Botando dinero en computadoras
La polémica ha cesado, pero el problema subyace. La venta de terrenos de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) para comprar computadoras y llevar servicios de Internet a las 3,000 escuelas públicas del país por cerca de B/.50 millones, sigue siendo un disparate por varias razones. En primer lugar está la forma. Ninguna necesidad hay de usar el trampolín que se propone, esto es, que la ARI traspase a título gratuito los terrenos a Economía y Finanzas para que éste a su vez los transfiera a la Autoridad Marítima Nacional (AMN) la que a su vez los vendería o daría en concesión al Puerto de Manzanillo para ampliar sus instalaciones en la Costa Atlántica. La ARI fue creada para eso y puede hacerlo sin intermediarios. Y si se insiste en todo ese andamiaje de intermediación, todo lo que se logrará, a más de complicar una operación en esencia sencilla, es dar margen a la suspicacia y a la sospecha de corrupción y malos manejos.
La aspiración de los propietarios del Puerto de Manzanillo es comprensible, así como necesaria, incluso, para el interés estratégico del país, y su visión de desarrollo como centro marítimo y comercial internacional de camino a la globalización en el nuevo siglo. Sólo que hay que cuidar que el contrato se haga por el precio justo.
Otro detalle que llama la atención en la proyectada intermediación es el efecto de impedir que los dineros de la operación vayan al Fondo Fiduciario, salvo una parte -no la totalidad- que se destina al gobierno central para inversiones. Se persigue que todo el dinero producto de la negociación de esas tierras pasen al final al Ministerio de Educación para la compra de las computadoras y el servicio de Internet. En vez de eso, debiera llevarse el tema al Legislativo para "abrir" nuevamente el Fondo de modo que permita la nueva inversión, previo amplio debate sobre su conveniencia, tal cual se hizo con los dineros del Fondo destinados para modernizar el IDAAN, construir canales de riego y ensanchar la Interamericana.
Una discusión profunda sobre el tema del uso final de los dineros de la operación sería sabia y necesaria, porque quedan muchas interrogantes. Es demasiado dinero a invertir en delicadas máquinas y sistemas a instalarse en escuelas de las cuales cerca de la mitad no tiene electricidad ni otros servicios básicos y el resto se hayan en deplorables condiciones. Fuera de eso, son centros que no cuentan con seguridad y que, por ello, son objetos de saqueo cada verano. Además, carecen de personal de mantenimiento para lo más mínimo, fuera de que su cuerpo de educadores no está preparado, ni cuenta con programas ni con una estrategia integral que incorpore estas computadoras al proceso educativo.
Se argumenta que la ley permite vender bienes revertidos para inversiones públicas. Pero hay un detalle sobre este aserto, y es que las computadoras no son una inversión sino un gasto que debiera solventarse con los recursos corrientes de ese ministerio. La noción de inversión sugiere un bien perdurable (casas, edificios, carreteras). Las computadoras no duran más de un par de años, antes que se estropeen y queden obsoletas por su propia naturaleza.
Las computadoras serían bienvenidas, pero sólo en el marco de una estrategia y programa educativo moderno, no como repentina ocurrencia o improvisación que sólo conducirá a la dilapidación de dinero.
La aspiración de los propietarios del Puerto de Manzanillo es comprensible, así como necesaria, incluso, para el interés estratégico del país, y su visión de desarrollo como centro marítimo y comercial internacional de camino a la globalización en el nuevo siglo. Sólo que hay que cuidar que el contrato se haga por el precio justo.
Otro detalle que llama la atención en la proyectada intermediación es el efecto de impedir que los dineros de la operación vayan al Fondo Fiduciario, salvo una parte -no la totalidad- que se destina al gobierno central para inversiones. Se persigue que todo el dinero producto de la negociación de esas tierras pasen al final al Ministerio de Educación para la compra de las computadoras y el servicio de Internet. En vez de eso, debiera llevarse el tema al Legislativo para "abrir" nuevamente el Fondo de modo que permita la nueva inversión, previo amplio debate sobre su conveniencia, tal cual se hizo con los dineros del Fondo destinados para modernizar el IDAAN, construir canales de riego y ensanchar la Interamericana.
Una discusión profunda sobre el tema del uso final de los dineros de la operación sería sabia y necesaria, porque quedan muchas interrogantes. Es demasiado dinero a invertir en delicadas máquinas y sistemas a instalarse en escuelas de las cuales cerca de la mitad no tiene electricidad ni otros servicios básicos y el resto se hayan en deplorables condiciones. Fuera de eso, son centros que no cuentan con seguridad y que, por ello, son objetos de saqueo cada verano. Además, carecen de personal de mantenimiento para lo más mínimo, fuera de que su cuerpo de educadores no está preparado, ni cuenta con programas ni con una estrategia integral que incorpore estas computadoras al proceso educativo.
Se argumenta que la ley permite vender bienes revertidos para inversiones públicas. Pero hay un detalle sobre este aserto, y es que las computadoras no son una inversión sino un gasto que debiera solventarse con los recursos corrientes de ese ministerio. La noción de inversión sugiere un bien perdurable (casas, edificios, carreteras). Las computadoras no duran más de un par de años, antes que se estropeen y queden obsoletas por su propia naturaleza.
Las computadoras serían bienvenidas, pero sólo en el marco de una estrategia y programa educativo moderno, no como repentina ocurrencia o improvisación que sólo conducirá a la dilapidación de dinero.
