concluir en que el sistema es insostenible en manos del Municipio de Colón.
Eliminar el costo económico de la recolección de basura y convertir esta actividad en una fuente adicional de ingresos municipales, o producir un importante ahorro en la planilla municipal que permita destinar mayores recursos a las "obras comunales" que administran los Honorables Representantes parecen ser los puntos de referencia o las metas fundamentales de esta medida.
No tiene sentido un municipio sin su función social. No es aceptable un municipio recaudador para mantener una empleomanía apadrinada políticamente e incrementada por el nepotismo.
No se han calculado los costos sociales, no se ha considerado que la medida traería adicionalmente cambiar la estabilidad laboral de los trabajadores de aseo por la inestabilidad característica de las empresas e instituciones privatizadas y que nada garantiza que en manos privadas el servicio no tenga idénticos problemas a los que existen en San Miguelito, Arraiján o Santiago.
Existen alternativas para mejorar los ingresos, para hacer más eficiente las operaciones, para renovar la flota y garantizar su mantenimiento preventivo y correctivo, pero no se han explorado todas las posibilidades que permite la contratación y la administración pública. Lo más deprimente es que dicha "Comisión" se conforma con plantear la necesidad de construir un relleno sanitario, sin presentar alternativas que pasan por examinar el uso alternativo de los terrenos que hoy ocupa el relleno existente.
Existen sobradas razones para desconfiar de la ligereza con que son planteados a la opinión pública actos de esta naturaleza, más aún si éstos son expresados con manifiesta incompetencia técnica y profesional de quienes asesoran el gobierno local, y la insensibilidad política y social de quienes lo administran.
Mientras intentaron administrar en cinco años recursos que comprometían a todos los panameños por más de veinte años, se declaran incompetentes para resolver un problema que, según sus propias estimaciones, tiene un costo aproximado de algo más de dos millones y medio de balboas.
